Durante años Rocío San Miguel dirigió la ONG Control Ciudadano, especializada en temas militares y de Defensa. Ha denunciado a torturadores que ahora la mantienen detenida.
La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela intensifica la persecución contra la disidencia, al tiempo que pone en práctica métodos que buscan sembrar terror de manera ejemplarizante a quienes se atrevan a denunciar crímenes o irregularidades cometidas por el chavismo.
Desde el 9 de febrero se desconocía el paradero de Rocío San Miguel, una abogada y activista de derechos humanos que preside la ONG Control Ciudadano, especializada en temas militares y de Defensa.
San Miguel fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía, la principal puerta de entrada y salida del país, cuando estaba por abordar un vuelo internacional hacia Miami, Estados Unidos. La acompañaba su hija, Miranda, de 24 años, cuando ambas fueron abordadas y secuestradas presumiblemente por miembros de servicios de inteligencia.
Hasta la noche del 13 de febrero sus abogados y otras ONG dedicadas a la defensa de presos políticos no han tenido acceso formal a información sobre su caso. No se sabía qué tribunal lleva la causa, ni si hubo una orden de detención previa. Tampoco cuál fuerza de seguridad la mantiene detenida, ni dónde la tuvieron encerrada. Como nadie la ha visto —incluso al momento de edición de esta nota— se desconoce su estado físico o si ha sido sometida a algún tipo de torturas, como ha sucedido con militares y civiles antes de ser presentados en tribunales.
Tarek William Saab, fiscal general al servicio del chavismo, informó en su perfil de X que solicitarían imputar a San Miguel por los delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración. La dictadura alega que formaba parte de un atentado para asesinar a Maduro, conocido como “Brazalete Blanco”.
En ocasiones anteriores el chavismo ha utilizado este tipo de excusas para detener a dirigentes, diputados, alcaldes, gobernadores, estudiantes, docentes y sindicalistas. De la noche a la mañana acusan a supuestas células de ir contra Maduro, a lo que luego se suman allanamientos, detenciones, y en varios casos, torturas.
La Dirección Militar de Contrainteligencia Militar (DGCIM), señalada en el Informe Bachelet por torturas, ha sido una de las organizaciones más señaladas por San Miguel. Y ahora puede ser esa fuerza la que está a cargo de su custodia.
Contra la familia
Junto con San Miguel y su hija también fue su expareja detenido Alejandro González de Canales Plaza. El chavismo lo señala de ser parte de la operación y de “revelar secretos militares”.
El padre de San Miguel, que la despidió en el aeropuerto, también se encontraba desaparecido.
William Saab acotó que en tribunales fueron presentadas seis personas, todas familiares o personas cercanas a San Miguel.
San Miguel, venezolana de nacimiento, tiene ciudadanía española, por lo que familiares que viven en Estados Unidos solicitaron a autoridades de ese país atender el caso. La Casa Blanca, por medio del portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, repudiaron el trato contra toda la familia.
“Somos conscientes de los informes de que Rocío San Miel y creo que algunos miembros de su familia han sido detenidos”.
Terminada la primera audiencia, Miranda Díaz San Miguel (la hija), junto con sus parientes Miguel y Alberto San Miguel quedaron en libertad pero con las restricciones de prohibición de salida del país, régimen de presentaciones periódicas en tribunales y no poder dar declaraciones a la prensa, informó el abogado Juan González. Están todos imputados.
Rocío San Miguel fue enviada con prisión preventiva a El Helicoide, quizá la cárcel política más emblemática y tenebrosa de la dictadura en Caracas, mientras que su ex pareja, Alejandro González, quedó preso en la sede de la DGCIM.
González y varias ONG coinciden en que todos los San Miguel fueron sometidos a desaparición forzosa, pues no se supo durante días del paradero de los detenidos, y todavía hoy no tuvieron contacto regular con ellos. Un tuit del fiscal, en ningún caso, sirve de prueba fehaciente para garantizar un debido proceso ni salvaguardar los derechos y la integridad de toda la familia.
Sin elecciones libres
Si en Venezuela se respeta la Constitución este año deberían celebrarse elecciones presidenciales. Maduro rompió instancias de diálogo que mantenía con la oposición y en la que países como Estados Unidos, México y Noruega oficiaban como mediadores. María Corina Machado, que ganó unas elecciones primarias de partidos opositores, fue inhabilitada. Y además de San Miguel otros periodistas, activistas y estudiantes fueron detenidos, todos acusados de presuntas operaciones armadas contra jerarcas chavistas.
La contienda no tiene fecha, la lista de presos políticos crece y Maduro reconoció que “ni por las buenas ni por las malas” tiene pensado dejar el poder, a 25 años de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia.
