Hace algunos meses, y ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional a las demandas por el regreso a las aulas, nace Padres Organizados. Hoy hablamos con una de primeras integrantes de ese colectivo de la sociadad civil sobre la necesidad de una vuelta a la normalidad educativa, la génesis del movimiento, las expectativas por el regreso y cuál es la realidad actual, no solo en el AMBA sino también en el resto del país.
¿Qué es y cuál es la génesis de Padres Organizados?
Hoy Padres Organizados representa una red de madres, padres y familias, en más de cien localidades de nuestro país, que reclama a las autoridades por el derecho de todos los niños y adolescentes a recibir una educación inclusiva y de calidad. Ese propósito no puede lograrse si no se contempla la presencialidad como base innegociable. La génesis de este gran movimiento de la sociedad civil es un grupo pequeño, seis personas, que conversaban en Twitter y observaban con mucha preocupación, a mediados de agosto, la falta de definiciones sobre el retorno a la presencialidad en nuestro país (mientras advertían, al mismo tiempo, que en varios países europeos ya se estaba avanzando en la reapertura de escuelas sobre la base de la información disponible del papel de los niños en relación con el COVID-19). De esas primeras conversaciones recuerdo, particularmente, un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda, a fines de julio, que ya mostraba que se podía volver de manera segura a las escuelas porque los niños no desempeñaban un papel significativo en la propagación del virus.
A partir de ese intercambio comenzamos a plantearnos opciones para intervenir en la conversación pública y reclamar a las autoridades un plan de regreso a las aulas. Primero empezamos a difundir unas placas diseñadas por Florencia Gutman (alma mater del grupo) y a los pocos días resolvimos escribir una carta y buscar adhesiones entre referentes de la opinión pública y especialistas en salud y educación. La carta fue publicada en las redes el 16 de septiembre y tuvo un primer impacto en la prensa que sirvió para generar más adhesiones. Luego, empezó a replicarse en distintos lugares del país la organización de madres y padres que reclamaban por el derecho a la educación.
¿Qué impacto tuvo, más allá de lo que se pueda sospechar, en los chicos la ausencia de clases presenciales durante el 2020? ¿Se puede poner en números?
Los impactos son múltiples: desde la pérdida de aprendizajes, retrocesos en la socialización, deterioro de la salud física por el sedentarismo o por la falta de controles médicos adecuados, sumado al exceso de horas frente a las pantallas (celulares, tablets, TV). Además, por supuesto, el impacto que significa la desarticulación del ámbito de contención que brinda la escuela para chicos con entornos familiares violentos (hay estadísticas de otros países que muestran que por un lado creció la violencia intrafamiliar, pero por otro lado cayó el número de denuncias porque el lugar donde se detectan esas situaciones es la escuela). El número más escuchado en Argentina es el del millón y medio de chicos que quedaron desvinculados. Un número que por sí solo espanta, pero que muchos docentes y especialistas sospechan que puede ser mayor porque el relevamiento del Ministerio de Educación Nacional parte de un criterio muy laxo para medir la vinculación. Se tiene en cuenta si hubo algún tipo de conexión (zoom, whatsapp, mensaje de texto o mail), no hubo un seguimiento pormenorizado ni tampoco una evaluación adecuada para comprobar aprendizajes en todos los estudiantes. Los números más ajustados de deserción escolar y pérdidas de aprendizajes sólo los podremos tener a lo largo de este año. Lo seguro es que el regreso a las aulas nos devolverá un panorama muy difícil y heterogéneo y demandará un trabajo sostenido de toda la comunidad educativa.
¿Se puede hacer una evaluación de cómo se agrandan las diferencias en los resultados del rendimiento de los chicos en escuelas públicas y privadas?
Nosotros no tenemos un relevamiento adecuado, pero hay estimaciones que enfatizan no sólo el incremento de la brecha entre las escuelas de gestión pública y las de gestión privada, sino sobre todo entre aquellos niños y niñas que contaron con acompañamiento familiar (especialmente se señala el papel de las madres) y con los recursos tecnológicos apropiados (computadora, conectividad y una propuesta de enseñanza virtual bien diseñada) y quienes no tuvieron ese entorno que les permitiera sostener el vínculo pedagógico y la incorporación de nuevos saberes. Esta situación es lo que los expertos en educación denominan efecto cuna y que se estima, con bastante fundamento, que habrá de reforzarse luego de un año sin escolaridad presencial.
