Desde prohibiciones del aborto a nivel nacional hasta guerras culturales en las aulas, ataques a la ciencia climática y militarización política como arma, su regreso a la Casa Blanca podría hacer que Trump 1.0 parezca dócil.
Por El personal de POLITICO.COM
Traducción Alejandro Garvie
Está surgiendo un panorama cada vez más detallado de la agenda del segundo mandato del expresidente Donald Trump, uno que haría que los impactos casi diarios de su primer mandato en la Casa Blanca, que rompió las normas, parezcan mansos.
Algunos de los detalles ya han estallado en furor de campaña, gracias a los comentarios públicos de Trump sobre abandonar a los aliados de la OTAN y servir como “dictador” desde el “día uno”, así como filtraciones de sus reflexiones privadas sobre la prohibición del aborto a las 16 semanas. Los manifiestos políticos de sus partidarios han generado titulares que predicen que Trump 2.0 traería deportaciones masivas de inmigrantes, el uso abierto del Departamento de Justicia para castigar a sus enemigos políticos y, como informó POLITICO el martes, la adopción del “nacionalismo cristiano” para guiar las políticas federales.
Otros elementos de la posible agenda del segundo mandato de Trump serían más granulares pero también de mayor alcance, desde la publicación de informes científicos federales que cuestionan la realidad del calentamiento global, hasta el lanzamiento de nuevas y más amplias guerras comerciales y la represión de las políticas transgénero de los distritos escolares liberales, a liberar a la industria de la criptografía de la amenaza de la regulación.
La campaña de Trump ha desestimado repetidamente los informes de los medios sobre su posible agenda para un segundo mandato, diciendo en una declaración en noviembre que las recomendaciones políticas de sus aliados conservadores “ciertamente son apreciadas y pueden ser enormemente útiles”, pero “son sólo eso: recomendaciones”.
Pero tanto los partidarios como los críticos del expresidente predicen que un Trump reelegido lanzaría un ataque más centrado y agresivo contra el status quo. Esta vez, dicen, tendría mucho más conocimiento sobre los mecanismos de ejercicio del poder ejecutivo. Habiendo colocado a tantos conservadores en puestos de jueces federales, enfrentaría menos resistencia de los tribunales. Y estaría más decidido a colocar a personas leales, no a tradicionalistas obsesionados con las reglas, en puestos de alto nivel.
El segundo mandato de Trump sería “dramáticamente más integral, más agresivo y más decidido a cambiar profundamente el establishment”, dijo el expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, quien escribió un libro en 2017 llamado “Understanding Trump”. “Vale la pena conocer las propuestas externas que atraen tanta atención”, dijo, “porque dan una idea de lo que significaría poner en práctica el trumpismo”.
La campaña del presidente Joe Biden dijo que los votantes deben ser informados sobre las propuestas que “socavarían la democracia, despojarían de derechos y libertades y harían la vida de los estadounidenses lo más miserable posible humanamente si Trump es reelegido”.
“Los estadounidenses deberían conocer lo que está en juego en esta elección”, dijo el portavoz de la campaña de Biden, Seth Schuster, en un comunicado a POLITICO, “y Trump lo ha dejado tan claro como el día”.
Estos son algunos de los cambios de política que tanto los fanáticos como los enemigos del expresidente dicen que la gente puede esperar si Trump gana en noviembre:
Prohibir el aborto en los estados rojos y azules
Como candidato, Trump se ha atribuido el mérito de la desaparición de Roe v. Wade y se ha presentado a sí mismo como un moderado en cuanto al derecho al aborto, y ha frustrado a los grupos antiaborto al negarse a aceptar o descartar abiertamente una prohibición nacional.
Sin embargo, esos mismos grupos, en colaboración con veteranos de la administración anterior de Trump, están redactando planes para una agenda antiaborto en expansión que prácticamente prohibiría el procedimiento de costa a costa, incluso en estados cuyas leyes o constituciones garantizan los derechos reproductivos. Las propuestas irían mucho más allá de sus políticas antiaborto de primer mandato, que Biden ha levantado desde entonces, y se apoyarían en gran medida en acciones del poder ejecutivo, evitando a un Congreso bloqueado.
