“Son unas viejas hijas de p…. Prepararon a sus hijos para matar y después fueron a llorar, viejas hijas de p…” así se refería a las Madres de Plaza de Mayo el escritor Agustín Laje en un pronunciamiento público, grabado y difundido como un postulado, similar a otros, tan o más polémicos e intolerantes como éste.
Realmente las madres de los pañuelos blancos, que tuvieron una participación excluyente durante la última dictadura militar para denunciar las atrocidades cometidas por las Juntas, con el tiempo se convirtieron en objetivo de críticas por sus también intolerantes y agresivas opiniones encarnadas en la voz de Hebe de Bonafini. Pero no fueron todas. Muchas madres, la mayoría, supieron marchar en silencio en Plaza de Mayo y evitaron convertirse, como su máxima representante, en un instrumento político del cual abusaron algunas agrupaciones políticas y un gobierno: el kirchnerismo. Un ejemplo, Graciela Fernández Meijide, una dirigente política respetuosa y respetada, también puede considerarse una “madre de Plaza de Mayo”, aunque canalizó su lucha por los derechos humanos, la “memoria, verdad y justicia” por otros ámbitos y con otros modos. Y lo hizo sin claudicar y con una vida pública y política admirable al punto que debería recibir un mayor reconocimiento al que hoy tiene. Pero, al igual que Fernández Meijide, ninguna madre preparó a sus hijos para matar, ellas son víctimas, como toda madre que pierde a su hijo que pasó en vida a ser un “desaparecido”, sin que su militancia, equivocada o no, alcanzara para condenarlo de esa manera incivilizada.
Lo que piensa y dice Laje podría tener menor importancia si no fuera porque el gobierno de Javier Milei lo eligió como “relator” oficial del vídeo institucional que difundió Casa de Gobierno para conmemorar los 49 años del golpe del 24 de marzo de 1976. Eso, de por sí, es una señal de provocación de parte del oficialismo que dejó claramente expresado lo que piensan muchos: que el gobierno actual, al igual que el kirchnerismo, no cree ni promueve una reconciliación, solo quiere imponer su verdad utilizando los mismos métodos que, desde las antípodas ideológicas, utilizaron durante dos décadas los seguidores del matrimonio Kirchner. Una de ellas, y la más evidente y necesaria para su propósito, es interpretar la historia, según su parecer.
Hoy asistimos a una nueva edición del mismo juego, pero con distintas cartas. Hoy, como ayer, desde el poder político se quiere imponer la despreciable idea que dice: “yo gané las elecciones, yo impongo la verdad”, contada desde su propio lugar, y sosteniendo que va a contar “la verdad completa”. La elección de Agustín Laje, un supuesto intelectual de extrema derecha, con pronunciamientos públicos violentos y homofóbicos, como un vocero de la llamada “batalla cultural” no parece una reparación, sino más bien una provocación, una más, para que la historia tan dolorosa que vivimos los argentinos vuelva a golpearnos en la memoria.
Es cierto que las muertes a manos de las organizaciones guerrilleras tuvieron durante el kirchnerismo un manto de sombras y no se les dio el merecido valor ni el reconocimiento que sí tuvieron los muertos a manos de los militares, y siempre es un buen momento para ponderar su memoria. La actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, es una luchadora de esos derechos. Lo que no ayuda es intentar comenzar una nueva etapa donde solo estén presentes estos y se vea a las otras víctimas como victimarios protegidos por la democracia. La mal llamada “teoría de los dos demonios” es la equiparación de la violencia cometida por el estado nacional con otros tipos de violencias sediciosas, en este caso las organizaciones armadas. Para la mayoría de los juristas hacerlo es un error o una interpretación interesada, porque si quien impone su fuerza por sobre la ley y el derecho es el Estado y se pierden las reglas constitucionales.
Si el gobierno de Milei quiere narrar toda la verdad, debería recordar que la misma ya se contó cuando muchos se escondían y miraban para otro lado. El 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmaba el decreto 158/83 que establecía someter a juicio a los militares que integraron las Juntas, y el decreto 187/83 que ordenaba la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Conadep. También se llevó a juicio a los jefes de las organizaciones guerrilleras, Montoneros y ERP, que habían participado en hechos de sangre. La consigna era: “defender el estado de derecho juzgando a quienes sembraron dolor, terror y muerte en la Argentina”. Cuentan testigos de aquella noche del 14 de diciembre, que presenciaron el momento de la firma por parte de todos los integrantes del gabinete, que se vio a varios de ellos abrazados por la emoción. No era para menos: pocos meses después el mundo hablaría del caso argentino como único país en el mundo que juzgó y condenó a sus propios dictadores y genocidas.
