En las últimas semanas la dictadura chavista proscribió a María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición, e intensificó la persecución contra la disidencia.
Nicolás Maduro vuelve a dar otro golpe sobre la mesa. Su canciller, Yvan Gil, anunció la expulsión de Venezuela de los funcionarios de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les dieron un plazo de 72 horas para que abandonen el país, acusándolos de golpistas y terroristas.
“Se les solicita que abandonen el país hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, se lee en un comunicado de la cancillería venezolana difundido este jueves a la tarde.
La dictadura venezolana acusó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU de “generar impunidad para personas involucradas en intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y atentados contra la soberanía y la Constitución”.
Tales señalamientos de Caracas se dan en un momento en que la dictadura ha intensificado la persecución contra la disidencia. María Corina Machado, candidata presidencial que ganó unas primarias organizadas por partidos opositores, fue inhabilitada para postularse y ejercer cargos públicos por el Tribunal Supremo, compuesto por magistrados chavistas. En paralelo han apresado a más de diez militares y abierto causas penales contra periodistas, a los que acusan de ser parte de boicots contra Maduro.
El último caso que sacudió a la opinión pública fue el de Rocío San Miguel, abogada y titular de la ONG Control Ciudadano, que se especializa en temas militares y de Defensa.
San Miguel y su hija fueron detenidas el 9 de febrero en un aeropuerto cuando estaban por tomar un vuelo con destino a Miami, Estados Unidos. Hermanos de la abogada, además de su ex pareja, Alejandro González, también fueron aprehendidos. Todos estuvieron desaparecidos durante días, hasta que el 13 de febrero el fiscal general chavista, Tarek William Saab, informó en X que los presentaron en una audiencia y los imputaron por los delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración.
Rocío San Miguel quedó presa en El Helicoide, una de las cárceles más temidas de la dictadura, a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia. González fue enviado a una sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). En ambos centros, según un informe de la Alta Comisión de Derechos Humanos (Informe Bachelet) han documentado torturas, varias de las cuales fueron documentadas por ONG como Control Ciudadano.
El resto de la familia quedó en libertad pero con prohibición de salida del país.
En el comunicado de expulsión de los funcionarios de la ONU de Venezuela, la dictadura recalcó que el organismo falsea y manipula cuando habla de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del chavismo. E incluso se ofrecen a “seguir cooperando con mecanismos internacionales de derechos humanos”.
Repudio desde Argentina
Atentos a los acontecimientos en Venezuela, hubo dirigentes que manifestaron su rechazo a la expulsión de los funcionarios de la ONU.
“El gobierno argentino debe exigir el cese de las violaciones a los derechos humanos y que haya elecciones transparentes y democráticas ya”, sugirió Karina Banfi, diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires.
En la misma línea, Maxi Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, exigió la “liberación inmediata de más de 300 presos políticos constantemente torturados”.
Y agregó: “El compromiso con las instituciones de la democracia debe ser permanente, sin importar ideologías o intereses. Maduro es un peligro para la estabilidad de la región y no podemos abandonar al pueblo venezolano en esta tragedia”.
Argentina, durante el gobierno de Cambiemos, denunció a Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Actualmente, después de un periodo de revisión, Maduro y otros funcionarios tienen una investigación abierta en su contra.