La perspectiva aterroriza a los partidarios del derecho al aborto, que ven una segunda administración Trump como una amenaza a todo el trabajo que han realizado durante los últimos dos años para restaurar y defender el acceso al aborto a nivel estatal. Sus motivos de preocupación aumentaron después de que The New York Times informara este mes que Trump había dicho en privado a sus asesores y partidarios que podría apoyar una prohibición nacional del aborto después de la semana 16 de embarazo.
“No podemos salir de esta crisis fundamental de derechos con una iniciativa electoral”, dijo Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, uno de los muchos grupos que se preparan para que Trump y un Congreso republicano intenten anular las protecciones estatales contra el aborto. “No tengo ninguna duda de que intentarían imponer una prohibición federal del aborto, restringir el control de la natalidad y hacer muchas cosas que no están en sintonía con lo que quiere la gente en este país”.
Los activistas antiaborto dicen que confían en que Trump al menos rescindiría todas las políticas de Biden que ampliaron el acceso tanto a las píldoras abortivas como a los abortos quirúrgicos. Estos incluyen fondos para miembros militares que deben viajar a través de fronteras estatales para un aborto, la provisión de abortos en clínicas del Departamento de Asuntos de Veteranos, la expansión de las reglas de privacidad de HIPAA para cubrir abortos y la capacidad de recibir píldoras abortivas por correo y en farmacias minoristas.
Revertir las decisiones de Biden “debería ocurrir de inmediato”, dijo a los periodistas Jamie Dangers del grupo Susan B. Anthony Pro-Life America durante una llamada telefónica en enero. Dangers agregó que ella y sus compañeros defensores conservadores también esperan que Trump restablezca una serie de políticas de su primer mandato, incluidas restricciones a las clínicas nacionales e internacionales que ofrecen anticonceptivos y pruebas para enfermedades de transmisión sexual, restricciones a las píldoras abortivas y recortes a la investigación médica que Utiliza tejido fetal obtenido de abortos.
Pero el fallo de la Corte Suprema de 2022 que eliminó las protecciones federales al aborto ha despejado el camino para que Trump vaya mucho más allá.
El Proyecto de Transición Presidencial 2025 de la Heritage Foundation, una coalición liderada por ex funcionarios de la administración Trump que incluye grupos como Students for Life y Susan B. Anthony Pro-Life America, está analizando formas de utilizar el poder ejecutivo para cortar el acceso a las píldoras abortivas y el procedimiento quirúrgico. También quieren canalizar el dinero de los contribuyentes hacia organizaciones que trabajan para disuadir a las personas de interrumpir un embarazo.
El manifiesto del Proyecto 2025 incluye planes, por ejemplo, para que Trump revoque la aprobación de la mifepristona, un fármaco utilizado en la mayoría de los abortos, por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, hace dos décadas. Los grupos también cuentan con que Trump haga cumplir una ley inactiva desde la década de 1870 para castigar a cualquiera que envíe o reciba mifepristona o equipo médico utilizado para abortos por correo. En conjunto, esas dos políticas podrían equivaler a una prohibición nacional del aborto de facto.
“De las diversas propuestas, la revocación de la aprobación de mifepristona por parte de la FDA sería la más importante”, reconoció Roger Severino, exfuncionario de la administración Trump en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y líder del Proyecto 2025. Severino añadió que restricciones más estrechas, pero aún amplias sobre el medicamento, como restablecer el requisito de que las personas lo reciban únicamente en persona de un médico, son “el resultado más probable”.
Es casi seguro que estos cambios regulatorios y de políticas enfrentarían desafíos legales, aunque los nombramientos anteriores de cientos de jueces conservadores por parte de la administración Trump podrían significar una recepción más amistosa y menos restricciones a la Casa Blanca que las que los tribunales impusieron a su primera administración. Esas medidas políticas seguramente también exacerbarían la reacción política que han enfrentado los republicanos desde la caída de Roe y podrían impulsar la participación demócrata en futuras elecciones.
Neutralización de la ciencia del clima
Trump pasó su primer mandato destruyendo las regulaciones ambientales de la administración Obama, puso a cabilderos de combustibles fósiles a cargo de agencias clave y se retiró del Acuerdo Climático de París, convirtiendo a Estados Unidos en la única nación del mundo que rechazó el pacto histórico.
Para la secuela, sus partidarios quieren que Trump persiga la propia ciencia climática federal y se asegure de que no pueda usarse para guiar las políticas gubernamentales.
