Algunas personas, cuando envejecen, van sufriendo alteraciones con sus recuerdos. Tienen una evocación detallada de los hechos del pasado lejano y muchas dificultades para retener las cuestiones recién ocurridas.
A las fuerzas políticas, en especial las que ejercen el gobierno de manera ininterrumpida durante cierto tiempo, les suelen ocurrir situaciones similares.
La Legislatura de Córdoba sancionó a la opositora Patricia De Ferrari con una suspensión de seis meses y otras prohibiciones por una alusión a uno de los símbolos de nuestro pasado más horroroso y trágico, los Falcon verdes, que sirvieron para operativos clandestinos de detención, tortura, muerte y desaparición, tanto en la última dictadura militar como por parte de organizaciones paramilitares, como la Triple A, en el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.
Los consensos que alcanzó la sociedad en todos estos años sobre el valor de la democracia y el respeto a los derechos humanos tornan inadmisible utilizar en cualquier expresión pública estos íconos del terror por parte de representantes de la ciudadanía. Eso debería estar fuera de discusión.
Pese a borrar su tuit, retractarse, pedir disculpas y decir que no la representan esas expresiones, la parlamentaria radical fue sancionada de manera contundente por sus pares, en nombre de la democracia y del respeto por los derechos humanos.
En el debate, fueron presentados estos valores como supremos, sin margen alguno para ser cuestionados. En principio, es saludable que así sea. El tema es que esta supremacía es muy relativa en la palabra y trayectoria de los sancionadores.
Los más veteranos de quienes suspendieron horrorizados a la desafortunada legisladora participaron de manera activa en la primera campaña del regreso a la democracia con la bandera de una amnistía para los responsables del terrorismo de Estado.
El jefe del proyecto político y actual gobernador, el presidente provisorio de la Legislatura y algunos ministros fueron funcionarios de la gestión nacional que indultó y dejó libres a los máximos culpables del genocidio, sin una sola expresión pública de su parte hacia aquella decisión del entonces presidente Carlos Menem.
Tampoco se recuerda, por parte de los actuales integrantes de la mayoría disciplinadora, ninguna expresión de rechazo o crítica de la frase “Los padres y madres de los chicos desaparecidos tienen que pensar si realmente los cuidaron como correspondía”. Fue pronunciada por el entonces gobernador José Manuel de la Sota, sin ninguna retractación posterior, el 24 de marzo de 2004, cuando todos los actuales legisladores de Hacemos por Córdoba ya militaban en política.
El miércoles, repartidos entre el recinto y la presencia virtual, hicieron fila para condenar lo que debieron condenar siempre.
Y hasta fueron más allá en sus repudios a un pasado que no siempre repudiaron. Por caso, el legislador Juan Manuel Cid pidió a De Ferrari que agradeciese no vivir en Alemania, en Austria, en Polonia o en Italia porque en tal caso estaría presa.
La alusión a encarcelar a un opositor, más que ubicarnos en el centro de Europa, nos trae un poco más cerca. Para seguir con el lenguaje de las redes sociales: el venezolano Nicolás Maduro le hubiese puesto “me gusta”.
Por cierto, en todas las reivindicaciones sobre derechos humanos que hizo el oficialismo provincial se omitieron cuestiones de candente actualidad en Córdoba, como los asesinatos de jóvenes a manos de policías, con más de 20 uniformados –que se formaron en la actual gestión– presos o imputados.
La sesión se realizó a sólo tres días de la muerte de Joaquín Paredes en Paso Viejo.
Pero los temas actuales no están en la agenda de un cuerpo parlamentario que ejerce funciones simbólicas desde que es Unicameral y cuenta con dos tercios monocordes en manos del oficialismo.
Un oficialismo que parece olvidar aquello de que las mayorías son circunstanciales y de lo que hoy usa para castigar a la oposición puede servir de precedente si alguna vez cambia la correlación de fuerzas.
Con un respaldo sin precedentes de más del 60 por ciento del electorado y los dos tercios de la Legislatura, Juan Schiaretti dijo hace tan sólo un año que no ejercería la “suma del poder público” ni caería en “arbitrariedades”.
Estamos ante una sociedad y ante una dirigencia con muchos problemas de memoria.
Pubicado en La Voz del Interior el 29 de octubre de 2020.
