Los legisladores radicales hicieron una presentación ante la Justicia para que se investigue, a partir de expresiones del Presidente, la presunta comisión de los delitos de “cohecho pasivo” y “cohecho activo” que juzgaron se desprenden de las manifestaciones públicas efectuadas por Milei, quien efectuó generalizadas acusaciones en torno a que diputados habrían recibido coimas para fijar su posición respecto del polémico DNU 70/23 y la llamada ‘Ley Ómnibus’.
Un grupo de diputados nacionales de la UCR formalizó una presentación ante la Justicia penal para que se investigue las denuncias públicas que efectuó el Presidente, Javier Milei, sobre la presunta comisión de los delitos de “cohecho pasivo” y “cohecho activo” que juzgaron se desprenden de las manifestaciones del primer mandatario y, entre las medidas de prueba, solicitaron que el Jefe de Estado sea citado para que preste “declaración testimonial” y que, en ese marco, “informe nombre de los/as legisladores que habrían recibido sobornos” cuando se desataba la polémica por el DNU 70/23 y, al mismo tiempo, la Cámara de Diputados se hallaba en pleno tratamiento de la llamada ‘Ley Ómnibus’ que luego se interrumpió cuando desde el propio Poder Ejecutivo se instruyó a la bancada del oficialismo para que se interrumpiese el debate del proyecto.
La presentación judicial a fin de que se inicie la investigación de los presuntos delitos fue hecha por los diputados nacionales de la UCR, Rodrigo de Loredo –titular de la bancada radical en la Cámara baja- Martín Tetaz, Fernando Carbajal, Manuel Aguirre, Karina Banfi, Julio Cobos, Jorge Rizzotti, Natalia Sarapura, Pedro Galimberti y Juan Carlos Polini, quienes afirmaron en el escrito presentado ante los estrados judiciales que “estos presuntos hechos delictivos han sido públicamente denunciados por el Señor Presidente de la Nación, Javier Milei e involucran a los legisladores nacionales de todos los partidos políticos del país” y señalaron que “las primeras declaraciones en este sentido corresponden al año 2023, oportunidad en la cual en un programa de televisión del Canal LN+, en relaciones al cuestionamiento político al dictado del Decreto 70/2023, el presidente afirmo que “A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”,
Asimismo, describieron que el Presidente en un reportaje que el propio Milei citó a través de su cuenta de X expresó que “luego del tratamiento de la Ley insistió con sus declaraciones: ‘La casta política, como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una argentina peor, porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley … para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos’”.
“Atento que por diferentes medios el Presidente de la Nación ha denunciado la existencia de sobornos que tendría como sujetos pasivos del mismo a los legisladores Nacionales (específicamente a quienes hemos expresado diferencias políticas con su gobierno), en respeto a su investidura emanada de la voluntad popular, deben investigarse tales dichos”, apuntaron los legisladores radicales en su presentación ante la Justicia.
En el escrito, los diputados nacionales radicales piden a la Justicia que “a fin de poder avanzar con la investigación solicitamos citar a declaración testimonial al Sr. Presidente de la Nación” a fin de que “informe nombre de los/as legisladores que habrían percibido sobornos”, así como “informe el nombre de quienes habrían pagado dichos sobornos” y “aporte los indicios y pruebas que otorguen base a la información que provea, indicando en su caso las fuentes de información de las cuales se ha valido” el Jefe de Estado para efectuar tales aseveraciones.
“Sobre la base de tal declaración podrá avanzarse en la profundización de la investigación sobre la comisión del delito de cohecho (ARTICULO 256. – Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones) en su modalidad pasiva; y activa (ARTICULO 258. – Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.”, o eventualmente la existencia de otros delitos”, refiere el texto de la presentación de diputados de la UCR.