Trump no solo se negó a llegar tan lejos durante su primer mandato, sino que sus agencias continuaron publicando evaluaciones climáticas que declaraban que el calentamiento de las temperaturas era una amenaza para el futuro de la nación. Ocho días antes de que terminara su mandato, su oficina científica de la Casa Blanca incluso despidió a investigadores partidistas que habían intentado inyectar ciencia climática seleccionada en los registros del gobierno.
Ahora, mientras ataca las políticas ambientales de Biden como una “Nueva Estafa Verde” e intensifica sus ataques a las turbinas eólicas, los partidarios de Trump esperan que lleve la lucha contra las políticas climáticas federales a un nivel más alto.
El Proyecto 2025 presenta propuestas para que la próxima administración conservadora rechace las décadas de investigación que muestran las consecuencias cada vez más nefastas del aumento de los niveles de dióxido de carbono. Haría que agencias gubernamentales clave como la EPA aumentaran la producción de combustibles fósiles en lugar de proteger la salud pública.
El proyecto Heritage propone incluso eliminar uno de los principales organismos científicos del mundo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, calificándolo de “uno de los principales impulsores de la industria de alarmas sobre el cambio climático”.
Eso tendría un efecto dominó significativo y cambiaría la forma en que el gobierno prepara al país para olas de calor mortales, incendios forestales e inundaciones. Las agencias de la NOAA, incluido el Servicio Meteorológico Nacional, podrían verse “eliminadas, enviadas a otras agencias, privatizadas o puestas bajo el control de estados y territorios”, dice el plan.
Además, el plan impediría que el Pentágono utilice la investigación climática para dar forma a sus operaciones y preparación, un objetivo desde hace mucho tiempo de quejas de los legisladores republicanos, quienes sostienen que tales esfuerzos desvían al ejército de su misión esencial. El ejército ha incorporado desde hace tiempo la ciencia climática, incluso durante el primer mandato de Trump, para reforzar sus instalaciones y bases contra el aumento del nivel del mar y tormentas más extremas.
Will Happer, exasesor del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, dijo a POLITICO a principios de este año que el expresidente había expresado esperanzas de revivir una propuesta nunca implementada de su primer mandato, una que habría reestructurado ampliamente la ciencia climática federal e integrado cosas similares. investigadores interesados en el personal que escribe estudios climáticos.
Ampliación de las luchas comerciales contra rivales y aliados
Trump no ha ocultado que tiene la intención de llevar a cabo una escalada dramática de su agenda comercial de “Estados Unidos primero” si es reelegido, aumentando los aranceles y otras barreras comerciales contra enemigos y aliados de Estados Unidos en niveles muy superiores a los que promulgó durante su primer mandato.
Como antes, uno de sus principales objetivos sería China.
Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de más de 300 mil millones de dólares después de llegar a la Casa Blanca en 2016, aranceles que la administración Biden ha mantenido en gran medida. Pero el expresidente ha prometido ir mucho más allá al eliminar el estatus comercial de “nación más favorecida” de China, lo que conduciría a aranceles estrictos sobre una variedad de bienes comerciales, como los teléfonos inteligentes, y probablemente desencadenaría represalias masivas.
“La seguridad económica es seguridad nacional”, dijo Trump en un vídeo político en enero de 2023 . “China no permite que las empresas estadounidenses se hagan cargo de su infraestructura crítica, y Estados Unidos no debería permitir que China se haga cargo de nuestra infraestructura crítica”.
“Si no hacemos esto, Estados Unidos pasará a ser propiedad de China, lo que los haría muy felices”, añadió.
Trump también ha dicho que impondría un “plan de cuatro años para eliminar gradualmente todas las importaciones chinas de bienes esenciales, desde productos electrónicos hasta acero y productos farmacéuticos”, y crearía nuevas reglas para impedir que las empresas estadounidenses realicen inversiones en China.
Las propuestas, que probablemente violarían las reglas del comercio global, enfrentan un feroz rechazo de la industria y llevarían a precios más altos para los consumidores en una amplia gama de bienes, advierten los expertos económicos. Pero los partidarios argumentan que las posiciones duras son necesarias para responder a las amenazas a la seguridad nacional que plantea China, así como a su influencia regional coercitiva.
