lunes 22 de julio de 2024
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Milei espera una mejora económica para destrabar la agenda legislativa sin más concesiones en la negociación

El 1ro de marzo, en la inauguración de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei pareció que iba a darle una segunda oportunidad a la negociación, dando vuelta la página de su curso de acción durante el mes de febrero, que había dedicado casi por entero a la confrontación. Con los gobernadores, con el Parlamento, con los sindicatos y los piqueteros, en fin, con casi todos los actores organizados con los que interactúa y -normalmente- se pone de acuerdo el Poder Ejecutivo.

Ahora que termina marzo, tampoco es que se avanzó mucho en ninguna de las vías abiertas para negociar: ni alrededor del Pacto de Mayo, ni de la agenda fiscal, que sigue enfrentando a la nación con las provincias, ni tampoco en la arena legislativa donde, además de esos temas fiscales, se discute la nueva ley ómnibus y la validación en Diputados del DNU 70/2023, en el ínterin rechazado por el Senado.

Las últimas muestras de este empantanamiento han sido, primero, la resolución por decreto del mecanismo de actualización previsional, una medida que si iba dirigida a descomprimir la agenda de discusión en el Parlamento, ya fracasó, porque los legisladores de varias bancadas insisten en avanzar con un proyecto de ley más generoso que el mecanismo impuesto por el Ejecutivo; segundo, la postergación reiterada de encuentros programados tiempo atrás con los gobernadores, en particular con los de JxC, que son los que más votos le pueden aportar al Gobierno en las cámaras; tercero, la demora en las transferencias del servicio alimentario escolar, ahora a cargo de la secretaría de Educación, cuando las escuelas ya hace semanas que han vuelto a funcionar a pleno; y cuarto, la emisión este último jueves de un nuevo DNU que además de ratificar la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, establece una auditoria en las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas previsionales de 13 provincias, nunca transferidas a la nación pero crónicamente deficitarias. Entre las provincias afectadas, de nuevo, están varias cuyos legisladores el gobierno necesita sí o sí para hacer avanzar su agenda legislativa: buena parte de las de JxC, Santa Fe, Chaco, Chubut y Corrientes, y de las no alineadas, Córdoba, Misiones, Neuquén y Santa Cruz. Además de otras con muchos legisladores, como Buenos Aires, donde los opositores moderados van a recibir ahora nuevas presiones para no mostrarse concesivos con el presidente.

¿Por qué se comporta de modo tan desafiante el oficialismo, siendo que la última vez que lo hizo, durante las sesiones extraordinarias, le rindió poco, porque por más que presionó, amenazó y concretamente recortó fondos, terminó fracasando con el primer proyecto ómnibus en Diputados? ¿No aprendió tampoco del rechazo que sufrió semanas después en el Senado su DNU desregulador que necesita prestarle más atención a los gobernadores y legisladores dubitativos, y que no le conviene generar incertidumbre sobre su disposición a pagar por la colaboración que le hace falta para gobernar?

En vez de seguir esas recomendaciones, el Ejecutivo sigue desautorizando y debilitando a sus negociadores. Y el ministro del Interior vuelve a ser la víctima principal de esos recurrentes volantazos: Guillermo Francos debió salir por enésima vez a dar explicaciones, prometer que los fondos para las cajas previsionales de las provincias iban a estar y lo único que iba a cambiar era la fuente y el procedimiento para aprobarlos, justo cuando estaba convenciendo a los gobernadores del norte de que apoyaran la ley ómnibus a cambio de la promesa de que nación pagaría las obras públicas que en sus distritos estén muy avanzadas, algo que en el actual contexto es muy poco creíble, al menos mientras la única garantía que se brinde sea la palabra del ministro.

Lo que en el fondo sucede es que el Presidente y sus más estrechos colaboradores no creyeron en febrero, cuando se cerraron las sesiones extraordinarias sin ningún logro legislativo que mostrar, y tampoco creen ahora, cuando está por verse si las sesiones ordinarias van a arrojar mejores resultados, que algo de eso sea imprescindible para poder avanzar con la agenda inmediata de la gestión de Gobierno.

