“El Estado es el enemigo, sigo siendo un anarcocapitalista y creo que el Estado es una organización criminal que se financia a través de una fuente coercitiva llamada impuestos, que nadie paga voluntariamente”, dijo Javier Milei en una entrevista otorgada a The Wall Street Journal. No solo el Presidente reiteró su desprecio por el “estado”, según su interpretación de lo que esto significa, sino que, como lo dijo en reiteradas ocasiones, se autodefine como un “topo infiltrado para destruir el estado desde adentro”.
El problema de ese dogma que lo caracteriza fanáticamente, como todo lo que esgrime con su particular forma de comunicar, es que por más que quiera y lo intente, Milei solo podrá achicar el gasto público, y hasta bajar y hacer desaparecer el déficit reduciendo los fondos utilizados por el Poder Ejecutivo Nacional para administrarse, pero jamás podrá lograr que el “estado” desaparezca. Decirlo y amenazar con hacerlo es una falacia, es la construcción de una idea, un camino que no tendrá el fin que tanto pregona.
Todo parece ser una postura ampulosa, cargada de títulos resonantes para impactar en la opinión pública, pero con poca relación con la realidad, y también con la verdad. Aún estamos esperando que el Presidente muestre el celular donde según él ya tenía 30 millones de dólares garantizados para “dolarizar” la economía o su plan estratégico para recuperar las Islas Malvinas: “sacala del ángulo” dijo una vez cuando admitió tener eso asegurado o que es considerado el mejor presidente de la historia, un autoreconocimiento condimentado con más vanidad que logros.
Lo que dice Milei sobre la “destrucción del estado” es absolutamente improbable. En principio basta con definir qué es el “estado”. Veamos: las constituciones de los países democráticos occidentales definen al Estado como una organización política con poder administrativo y soberano sobre una determinada área geográfica. Pero aclaran que esos estados deben contar con tres poderes diferentes: legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno cuenta con funciones independientes. El Presidente, en este caso Milei, no tiene injerencia sobre dos de esos poderes: el legislativo y el judicial, salvo que piense en cerrar el Congreso o intervenir el Poder Judicial, algo que ni siquiera se permitiría discutir. En esta definición de organización política de un país ya tenemos la primera demostración de que es imposible para el Presidente “demoler el estado” -así lo dice él mismo- por más deseos cargados de un odio inexplicable que lo identifique. Pero hay más: existe una gran diferencia entre el Estado y un gobierno, la principal es que el gobierno es una parte del Estado encargada de administrar sus poderes y es temporal. En cambio, el Estado es una entidad permanente. No todos los ciudadanos somos el gobierno, pero todos somos el “Estado”. Sencillo, pero vale la pena aclararlo. Podríamos ir más lejos y recordar que somos un país federal, compuesto por provincias que tienen su propio estado con las mismas reglas de juego que en el orden nacional. Allí tampoco llegaría el poder destructivo que delinea a los gritos el Presidente.
Para un país que convive con una crisis económica endémica, cuyas razones de existencia y profundización están en parte relacionadas con el exceso de gasto público y el endeudamiento externo, la idea de Milei de “terminar con el estado” prendió fuerte en la sociedad, cansada del abuso y la corrupción en el ámbito público. Pero, ¿es sincero el Presidente? ¿Actúa de acuerdo a sus dichos? Realmente no. Sí lo hace en cuanto al achique del gasto público, necesario en algunos sectores de la administración pública, pero perverso y abusivo en otras áreas sensibles como el sector previsional, la salud y la educación pública. Párrafo aparte lo que se hizo con los jubilados en sus haberes y en el PAMI, obligándolos a peregrinar con papeles en sus manos para saber dónde y cómo serán atendidos o qué remedios dejarán de tener beneficios, merece un capítulo destacado en un hipotético libro sobre insensibilidad social.