El favorito republicano también está considerando imponer un arancel fijo del 60 por ciento a todas las importaciones chinas, informó el mes pasado The Washington Post. Cuando Fox Business le preguntó sobre los informes, Trump se negó a dar cifras específicas, pero dijo que los aranceles a China podrían ser incluso más altos.
Trump también ha planteado la idea de establecer un arancel “de referencia universal” del 10 por ciento, y le dijo a Fox Business News en agosto que se aplicaría “automáticamente” a todos los países. (No descartó incluir a los socios comerciales estadounidenses en esas sanciones). Eso aumentaría dramáticamente los costos de las importaciones que ingresan a los EE. UU., lo que podría promover la industria nacional pero también representaría una carga significativa para los consumidores y las empresas estadounidenses que dependen de productos y productos extranjeros.
Librando guerras culturales en el aula
Los esfuerzos de los gobernadores republicanos y las juntas escolares para restringir la enseñanza sobre temas como raza, sexualidad e identidad de género se han multiplicado desde que Trump dejó la Casa Blanca, al igual que los intentos del Partido Republicano de hacer retroceder las protecciones para los estudiantes transgénero. Y Trump promete que él y su Departamento de Educación ampliarán esa lucha.
Su último plan educativo exige recortar los fondos federales para cualquier escuela o programa que incluya “teoría racial crítica, ideología de género u otro contenido racial, sexual o político inapropiado para nuestros niños”. También quiere abrir investigaciones de derechos civiles en las escuelas “involucradas en discriminación racial” y ha prometido “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”.
“Si cualquier maestro o funcionario escolar le sugiere a un niño que podría estar atrapado en el cuerpo equivocado, enfrentará graves consecuencias”, dijo Trump en una declaración en video publicada el año pasado. En cambio, dijo que sus funcionarios de educación “promoverían la educación positiva… celebrando en lugar de borrar las cosas que hacen a hombres y mujeres diferentes y únicos”.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación también podría desmantelar las protecciones contra la discriminación para los estudiantes transgénero y restablecer su regulación sobre cómo las escuelas deben responder a la conducta sexual inapropiada.
De manera similar, la primera administración Trump hizo retroceder las directrices de la era Obama que protegían a los estudiantes transgénero e inició investigaciones en las escuelas que permitían a los atletas transgénero jugar en equipos deportivos femeninos, pero no codificó una prohibición para los estudiantes transgénero de las instalaciones ni de los deportes. Si bien el Departamento de Educación amenazó con retirar fondos federales a las escuelas que infringieran sus políticas transgénero, nunca lo hizo.
Grupos de derechos civiles han dicho que están profundamente preocupados porque Trump revierta las protecciones para algunos de los estudiantes más vulnerables del país.
A los funcionarios de educación de Trump les resultaría más difícil hacer cumplir esta agenda si la administración Biden finaliza un reglamento que codifica las protecciones de la identidad de género este año. En ese caso, probablemente pasarían años hasta que una segunda administración Trump reformara las regulaciones de Biden, restableciera viejas políticas de la era Trump y agregara otras nuevas.
Intentando acabar con el coche eléctrico
Los vehículos eléctricos no recibieron mucha atención por parte de Trump durante su primer mandato. Esta vez no oculta su desdén por la tecnología, e incluso publicó un saludo navideño en las redes sociales que pedía a los partidarios de “All Electric Car Lunacy” que “se pudran en el infierno”. Si derrota a Biden, Trump tendría un margen de maniobra significativo para dotar de fuerza legal a sus ataques.
Trump prometió durante un mitin en enero que “desde el primer día” detendría una próxima norma de la EPA sobre contaminación automática que tiene como objetivo impulsar la adopción de vehículos eléctricos, calificándola falsamente de “mandato de vehículos eléctricos”. También ha prometido deshacer la agresiva propuesta de Biden de aumentar los estándares federales de economía de combustible. Incluso antes de que Trump asuma el cargo, la Corte Suprema podría facilitarle el camino para revertir esas reglas revocando la doctrina legal que los sustenta.
El Proyecto 2025 de Heritage también alienta a Trump a perseguir una vez más la autoridad de exención federal que permite a California establecer sus propios estándares de vehículos que él y otros estados han utilizado para establecer reglas que ordenan la eliminación gradual de los automóviles que funcionan a nafta. Trump bloqueó la exención del estado en 2019, pero la administración Biden pronto la restableció.
