Entre 2008 y 2024 el Estado Nacional destinó al pago de subsidios económicos la friolera de US$ 223 mil millones (US$ 154 mil en subsidios al sector energéticos y US$ 69 mil millones al sector de transporte), a un promedio de US$ 13 mil millones por año.
La enorme magnitud de recursos destinados a subsidiar irracionalmente la energía, vía un subsidio generalizado sin distinguir sectores de población vulnerable de aquellos con demanda solvente explica la pérdida del superávit primario en 2011 y en los años subsiguientes. En la misma línea, bajos precios de la energía, desalineados con la paridad internacional, eliminó todo incentivo a la inversión y la caída de la producción doméstica de gas se cubrió con importaciones crecientes que explican la pérdida del superávit comercial en 2012. En síntesis, la historia reciente muestra con claridad que la mala praxis en la economía de la energía no sólo explica la pérdida de los superávits gemelos, sino que ha tenido efectos macroeconómicos de enorme magnitud.
Este punto fue bien leído por la actual administración, que en su primer año redujo los subsidios económicos en un 40%, y espera volver a recortarlos en una magnitud similar para el año en curso.
Pero cuando se habla de subsidios, nos referimos en general a las transferencias del tesoro nacional destinadas a cubrir la diferencia entre el precio de venta de la energía y su costo de generación / producción. Sin embargo, existen en los otros eslabones de la cadena energética, subsidios “no explícitos” y pocas veces analizados.
Los segmentos de transporte y distribución de gas y electricidad, a partir de su condición de monopolio natural, son regulados por el Estado Nacional o provincial (según corresponda), quien, entre otras funciones, regula tarifas, fija rentabilidades, parámetros de calidad técnica, emite normativa relacionada a la actividad y dirime conflictos entre concesionarios y usuarios,
Las empresas concesionadas, que son quienes nos envían las facturas a nuestras casas, no recibieron subsidios, por el contrario, la anomia regulatoria que impera en 23 de los últimos 25 años y los recurrentes congelamientos / atrasos tarifarios generaron consecuencias:
- Sin recursos, se postergan obras de mantenimiento y eso impacta en la calidad de servicio (ejemplo: aumento en la duración y frecuencia de los cortes de luz).
- Sin tarifas y con inflación creciente, el financiamiento de las empresas tuvo origen en la acumulación de deudas con CAMMESA por energía vendida, lo cual generó un círculo vicioso que no solo generó más subsidios para el tesoro destinados a cubrir la mora, sino que rompió la cadena de pagos del sector y el mercado de contratos entre distribuidores y generadores.
- El atraso tarifario generó acreencias en los concesionarios por incumplimiento de contratos y por ingresos no percibidos, una situación que podría leerse también como un subsidio transitorio y complementario, pero con origen en el sector privado, que permitió mantener las tarifas artificialmente bajas durante más dos décadas. Lo que los concesionarios denominan “activo regulatorio”, es un pasivo para el Estado, que sólo para las empresas de distribución eléctrica del AMBA estaría en el orden del1,5% del PBI.
La actual administración, muestra avances en la reducción de los subsidios públicos, resta la tarea de reestructurar pasivos regulatorios y la reorganización de mercados que permitan un normal funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido toma relevancia el rol de los entes reguladores, que permanecen intervenidos desde 2019 y sobre los cuales el gobierno anuncio recientemente su unificación.
En su anuncio el gobierno menciona que el nuevo “Ente Unico” tendrá funciones similares a la Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos, un instituto que no sólo regula tarifas de transporte de gas y energía eléctrica, sino que tiene injerencia en la venta de gas y en la construcción y coordinación de la infraestructura energética, un objetivo central en el marco del irreversible proceso de transición energética, donde la gestión y el financiamiento de redes será crítico.
Se trata por lo tanto de una buena iniciativa en línea con la gestión eficiente del sector energético y que se replica en otros países como la Oficina de mercados de gas y electricidad de Gran Bretaña (Ofgem), con objetivos son similares.
Resulta esperable que este nuevo organismo oriente sus objetivos a las buenas prácticas internacionales en la materia, que se transforme en un brazo ejecutor eficiente de la política y la planificación energética y que no solo tenga como objetivo primario el recorte en el gasto administrativo del control regulatorio.
Publicado en Clarín el 16 de julio de 2025.
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