Todo lo que vino después, el informe de la Conadep, el Nunca más, las condenas, es historia conocida, que, sin embargo, el kirchnerismo intentó ocultar o tergiversar cada vez que pudo. El momento más desvergonzado, en la manera de reconstruir un relato histórico tendencioso, lo tuvo el expresidente Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004 en la ESMA, cuando formalizó allí la creación del Museo de la Memoria. Ese día, sin sonrojarse, dijo: “Como presidente de la Nación, vengo a pedir perdón (en nombre) del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. Esas palabras, que cayeron muy mal en el expresidente Raúl Alfonsín y en todos aquellos que hicieron lo imposible por llevar a juicio a las Juntas Militares, estaban basadas en una mentira: el Estado no había hecho silencio; al contrario, había juzgado y condenado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y también a los hechos de sangre perpetrados por organizaciones terroristas, con distintas responsabilidades. En todo caso, quienes hicieron silencio fueron muchos dirigentes del Partido Justicialista que promovieron en la campaña presidencial de 1983 el compromiso de sostener el decreto de autoamnistía promulgado por la Junta Militar en caso de que su candidato, Italo Argentino Luder, llegara a la presidencia. Luego, ya en democracia, el justicialismo se negó a formar parte de a Conadep. Muchos dirigentes peronistas callaron y no acompañaron a Raúl Alfonsín en esa gesta, pero con el tiempo se envalentonaron y gritaron fuerte, entre ellos Néstor y Cristina Kirchner que, con el apoyo de muchos organismos de DDHH -que no tuvo Raúl Alfonsín a pesar de los juicios- derogaron los indultos a los jerarcas militares que habían sido promulgados por otro presidente peronista, Carlos Menem, y lo hicieron con discursos totalmente fuera de tiempo. Los militares ya no eran una amenaza para la democracia argentina en 2004, y si bien estuvo correcto reabrir esos juicios, la medida se pareció más a “cazar elefantes en un zoológico” que a enfrentar un poder armado que podía poner en riesgo el sistema político e incluso la integridad física y las vidas de quienes los juzgaron, como pudo suceder en los 80. Tampoco existen condenas públicas en esos años de parte de los Kirchner al indulto promulgado por Carlos Menem en 1990, el nacimiento de toda impunidad. Tardaron años en darse cuenta de que allí, con los derechos humanos, había una veta política para explotar. Tampoco lo critica, desde que ingresó a la vida pública, el presidente Javier Milei, que define a Menem como el “mejor presidente de la historia”, hasta su llegada.
Ahora el gobierno anuncia la apertura de “los archivos de la SIDE vinculados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar”. Esta semana dos exjefes de organismos de inteligencia, Miguel Ángel Toma y Cristina Caamaño, parados en polos opuestos desde lo ideológico, señalaron que no existen archivos que pueden servir para reparar algo en el presente, como saber dónde están sepultados los cuerpos de los desaparecidos o el destino de más de 200 nietos secuestrados. Los archivos de ese entonces estaban bien guardados en el Batallón 601 de Inteligencia y fueron destruidos en 1983 por la misma dictadura. Esto lo confirmó el general Martín Balza esta semana en Radio República. “La orden fue la de destruir toda documentación que el Ejército tenía y lo vinculaba a la represión ilegal, entiendo que las otras fuerzas hicieron lo mismo”, dijo un hombre que recibió amenazas de muerte en 1995, él y su familia, por condenar y pedir perdón en nombre del Ejército por esa “guerra sucia”.
Al condenar solamente los crímenes de las organizaciones subversivas, se torna evidente, en definitiva, la intención del Gobierno de hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo, pero desde otra visión y eligiendo otro enemigo. Quiere “contar la historia completa” –dice- pero se niega a reconocer, al igual que el kirchnerismo, que la “historia completa” se resume a que, en 1989, cuando Alfonsín entrega el mando presidencial, los miembros de las juntas militares estaban presos y condenados, al igual que el jefe montonero, Mario Firmenich, mientras que otros miembros de la misma agrupación y del ERP se encontraban prófugos de la justicia. Y hasta José López Rega, jefe de la Triple A, muere en la cárcel un mes antes de que asuma Carlos Menem. No existe “batalla cultural” o arrogarse el derecho de modificar el prólogo original e histórico del Nunca más que pueda ante esa verdad.
Alfonsín ya había comenzado a escribir, en el momento más caliente, las primeras páginas y más importantes de la “memoria, verdad y justicia”. No hay que interpretarla ni modificarla, solo rescatarla, está todo allí.
Publicado en La Nación el 27 de marzo de 2025.
Link https://www.lanacion.com.ar/opinion/memoria-completa-ni-kirchner-ni-milei-alfonsin-fue-el-unico-que-la-conto-nid27032025/