La perspectiva de otra presidencia de Trump podría tener un impacto incluso antes de las elecciones al enfriar las inversiones de las empresas en vehículos eléctricos, dijo Levi Tillemann, ex funcionario del Departamento de Energía de la era Obama y autor de “The Great Race: The Global Quest for the Car of el futuro.” Tillemann señaló que los fabricantes de automóviles suelen operar con horizontes de 10 años.
“Si Trump vuelve a ser presidente, veremos el mismo tipo de acciones en las que intentarán retroceder y quitarle la autoridad a California, pero no nos rendiremos”, dijo Patty Monahan, comisionada principal de transporte de California. dijo la Comisión de Energía de California en una conferencia reciente.
Trump también ha prometido “detener el flujo de dólares de los impuestos estadounidenses que están subsidiando a las empresas chinas de baterías de vehículos eléctricos” limitando aún más el crédito fiscal al consumo que proporciona hasta 7.500 dólares a los compradores de vehículos eléctricos. Trump podría emitir interpretaciones más estrictas de las reglas que vinculan el crédito al abastecimiento interno de minerales, limitando drásticamente la cantidad de vehículos que califican, dijo Tillemann.
Otra área en la que Trump podría ralentizar unilateralmente el despliegue de vehículos eléctricos es en la propia flota del gobierno federal, que Biden ha decidido electrificar rápidamente. “Lo peor es que quieren que nuestros tanques militares sean totalmente eléctricos”, dijo Trump en un mitin en diciembre.
Lo que podría ser más difícil de recuperar para Trump (tanto legal como políticamente) son los subsidios federales de Biden que han estimulado miles de millones de dólares en inversiones en la cadena de suministro de baterías y la infraestructura de carga en todo el país. La mayoría de los fondos de la ley bipartidista de infraestructura de 2021 habrán salido para 2025, y gran parte de esa inversión (y los empleos que conlleva) se destinará a los estados que respaldan a Trump, que han recibido a los fabricantes de vehículos eléctricos con los brazos abiertos.
El dinero aún no gastado de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, que proporcionó al menos 369 mil millones de dólares en subsidios a la energía limpia, podría ser más vulnerable para Trump, quien podría utilizar regulaciones para restringir fuertemente hacia dónde pueden fluir los fondos.
Castrar al organismo de control de piratería electoral federal
Las falsas afirmaciones de Trump de que los piratas informáticos alineados con Biden habían robado las elecciones de 2020 fueron desmentidas enérgicamente por una fuente cercana: la agencia cibernética del propio Departamento de Seguridad Nacional de Trump.
En un segundo mandato, Trump tendría la oportunidad de llenar la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del DHS con leales decididos a abandonar la lucha contra la desinformación en línea.
La agencia de aproximadamente cinco años, encargada de proteger las redes sensibles de EE. UU. contra ataques y amenazas físicas, ha crecido rápidamente desde que Trump la creó por primera vez en 2018. Pero él y otros críticos conservadores dentro y fuera del Capitolio se irritaron con CISA desde su creación. El entonces director, Chris Krebs, refutó públicamente las acusaciones del expresidente de fraude electoral generalizado en 2020.
Trump despidió a Krebs a mediados de noviembre de 2020, objetando una declaración emitida por CISA en la que varios altos funcionarios electorales declararon que las elecciones de ese mes eran “las más seguras en la historia de Estados Unidos”.
La CISA sigue acosada por los ataques de los conservadores. Entre ellas se incluye una demanda pendiente de los fiscales generales republicanos que alegan que CISA y otras agencias gubernamentales habían silenciado las voces conservadoras en línea en el período previo a esas elecciones y durante la pandemia de Covid-19, acusaciones que CISA niega.
Como señal de hacia dónde podría llegar Trump en un segundo mandato, los legisladores de extrema derecha en la Cámara lanzaron un intento fallido para recortar el presupuesto de 2 mil millones de dólares de CISA en una cuarta parte el otoño pasado, aunque sólo una pequeña fracción de ese dinero se destina a combatir los engaños en línea. (El resto se destina a tareas como ofrecer asistencia de ciberseguridad a objetivos de piratería como escuelas, oleoductos y hospitales). En 2022, The Heritage Foundation publicó una hoja de ruta en la que pedía al próximo presidente del Partido Republicano que limitara radicalmente el mandato de CISA.
