El merecido Premio Nobel de Economía 2024 a Acemoğlu, Robinson y Johnson enriquece la conversación y la acción política, incorporando a las dimensiones económicas, variables críticas para asegurar el desarrollo como concepto integral. Y llega en un momento especialmente interesante para nuestro país, que está embarcado en un proceso de refundación en múltiples espacios, brindando elementos para mejor comprender y actuar.
En ¿Por qué fracasan los países?, sus autores afirman que las sociedades que desarrollaron instituciones inclusivas –aquellas que permiten la participación política y económica de todos sus miembros– tienden a generar un crecimiento sostenido y a largo plazo. Por el contrario, las sociedades con instituciones extractivas –diseñadas para beneficiar a las elites políticas o económicas en detrimento del bienestar general– han experimentado crecimiento limitado o nulo. Por ello es que el funcionamiento armónico de las instituciones como herramientas de desarrollo exige una mirada compartida acerca del futuro. O sea, que el complejo proceso de acordar y ceder en función del bien común requiere que haya ante todo una percepción de un futuro viable como resultado de logros cooperativos. (O, como dice Robert Bellah, que el bien común sea el logro del bien en común.)
Nuestra historia, en cambio, ha sido una secuencia penosa de fracasos, en la que cada episodio aumentó la demanda obsesiva de múltiples sectores por beneficios que maximizasen la extracción de rentas inmediatas, en lugar de condiciones que aumentasen la capacidad de desarrollo. El sistema político no supo, no pudo o no quiso balancear las demandas corporativas, las que satisfizo y aun profundizó como una muestra demagógica de su “sensibilidad”.
De tal modo, en la sociedad se ha consolidado una suma algebraica de organizaciones –las corporaciones empresarias, sindicales, políticas y estatales– que han intentado sobrevivir y crecer en este círculo vicioso; mientras justificaban sus privilegios como herramientas para el bien común con la consecuente influencia sobre el diseño político de las instituciones. Y el populismo se ha convertido así en la ideología dominante para sectores aparentemente enfrentados, pero que convergen en la exclusión de la competencia, la inversión, el riesgo y la calidad como motores del desarrollo.
Y, en un nivel más complejo, las provincias tienen también comportamientos corporativos que impactan en el funcionamiento de las instituciones políticas, sobre las que tienen una influencia determinante a través del Congreso, impidiendo o revirtiendo eventuales intentos para reformar estos vicios por las vías institucionales.
En el campo social, la mayor perversidad ha consistido en que mientras se proclamaban discursos progresistas, se limitaban los espacios para el crecimiento de las personas y por lo tanto se aceptaba distribuir oportunidades entre pocos. Por ello, las grandes víctimas de este proceso, que ha dominado nuestra historia reciente son los excluidos; quienes no tienen ningún beneficio de las alianzas corporativas, sostenidas por quienes dicen representarlos y les piden los votos que luego usan en su propio beneficio. Baste comprobar el silencio cómplice de los líderes de las corporaciones sindicales con el modo como los sindicatos educativos condenan a los más pobres –que ellos dicen representar– a la exclusión definitiva.
Es también muy impactante ver cómo en 40 años el sistema político argentino no pudo lograr acuerdos fundacionales como los que permitieron crear y sostener a lo largo de múltiples gobiernos en otros países de la región herramientas básicas para el desarrollo económico y social, como los Fondos Soberanos de Chile; el Banco Central de Perú; los sistemas educativos y de asistencia social de Brasil, o las becas universitarias de Uruguay, entre otros.
Si este análisis fuese correcto- una sociedad que funciona como la suma algebraica de comportamientos extractivos –entonces la teoría constructiva de Acemoğlu es inaplicable en la Argentina a menos que se reduzca la prioridad “absolutista” de las corporaciones.
En síntesis, solo se podrá superar estructuralmente la pobreza en la Argentina si es posible desarmar los privilegios corporativos; reformar o eliminar las instituciones que los mantienen y construir nuevas, como las que mencionamos, que han sido desarrolladas y sostenidas en sus países por sistemas políticos con capacidad de acordar prioridades estratégicas, más allá de intereses coyunturales.
Pero además de los componentes estructurales, para asegurar equidad es también necesario modificar los criterios de asignación de recursos públicos sociales en ámbitos locales, donde dominan las prioridades políticas por sobre la búsqueda de impactos virtuosos Y hacerlo de modo tal que todos los ciudadanos argentinos, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos.
La mayor limitación es que este proceso solo puede ser liderado por quienes no tienen compromisos con el statu quo político y corporativo y por tanto se ha convertido en una batalla en múltiples campos; como lo vemos cotidianamente en el Congreso; donde el populismo en sus diversas vertientes sigue defendiendo privilegios que son socialmente perversos. Pero el esfuerzo vale la pena, porque está en juego mucho más que la política coyuntural: la posibilidad de un cambio fundamental para asegurar desarrollo económico y social para todos.
Publicado en La Nación el 4 de enero de 2025.