Para tener éxito en los dos o tres asuntos que el Ejecutivo prioriza en estos momentos, frenar la inflación, reactivar la economía (en V o en U, lo que sea posible) y seguir controlando la protesta social, no cree necesitar al Congreso. De ahí que la apuesta preponderante en el ánimo oficial siga siendo “gobernar solo”.

Y si bien sabe que, a mediano plazo, necesita al menos algunas leyes, para darle sustentabilidad a los pasos provisorios que ha ido dando su política de ajuste, en sintonía con lo anterior el presidente y su círculo están convencidos de que conseguirlas va a ser más fácil y más barato a medida que pase el tiempo, una vez que hayan logrado ciertos éxitos económicos irrefutables. Así que no les conviene pagar ahora por lo que dentro de poco va a salir muy barato, o se va a recibir gratis.

Por dos motivos: porque pronto habrá quedado bien en claro que el gobierno es el impulsor exclusivo de los cambios, los demás son en el mejor de los casos solo prescindibles acompañantes, y porque se volverá para los opositores moderados cada vez más costoso frente a la opinión pública retacear colaboración, y más todavía votar con la oposición dura, así que solitos van a tener que apoyar las iniciativas oficiales, sin que haya que pagarles por hacerlo.

La situación imperante, en que se combinan algunos logros económicos, sobre todo financieros y fiscales (el dólar planchado y los dos meses de superávit principalmente), con persistentes problemas políticos (las tensiones permanentes entre el Ejecutivo nacional, el Congreso y los gobernadores) podría verse como una confirmación de esta tesitura. Con lo primero, el gobierno está consiguiendo moldear las expectativas, y que efectivamente la inflación se modere. Aún no está claro hasta dónde y por cuánto tiempo, si no es a costa de un dólar atrasado, y de salarios y jubilaciones insosteniblemente bajos, pero lo cierto es que está disminuyendo y sensiblemente. Y eso más un clima externo alentador, están moviendo al alza los bonos y acciones, a la baja el riesgo país, y acercando una recalificación que nos saque tal vez no dentro de mucho de la condición de parias financieros (el “standalone” en que terminamos de la mano de Alberto podría reverse dentro de poco). Por tanto, sería de esperar que pronto estas mejoras se trasladen a la economía real, y mejoren consecuentemente el ánimo colectivo.

En suma, si la economía estaría camino de mejorar, diría Luis Caputo, “sin que recurramos al juego político habitual”, ¿por qué volver justo ahora sobre nuestros pasos y darle cabida a ese juego? Desde la perspectiva oficialista no tiene sentido hacerlo, y desde la perspectiva de los demás, tampoco lo tiene esperar que él lo haga. Por lo tanto, si de todos modos la nueva ley ómnibus y el paquete fiscal terminan siendo avalados por el Congreso, va a ser principalmente porque la oposición moderada realmente quiere colaborar, y los gobernadores saben que llevan más las de perder que el presidente en caso de volver a un escenario de confrontación. Porque necesitan urgentemente equilibrar sus cuentas, hoy, a la inversa que en el pasado, totalmente en rojo mientras que las nacionales son por primera vez en mucho tiempo superavitarias. Es esa la ecuación que, finalmente, hace más difícil que Milei cambie de actitud, e invierta algo más de su parte en llegar a algún acuerdo: no cree que esté acabándosele la luna de miel, sino que está por empezar la fase de consolidación y éxito de su gestión económica, y eso todo lo va a resolver.

Publicado en www.tn.com.ar el 1 de abril de 2024.

Link https://tn.com.ar/opinion/2024/03/31/milei-espera-una-mejora-economica-para-destrabar-la-agenda-legislativa-sin-mas-concesiones-en-la-negociacion/

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