¿Bombardear México?
Trump promete atacar a los cárteles de la droga mexicanos como parte de sus esfuerzos por mantener el mortífero opioide fentanilo fuera del país, lo que lo coloca directamente en sintonía con un coro cada vez mayor de legisladores republicanos que han expresado su apertura a una acción militar en el territorio “vecino del sur” de los Estados Unidos.
Una medida así podría desestabilizar las relaciones entre Estados Unidos y México y provocar un aumento en las solicitudes de asilo en la frontera. Las personas que intentan ingresar a Estados Unidos tendrían solicitudes de asilo más sólidas si huyen de la violencia.
Los legisladores republicanos han presionado cada vez más para etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y se entusiasmaron con la idea de utilizar la fuerza militar contra ellos. Trump también está abierto a ello. Ha discutido el envío de “fuerzas especiales” y el uso de “guerra cibernética” para atacar a los líderes de los cárteles, “tal como derrotamos a ISIS y el califato de ISIS”, y según un artículo en Rolling Stone ha pedido “planes de batalla” para atacar a México.
Cuando era presidente, Trump consideró usar misiles para destruir laboratorios de drogas en México, escribió el exsecretario de Defensa Mark Esper en un libro en 2022. Más tarde, Esper calificó la idea de “absurda”.
Despliegue de tropas estadounidenses contra los estadounidenses
Hace cuatro años, Trump se abstuvo de invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas federales en el centro de las ciudades donde los manifestantes salieron a las calles después del asesinato policial de George Floyd. Ha dicho que no volverá a contenerse.
“Y una de las otras cosas que haré, porque se supone que no debes involucrarte en eso, es que el gobernador o el alcalde me pidan que entre”, dijo Trump ante una audiencia en Iowa en noviembre. “La próxima vez, no estaré esperando”.
No ofreció detalles ni cómo exactamente podría usar las tropas, pero en su aparición en Iowa llamó a las ciudades gobernadas por los demócratas, Nueva York y Chicago, “guaridas del crimen”.
Los activistas de derechos civiles y los legisladores demócratas califican sus comentarios de alarmantes porque generalmente es ilegal utilizar al ejército para hacer cumplir la ley en el país. Pero la ley de 1792 permite una excepción para que el presidente lo haga para reprimir una rebelión o violencia. Los críticos dicen que el estatuto es demasiado amplio y algunos están tratando de frenarlo antes de que Trump tenga la oportunidad de usarlo.
El senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), miembro de alto rango de los comités de Interior, Servicios Armados y Judicial, ha estado buscando que republicanos y demócratas se unan a su último esfuerzo para reformar la Ley de Insurrección. Dijo que está trabajando con el Centro Brennan para la Justicia, que también propuso restringir la ley en medio de temores de que Trump pueda usarla para sofocar cualquier protesta pública en su contra.
Abandonando la OTAN
Trump desató una tormenta transatlántica este mes cuando dijo que “alentaría” los ataques rusos contra los aliados de la OTAN que no gastan lo suficiente en defensa.
Pero estaba lejos de ser la primera vez que había expresado burla por una de las obligaciones más solemnes de la alianza: que sus naciones acudieran en ayuda de otro miembro que enfrenta un ataque militar.
Durante su primera campaña en 2016, Trump dijo al New York Times que defendería a los países compañeros de la OTAN sólo si habían “cumplido con sus obligaciones para con nosotros”. Como presidente, dos años después, advirtió durante una cumbre de la OTAN en Bruselas que los aliados enfrentarían “graves consecuencias” si no aumentaban su gasto, y que Estados Unidos podría “seguir nuestro propio camino”, palabras que algunos líderes interpretaron como una amenaza de retirarse de la alianza. También ha calificado a la OTAN de “obsoleta”.
Si es reelegido, esta vez realmente podría retirarse, dijo su ex asesor de seguridad nacional John Bolton en MSNBC en medio del furor por los comentarios más recientes de Trump.
“Cuando dice que quiere salir de la OTAN, creo que es una amenaza muy real y tendrá implicaciones dramáticamente negativas para Estados Unidos, no sólo en el Atlántico Norte, sino en todo el mundo”, dijo Bolton. Una retirada estadounidense aumentaría la influencia rusa en Europa, donde la guerra de Vladimir Putin en Ucrania ha llevado a las tropas de Moscú casi a las puertas de la OTAN.