En el reclamo por el regreso a las aulas, ¿cuál es el espacio que se le otorga a los niños con condiciones especiales, quienes no solo han estado sin el espacio áulico sino también durante los primeros meses de la cuarentena sin el acompañamiento terapéutico (ni siquiera de manera remota)?
Aunque nuestra demanda siempre incluyó a todos los NNyA, últimamente hemos tratado de visibilizar de manera particular la situación de los chicos con discapacidad. Por un lado, a partir de los testimonios de muchas madres que nos relataban todas las dificultades que debieron afrontar por la pérdida de esos espacios de aprendizaje y contención (aquí hay que incluir tanto a las escuelas que realizan integración, a las escuelas especiales y a los Centros Educativos Terapeúticos). Por otro lado, hemos tratado de precisar el retroceso que estamos observando en términos de inclusión dentro de la agenda educativa en particular y de la discusión pública en general. Particularmente resulta preocupante que en algunos planes jurisdiccionales como el de la provincia de Buenos Aires, la discapacidad quede otra vez asociada a la idea de enfermedad.
Las colonias de vacaciones están funcionando, incluso algunas en los mismos espacios donde se da clases presenciales normalmente. Puede darse la paradoja de que los mismos chicos que asisten a las mismas no puedan tener clases presenciales a partir de febrero o marzo (dependiendo del distrito) en esos mismos espacios. ¿Qué se argumenta desde el Estados nacional ante esta contradicción?
No escuché ni leí ninguna declaración al respecto. Espero que toda esa experiencia sirva para fortalecer los argumentos a favor de las clases presenciales, ya que para los chicos fue sumamente positivo y no tuvo ningún impacto en el incremento de contagios ni internaciones (como puede verse en las cifras que periódicamente reporta el Ministerio de Salud de la Nación)
¿Qué pasa con las escuelas, sobre todo aquellas de nivel medio, que dependen del sistema universitario? ¿Se está contemplando algún tipo de reclamo específico para dichos colegios?
Los últimos días leímos varias críticas muy duras sobre el funcionamiento de los colegios preuniversitarios (sobre todo el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini) en el 2020. Sabemos que hubo mucha disparidad en el dictado de las materias y que todo dependió del compromiso individual del docente. En consecuencia, hubo estudiantes que tuvieron la posibilidad de cursar regularmente algunas materias con clases virtuales sincrónicas, mientras otras materias se redujeron a la entrega de trabajos escritos sin otra participación del docente. Nosotros no llevamos adelante ningún reclamo específico y el único que circuló recientemente en redes se refiere a los colegios preuniversitarios de Tucumán (Nota del editor: cuando esta entrevista se realizó, aún no se habían producido novedades en los colegios universitarios de la UBA).
¿En algún momento los sindicatos buscaron acercar propuestas que permitan el retorno a clases o no se han movido de la posición de vacunación masiva o contagio cero?
Desconozco si los sindicatos acercaron alguna propuesta concreta para el regreso a clases presenciales. Nos parece atendible que se busque garantizar las cuestiones básicas de higiene y ventilación, así como los elementos de uso personal como el barbijo y la distribución de alcohol en gel, etc. Pero de ninguna manera es admisible que se exijan condiciones que no fueron necesarias para rehabilitar actividades que involucran a población adulta y que, por lo tanto, implican mayor riesgo de contagio o enfermedad. La actividad escolar presencial abarca un universo de la población que, salvo contadas excepciones, no integra los grupos de riesgo. Además, hay cada vez más evidencia contundente que los contagios dentro del entorno escolar son escasos y suelen ser más frecuente entre los adultos. Por lo tanto, es claro que el daño de mantener las escuelas cerradas y dejar más tiempo a los niños y adolescentes sin clases presenciales es mucho mayor para la salud física y emocional de los chicos que el eventual riesgo de contagio de coronavirus.
