miércoles 29 de mayo de 2024
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Mantener vivo el negocio: el gobierno como comprador de último recurso

(Traducción de Alejandro Garvie)

El coronavirus amenaza la vida económica mundial. Las medidas de distanciamiento social, esenciales para combatir la epidemia, están reduciendo drásticamente la demanda en sectores como el transporte, restaurantes, hoteles y entretenimiento. Otras industrias tendrán dificultades para producir debido a interrupciones en el suministro (empleados que no pueden ir a trabajar, brotes que cierran empresas). Se espera que esta pérdida de producción directa sea corta, probablemente unos pocos meses. Aunque el gobierno no puede deshacer esta pérdida de producción directa, puede aliviar las dificultades económicas durante la epidemia y evitar que la pérdida de producción directa cause daños duraderos a la economía.

En ausencia de acciones gubernamentales, la pérdida de producción directa creará grandes pérdidas para las empresas y puede conducir a despidos masivos. Muchas empresas y trabajadores no tienen suficiente liquidez para capear los dramáticos déficits en la demanda. El riesgo es ver que muchas empresas se liquiden, afectando severamente a las familias de los trabajadores. La muerte de una empresa tiene costos a largo plazo: los vínculos entre empresarios, trabajadores y clientes se destruyen y, a menudo, deben reconstruirse desde cero y los trabajadores despedidos necesitan encontrar nuevos trabajos. Mantener a las empresas con vida durante esta crisis y asegurar que los trabajadores continúen recibiendo sus salarios es esencial, incluso para las empresas y los trabajadores que tienen que permanecer inactivos debido al distanciamiento social.

Brindar liquidez, en forma de préstamos sin intereses, por ejemplo, puede ayudar a las empresas y los trabajadores despedidos a capear la tormenta, pero esta política es insuficiente. Los préstamos no compensan a las empresas y los trabajadores por sus pérdidas, los préstamos solo les permiten suavizar los costos en un horizonte temporal más largo. Sin embargo, en el caso de la crisis del coronavirus, tiene sentido que el gobierno compense a las empresas y los trabajadores por sus pérdidas para que cada empresa pueda resurgir casi intacta después de la hibernación debido al fin del distanciamiento social.

En el contexto de esta pandemia necesitamos una nueva forma de seguro social que se dirija directamente y funcione a través de las empresas. La forma más directa de proporcionar este seguro es hacer que el gobierno actúe como comprador de último recurso. Si el gobierno reemplaza por completo la demanda que se evapora, cada negocio puede seguir pagando a sus trabajadores y mantener su capital social, como si estuviera operando bajo el negocio de la forma habitual. Para ver cómo funciona la noción de comprador de último recurso, tomemos el caso de la industria de las aerolíneas. Si la demanda cae en un 80%, el gobierno compensaría esta demanda que falta, comprando el 80% de los boletos de avión y manteniendo las ventas constantes. Esto permitiría a las aerolíneas seguir pagando a sus trabajadores y mantener sus aviones y equipos sin correr el riesgo de quiebra.

La razón por la cual tal política funcionaría en el caso de la pandemia de coronavirus es doble. Primero, está claro qué está conduciendo el impacto: una crisis de salud que no tiene nada que ver con la decisión de ningún negocio y será temporal. En segundo lugar, las diferentes industrias se ven afectadas de manera diferente. Eso contrasta con las recesiones normales, donde la caída de la demanda está muy extendida y no tiene un cronograma claro.

¿Cuánto costaría tal programa de comprador de última instancia? Una caída en la economía de la demanda de bienes y servicios del 40% durante 3 meses conduce a una caída del 10% en el PIB anual. El gobierno puede compensar totalmente las pérdidas privadas transfiriendo 10 puntos del PIB al sector privado, financiado mediante un aumento de la deuda pública. La pérdida de producción directa de las medidas de distanciamiento social se pondría en la cuenta del gobierno, es decir, socializada. Las consecuencias distributivas de esta política serían controladas por el sistema tributario. Los gobiernos pueden decidir más tarde cómo ajustar los impuestos para pagar la deuda adicional, con impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza, por ejemplo, el costo correría a cargo de los más ricos.

Una política de comprador de último recurso no puede implementarse perfectamente, pero los gobiernos pueden acercarse. Para los trabajadores independientes y los trabajadores, como los conductores de Uber, el gobierno reemplazaría las ganancias perdidas. Esto sería similar al seguro de desempleo. Para las grandes empresas, la compensación del gobierno estaría condicionada a que las empresas no despidan a ningún trabajador. Es mejor que las empresas mantengan a sus trabajadores incluso si están temporalmente inactivos para que las empresas puedan reanudarse rápidamente, sin tener que volver a contratar a nuevos trabajadores, una vez que aumente la demanda. Para los sectores gubernamentales como la educación, cuando las escuelas cierran, los maestros deben seguir siendo remunerados, etc.

Las propuestas actuales para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia no llegan lo suficientemente lejos o no están bien dirigidas a los sectores enfermos. Los préstamos comerciales ayudan a las empresas, pero no las compensan por sus pérdidas. Posponer los pagos de impuestos ayuda con la liquidez, pero no está bien enfocado, ya que también beneficia a las personas y las empresas que no se ven directamente afectadas por la pandemia. Los pagos directos a personas ayudan a aliviar las dificultades económicas temporales, pero esta política también está mal focalizada: es muy poco para quienes pierden sus empleos y no es necesaria para quienes no lo hacen. Durante el distanciamiento social, el objetivo no debe ser aumentar la demanda agregada, ya que las personas ya no pueden gastar en muchos bienes y servicios.

Un programa de comprador de último recurso funcionaría si el tiempo fuera muy limitado, de modo que el costo siga siendo manejable y las decisiones comerciales no se vean afectadas. No compensaría completamente el costo económico del coronavirus. No importa lo que hagan los gobiernos, habrá pérdidas reales de producción. Incluso si a los trabajadores de las aerolíneas se les paga, los viajes en avión no sucederán. Para algunos sectores, como el sector alimentario, las distorsiones de las cadenas de suministro ocurrirán debido a las medidas de cuarentena. Pero un programa de comprador de último recurso aliviaría las dificultades de los trabajadores y las empresas. Mantendría el flujo de caja para las familias y las empresas, de modo que el choque del coronavirus no tenga impactos secundarios en la demanda, como los trabajadores despedidos que reducen el consumo y puede producirse un rápido rebote una vez que la demanda regrese. La actividad comercial está en espera hoy, pero con un flujo de efectivo intravenoso, puede mantenerse con vida hasta que termine la crisis de salud.

Publicado en Econfip en marzo de 2020.

Link. https://econfip.org/policy-brief/keeping-business-alive-the-government-as-buyer-of-last-resort/#

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