Hasta hoy parece que Milei siente que tiene luz verde para avanzar con todos los recortes, pero comienzan a aparecer algunos llamados de atención. La sociedad, o gran parte de ella, no quiere gastos obscenos y mucho menos corrupción, pero no coincide con la ausencia total del estado en muchas de sus obligaciones. Un funcionario de esta administración celebró en redes sociales que no se hicieran obras públicas con fondos nacionales. No hace falta aclarar que los argentinos rechazamos todo lo inherente a la corrupción en la obra pública, de hecho, hay condenas que alcanzaron hasta la expresidenta, Cristina Kirchner, en la Causa Vialidad, pero aún están abiertas la causa Cuadernos y otras relacionadas con el transporte y el pago de obras inconclusas con licitaciones amañadas durante el kirchnerismo. Terminar con esas irregularidades era un mandato que Milei asumió, pero ahora se ignora qué pasará con la obra pública necesaria en lugares carentes de recursos donde la necesidad de la llegada y presencia del estado federal es una obligación para la construcción de puentes, rutas, acueductos, cloacas, etc. ¿El gobierno no quiere, o se siente incapaz de realizarlas sin mancharse con esa misma corrupción? ¿Ese es el estado que el Presidente quiere desterrar de nuestras formas de vida?
Milei, tuvo y tiene el acompañamiento de los argentinos para realizar un achicamiento de la burocracia insana, de la monstruosidad administrativa e inútil, pero según el propio Presidente esto es solo el comienzo, y va por la destrucción total. Será allí donde encontrará los obstáculos que hasta ahora no ha encontrado, aunque sí le han señalado que para ser un “topo” que quiere destruir el estado “desde adentro”, abusa bastante del poder del estado. De esta manera, es, de algún modo, un estatista a conveniencia. Un claro ejemplo de esto es el cepo al dólar. Si realmente la idea del Presidente es la de no intervención del estado para que el mercado regule los precios de los valores determinantes de nuestra economía, la pregunta es porqué no lo levanta, y si la salida del cepo está atada a una presunta ayuda del próximo gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, para que intervenga ante el FMI en favor de un préstamo. Sería una deuda que asumiría el estado, y un buen comienzo para “destruir” el estado claramente sería no endeudarlo más. Por último, si el estado se debe apartar del mercado sería hora que vaya dejando de lado las retenciones a las exportaciones agropecuarias, entre otras de sus contradicciones entre el decir y el hacer.
Pasa algo parecido con su relación con los otros poderes de la república. El Congreso “es un nido de ratas” cuando sanciona normas que no le agradan al Presidente y éste decide vetar, pero no duda en formar parte de su lado oscuro a la hora de conseguir votos para aprobar le Ley Bases. Los discursos en ese sentido de varios senadores opositores en la sesión que expulsó al senador Kueider así lo indican. No se explica cómo aún, después de escucharlos, no se abrió una investigación al respecto. No sancionar un Presupuesto por segundo año consecutivo, algo inédito, también es abusar de la discrecionalidad para administrar los recursos del Tesoro. Como también no explicar aún cual fue el destino de los 100 mil millones de pesos otorgados a la SIDE por decreto. ¿Ese gasto no incomoda su doctrina antiestatal?
Otro ejemplo que podemos utilizar es lo sucedido con el flamante jefe de la Dirección General Impositiva (DGI). En una gran investigación periodística realizada por el colega Hugo Alconada Mon quedó demostrado que contaba con propiedades en Estados Unidos por un valor superior a los dos millones de dólares, que nunca informó en su declaración jurada en la Oficina Anticorrupción. El gobierno contestó, a través de su vocero, que no corresponde hacer nada y que era “algo del pasado”, como si los delitos que investiga la justicia no fueran todos hechos consumados y se basaran en la predicción del futuro. Elisa Carrió señaló esta semana a Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, por haber elegido a Vázquez, a quien señala como parte del entramado corrupto del kirchnerismo.
“Caputo está vinculado con el sector del poder más mafioso de la Argentina” dijo la líder de la Coalición Cívica, y agregó “no sé si es corrupto, pero ya está al día de una nueva matriz de corrupción”. De parte del gobierno, silencio cómplice, o sea, el estado está presente sin actuar como corresponde, apuntala así la impunidad sobre posibles hechos de corrupción realizados en la órbita pública.
La pregunta está en el aire: ¿cuál Estado piensa destruir el gobierno? ¿El que corrompe o el que brinda impunidad? Curiosa encerrona moral que no parece querer advertir.
Seguramente este discurso, que apunta a terminar con todo lo relacionado con el estado, también resulta necesario para alinear a la masa fanática que Milei supo armar y conseguir. Las Fuerzas del Cielo, como se hacen llamar, son la fuerza de choque de la batalla cultural que está dando el Gobierno, muchas veces con éxito, pero no es bueno ni para el país ni para el propio gobierno no señalar los caminos minados de propuestas irrealizables, porque como decía Winston Churchill, “el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. No estaría sucediendo lo primero.
Publicado en La Naciòn el 2 de enero de 2024.
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