La pandemia representó un shock de características inéditas para la economía argentina. Frente al impacto inicial, la política pública reaccionó con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y una amplia batería de medidas para mitigar el impacto económico asociado al Covid-19 como a la rigurosa cuarentena.
Más de tres meses después, hemos aprendido varias cosas. Una, que el impacto económico es de una magnitud pocas veces vista: el nivel de actividad se hundió más de un 25% entre abril y mayo de este año. Segunda, que la economía post-cuarentena será bien distinta a la que conocíamos de épocas prepandémicas. Tercero, que las políticas de mitigación basadas en la idea de un shock puramente transitorio no son válidas para pensar lo que viene. Cuarto, que se requiere una mayor coordinación entre las distintas áreas del gabinete en general, y del económico en particular, porque los distintos objetivos de cada una comienzan a entrar en tensión.
Estas lecciones preliminares deben ser útiles para el diseño de la política económica en los próximos meses, que como sostuvimos en una nota reciente publicada en este mismo medio, debe ingresar en su fase 2. Los desafíos en las esferas macroeconómicas, productivas y sociales son profundos y se encuentran entrelazados, no solo porque hay competencia por los recursos e instrumentos, sino también porque lo que sucede en cada una de ellas afecta lo que ocurre en las otras y, por lo tanto, de cuán coordinado sea el trabajo conjunto en esas esferas dependerá el ritmo de recuperación de la actividad económica de acá a fin de año.
Comencemos por los desafíos macroeconómicos. La economía se contrajo como nunca antes, y el panorama macroeconómico es bien complejo hacia delante no solo por la pandemia sino por la fragilidad previa: crecimiento nulo, inflación alta y persistente, fuerte ajuste del consumo privado, escasez de divisas y vulnerabilidad en el plano cambiario, sistema financiero raquítico y cuentas fiscales exhaustas. Y, por supuesto, la imposibilidad de contar con crédito externo en el marco de una compleja renegociación de la deuda pública. Hacia delante, por tanto, la política macroeconómica deberá exhibir rasgos claros de frugalidad, más aún si se tiene en cuenta la incertidumbre sobre cuánto más se extenderá este episodio. Esta frugalidad será crítica, además, para moderar el desajuste en el mercado de dinero generado por la monetización de las políticas de mitigación actuales, crucial para evitar eventuales corridas bancarias, la aceleración explosiva de la inflación y la salida de capitales; también para evitar que el tipo de cambio real vuelva a atrasarse, haciendo peligrar la generación de las divisas “genuinas” que tanto necesita el país.
Los desafíos productivos no son menores. Se deberá implementar una política productiva propia del siglo XXI, que hasta ahora ha resultado tan difícil de lograr por la persistencia del anacrónico debate “campo vs. ciudad”. Pero además, la política productiva tiene que atender a los desafíos específicos asociados al Covid-19. Esto es clave, porque si bien parece haber ciertos consensos sobre el rol de la innovación, la tecnología y el capital humano en el desarrollo a largo plazo, ahora es tiempo de aprender sobre la marcha: nos enfrentamos al inédito objetivo de generar espacios de trabajo de baja proximidad física y hacerlo contribuyendo, no afectando, las perspectivas de largo. Ninguna teoría del desarrollo nos preparó para esto.
Por último están los desafíos sociales. El Covid-19 ha impactado diferencialmente en los tramos bajos de ingreso: allí se concentran los excluidos y las personas ocupadas en actividades no teletrabajables, de alta proximidad física y que no cuentan con los beneficios de una relación laboral formal. En algunos casos la recuperación de la macro podrá mejorar este panorama, pero en muchos se requerirá asistencia pública por un tiempo prolongado.
Estos desafíos deben ser considerados en conjunto, o como decimos los economistas, con una perspectiva de equilibrio general. La frugalidad fiscal, por ejemplo, no puede ignorar la cuestión social. Por ello, debe basarse en medidas progresivas, que por ejemplo recorten tarifas de servicios públicos a aquellos que efectivamente pueden pagar un precio más cercano al de mercado, o que reformulen la estructura tributaria en el mismo sentido, incluyendo cambios en esa dirección del impuesto a las ganancias de las personas físicas y de los impuestos patrimoniales. Del lado del gasto, además, deben reducirse los salarios de los funcionarios políticos y de los niveles más altos del escalafón, al menos para dar el ejemplo, y debe aprovecharse todo margen disponible para reducir cualquier gasto superfluo y aumentar su eficiencia.
El temor al desempleo, pero también cierta responsabilidad de la dirigencia, han logrado que el conflicto distributivo bajara de intensidad. Hay que capitalizar esta circunstancia para transformarla en embrión de una política de ingresos negociada, que complemente las patas monetaria y fiscal de la política antiinflacionaria en el camino a una nueva normalidad.
Este camino supone que, salvo quienes carecen de los recursos más básicos, todos los actores deberán postergar en mayor o menor medida sus demandas, para permitir que los costos generados por la pandemia se distribuyan de modo ordenado y más equitativo.
La macro también debe ayudar a la cuestión productiva: resolver la cuestión de la deuda para alargar horizontes y desbloquear el crédito, pero demás preparar las cuentas públicas para un proceso de reparación de hojas de balance de actores del sector privado que serán claves en la reconstrucción económica.
El desarrollo productivo, en tanto, debe ser conducente a una macroeconomía más resiliente. Por un lado será necesario en lo inmediato mantener el apoyo a sectores y firmas particularmente afectadas por los shocks adversos de productividad y de demanda, con el propósito de limitar despidos y evitar el crecimiento del desempleo.
Pero progresivamente habrá que promover la reconstrucción de los sectores intensivos en tecnología y/o con alta capacidad exportadora. Ello requerirá no solo fondeo sino también nuevas regulaciones para restructuraciones y quiebras, en particular de Pymes, que atiendan al restablecimiento de la solvencia financiera de quienes se sobreendeudaron durante la pandemia, pero que resultarían viables bajo la “nueva normalidad” de baja proximidad física.
Todo esto tomando como un dato la fatiga fiscal: los recursos que se otorgan al sector privado (como los subsidios a los salarios) deberán quedar explícitamente atados a la adaptación para operar en el nuevo contexto. Para los sectores donde ello no sea viable se deberá extender, de modo más focalizado, la asistencia existente, prolongándola al menos hasta que exista una vacuna de uso generalizado.
La política social, antes que soñar con un ingreso básico universal hoy no financiable, debe concentrarse en asistir a quienes están fuera del mercado de trabajo y a los trabajadores más necesitados por su baja calificación, informalidad, alta proximidad laboral y baja capacidad de ahorro. Además de protocolos y políticas de transporte seguras, tanto para excluidos como para asalariados informales y cuentapropistas deberá establecerse un ingreso mínimo garantizado.
En síntesis, la reconstrucción de la economía deberá tener muy en cuenta las interacciones entre la macro, la micro y lo social. Habrá que asegurar para ello un trabajo más coordinado entre las áreas del gabinete y un diálogo constructivo entre gobierno y sector privado que, aunque con marchas y contramarchas, parecería comenzar a esbozarse.
Publicado en La Nación el 21 de julio de 2020.
