El proyecto de ley ómnibus que se tratará en las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei contiene una gran cantidad de reformas profundas en diferentes áreas de la organización del país. Más allá de los pertinentes cuestionamientos sobre la constitucionalidad y la necesidad de la delegación de facultades legislativas que solicita el Presidente, el proyecto incluye una serie de cambios relativos a la representación política y a los partidos políticos que, a primera vista, sorprende por la ausencia de fundamentaciones y la falta de conceptos básicos en la materia que se intenta regular.
No hay emergencia para el apuro
Hasta ahora, nadie sabe las razones por las cuales el Gobierno cree necesario este cambio. Los dos argumentos más comunes para defender el sistema electoral mayoritario uninominal es “personalizar” la elección de los representantes y eliminar las listas sábanas que, justamente, ensancharían la brecha representativa (distancia y desconfianza entre representantes y representados). Lo primero es dudoso que suceda y lo segundo es falaz para el caso argentino, porque las listas sábanas reales (de nueve o más nombres) es un problema (si es que es un problema, hay controversia entre los expertos) de tres o cuatro provincias, nada más. ¿O sólo se está buscando polarizar la política argentina entre el Gobierno y el peronismo, que sería beneficiado con el cambio?
Sobre estos temas, que son importantes, hay mucho conocimiento científico disponible. Sería provechoso si el Gobierno optara por conversarlos de cara a la sociedad y consultar a los expertos en la materia. Aquí no hay ninguna emergencia que justifique el apuro. Muchos países han llevado adelante reformas de este tipo, pero siempre buscando combinar inteligentemente (y de acuerdo al tipo de sociedad y a los efectos que se persiguen) elementos proporcionales con elementos mayoritarios. En cuanto a las instituciones políticas, es muy temerario cambiar por cambiar nomás.
La privatización de los partidos
El proyecto también propone otras reformas que hacen al funcionamiento de la política. De hecho, uno de los problemas políticos que el mundo trata de controlar es el del poder del dinero distorsionando la voluntad democrática popular a través del financiamiento de las campañas electorales. Pero a contramano de los avances de los últimos 25 años en la materia, el proyecto presentado elimina los límites en los montos de los aportes privados a los candidatos. Las empresas, por ejemplo, suelen financiar a los partidos más grandes y con más posibilidades de ganar. Eso de por sí no está mal, pero quitarles los límites a los montos que aportan los privados genera riesgos como la “privatización” de los partidos políticos, una influencia desmedida de los más ricos, y las aventuras electorales de ciudadanos o empresarios con gran poder económico.
Paralelamente, el proyecto elimina la equidad en la distribución de espacios de publicidad de campaña. Así, los candidatos que consigan más dinero podrán comprar más espacios. Por lo tanto, las ideas más afines a los ricos (o a intereses puntuales de determinadas empresas) tendrán más difusión que otras. Todo esto va en detrimento de la equidad en la competencia. Lo mismo sucede con los gastos electorales, no poner límites en ese sentido hace que algunos jugadores arrasen con otros de menores recursos.
¿Todo negativo? Para nada. En la última reforma de la Ley de Financiamiento Político, la sociedad civil había hecho una serie de recomendaciones para fortalecer la equidad en la competencia electoral que lamentablemente no fueron incorporadas al texto, pero que ahora tienen una nueva oportunidad. El proyecto del poder ejecutivo propone la prohibición de publicidad partidaria o personal con fondos públicos y la de utilizar instalaciones o recursos públicos para actividades partidarias. Estas medidas ayudan a equilibrar la competencia entre aquellos que detentan el poder económico del Estado y quienes pelean electoralmente desde el llano. Esos serían verdaderos avances, sobre todo si las provincias tomaran el ejemplo.
Los problemas de la democracia sólo se pueden solucionar con más democracia. En estos temas, más democracia significa debates amplios y serios dentro y fuera del Congreso. La concentración del poder, la historia lo demuestra, solo los agrava.
Publicado en Letra P el 30 de diciembre de 2023.
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