En el verano de 2020, Trump conmocionó a Europa al ordenar al Pentágono que retirara 12.000 tropas de Alemania por su enfado por el gasto de defensa de Berlín. La orden habría traído a 6.400 miembros del servicio a casa y reubicado a casi 5.600 en otros países de Europa, dejando 24.000 soldados en Alemania.
“Están ahí para proteger a Europa. Están ahí para proteger a Alemania, ¿verdad? dijo Trump en ese momento. “Y se supone que Alemania debe pagar por ello. Alemania no paga por ello. Ya no queremos ser tontos”.
Los funcionarios del Pentágono reconocieron que las medidas, que incluirían la construcción de nuevas bases en otros lugares de Europa y Estados Unidos, costarían miles de millones y tardarían años en implementarse. La administración Biden detuvo la retirada de tropas y luego la puso fin.
Las quejas de Trump sobre la OTAN incluyen el hecho de que algunos de sus 31 miembros no están cumpliendo el objetivo de gastar al menos el 2 por ciento de su producto interno bruto en defensa, mientras que Estados Unidos gasta mucho más. (Ha afirmado que esto significa que países como Alemania le deben a Estados Unidos “enormes sumas de dinero”).
Alemania todavía gasta muy por debajo de ese umbral, a pesar de que ha donado miles de millones en armas y municiones a Ucrania. No se espera que alcance esa marca hasta 2025 como muy pronto.
A finales del año pasado, los legisladores pusieron una barrera cuando aprobaron una disposición en la Ley de Autorización de Defensa Nacional que prohibiría a cualquier futuro presidente retirarse de la OTAN sin la aprobación del Congreso.
Sin embargo, Trump aún podría debilitar profundamente la alianza de la OTAN simplemente negándose a participar, dijo Jim Townsend, ex funcionario del Pentágono y de la OTAN en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.
“Podría simplemente degradar nuestra participación al no tener un embajador en la sede de la OTAN, y él no irá a las cumbres y el secretario de Defensa no irá a las reuniones ministeriales de defensa” en la OTAN, dijo Townsend. “El liderazgo estadounidense desaparecerá y simplemente no se verán muchas caras estadounidenses”.
Aflojar las riendas de las criptomonedas
Trump fue un escéptico de las criptomonedas durante su presidencia. Los legisladores republicanos y los grupos conservadores esperan que un segundo mandato pueda convertirlo en un criptosalvador.
Han redactado propuestas regulatorias y propuesto movimientos de personal que serían mucho más amigables para la industria de activos digitales que Biden, cuyos funcionarios han tratado de tomar medidas enérgicas contra la industria por preocupaciones de protección al consumidor.
Las propuestas también representarían un cambio para Trump, quien menospreció la tecnología cuando estuvo en el cargo la última vez, escribiendo en X (entonces Twitter): “No soy un fanático de Bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero y cuyo valor es muy volátil y se basa en el aire”. Su administración adoptó un enfoque escéptico hacia la entonces naciente industria, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresó su preocupación por las criptomonedas.
Pero desde que dejó el cargo, Trump ha invertido en criptomonedas y ha incursionado en tokens no fungibles o NFT. Mientras tanto, las políticas a favor de las criptomonedas se han convertido en una prioridad para los republicanos clave en el Capitolio que han impulsado cambios regulatorios bendecidos por la industria que podrían ayudar a legitimar los activos digitales.
“Si se lleva a cabo la segunda administración de Trump, [el] presidente será mucho más amigable con la industria de las criptomonedas”, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer (republicano por Minnesota), un partidario de Trump y uno de los principales defensores de las criptomonedas en el Congreso, en una entrevista en enero.
“La única expectativa razonable es que Trump lleve su mentalidad general de desregulación financiera al ámbito de las criptomonedas”, dijo Dennis Kelleher, presidente y director ejecutivo del grupo de vigilancia financiera Better Markets. “Va a ser una desventaja extrema para los inversores y clientes y, en última instancia, en nuestra opinión, para la estabilidad financiera”.
Link https://www.politico.com/news/2024/02/25/second-trump-term-00140488
