El gobierno del Presidente Milei comenzó, con severos problemas para completar el organigrama del Estado, en particular en cargos sensibles. Un problema que en principio se disimuló con la reducción de ministerios, la superposición de funciones y la designación de funcionarios sin antecedentes, no solo en la función pública sino en los temas de incumbencia.
Si bien esto último no sería un problema exclusivo de la actual administración, pasados seis meses queda en evidencia la falta de equipos técnicos, la falta de planes y la falta de coordinación en la gestión, cuestiones que no resuelven ni con un mega decreto, ni una Ley Ómnibus.
Y si bien el propio presidente se describe como un “topo infiltrado” con la misión de destruir al Estado y más allá de los dogmas económicos del Poder Ejecutivo, lo cierto es que en la gestión del día a día, existen sectores críticos donde las funciones del Estado son indelegables. Uno de estos sectores es el energético.
Marchas y contramarchas en la política energética
El punto de partida de la actual administración fue sumamente desafiante:
- Precios y Tarifas energéticas que cubrían menos del 10% de los costos,
- una virtual cesación de pagos en el sector,
- una cuenta de subsidios financiables por el Tesoro
- la demora en obras criticas como la finalización del gasoducto a VM y la reversión del Gasoducto del Norte,
Frente a este escenario, el gobierno presento un reducido equipo de gestión energética que parece haber llegado sin programa. A continuación, solo algunos ejemplos.
- Las Tarifas
La devaluación de arranque (118%) licuó las ya atrasadas tarifas en pesos, que deben pagar costos dolarizados, una situación que debería ser abordada en varios frentes, aquí por lo menos 3:
- La urgente implementación de una tarifa social que permita focalizar correctamente los subsidios en un contexto donde más del 50% de las familias son pobres.
- La corrección tarifaria (incluye precios de la energía), debía contemplar un esquema gradual en particular para los sectores de ingresos medios y bajos.
- Y la gestión de costos, reduciendo el costo de abastecimiento de gas y de generación eléctrica a partir del aporte de volúmenes incrementales de producción nacional vía la operación de nuevos gasoductos.
El gobierno arrancó a buen ritmo, con el llamado a audiencias públicas en enero para la actualización de los precios mayoristas de gas y electricidad. Presentó un esquema donde los subsidios se reducirían en tres saltos tarifarios mensuales iguales y sucesivos del 33% cada uno con el objetivo de lograr el “catch up” de costos. Es decir, en tres meses el problema de los subsidios estaría solucionado….
Sin embargo, el 1° de febrero se publicaron las nuevas tarifas eléctricas (1° salto), en marzo no hubo novedades y recién el 1° de abril se publican los nuevos precios del gas y ya nadie del equipo de gobierno hablo más ni de los 3 meses, ni de los 3 saltos, ni de las audiencias.
En mayo correspondía la publicación de los precios estacionales de invierno y por lo tanto las tarifas finales tendrían que actualizarse en la misma proporción que la variación de los costos energéticos. Sin embargo, el Ministerio de Economía instruyo al secretario de Energía a “postergar la aplicación efectiva de las actualizaciones tarifarias” …” con el objetivo de consolidar el proceso de desinflación” …. dicha instrucción se reflejó luego en sendas resoluciones de los Entes Reguladores de fecha 16 y 20 de mayo suspendiendo los aumentos.
Vale decir que la postergación de aumentos también incluyo el freno del aumento del impuesto a los combustibles y de los aumentos de los boletos de colectivo y tren.
El 1° de junio, y a menos de dos semanas de suspender los aumentos, el gobierno publicó los nuevos precios estacionales de invierno vía las resoluciones 91 y 92/2024, por las cuales se efectivizan los aumentos suspendidos 15 días antes.
Pero las contramarchas no terminan, por Res ENARGAS 41/2024 (marzo) y por Res ENRE 101 y 102/2024 (febrero) se definieron criterios de actualización por inflación para las tarifas reguladas de distribución en gas y electricidad. Dichos mecanismos que tenían el objetivo mantener la tarifa constante en términos reales y permitir a las distribuidoras la realización de las inversiones y el pago de deudas acumuladas, tendrían que haber entrado en vigor a partir del 1° de mayo. También fueron suspendidos.
No solo eso, en la misma res 41 se preveía la actualización del precio del gas en dólares en función de la evolución del tipo de cambio. También se suspendió.
En resumen, en los últimos veinte días se dio marcha atrás con todos los acuerdos y compromisos tarifarios alcanzados en seis meses, se volvió a la discrecionalidad en la toma de decisiones, se perdió gran parte del “crédito inicial” que tiene todo inicio de administración y no se realizaron avances en línea con retornar a la institucionalidad del sector, solo un ejemplo, los Entes Reguladores continúan intervenidos sine die.
- La Tarifa Social.
El 29 de febrero la SE presentó en audiencia pública una serie de criterios para focalizar los subsidios, un sistema que pretende ser superador a la segmentación vigente. El diseño de Canastas básicas energéticas (CBE) a partir de criterios multidimensionales (ingresos, cantidad de habitantes por vivienda, consumo, ubicación geográfica, zona bioclimática), implica la implementación de múltiples canastas, quizás tantas como familias residen en el país. Un mecanismo de extrema complejidad no sólo por el manejo de información, sino por su implementación que no reconoce antecedentes ni regionales, ni mundiales.
Tal es la dificultad del instrumento, que a 6 meses de gestión todavía no existe un mecanismo de tarifa social federal. La Tarifa social resulta decisiva para el éxito de cualquier proceso de recomposición de precios relativos, en particular en una coyuntura de alta inflación, alta pobreza y salarios reales a la baja.
- La suspensión en la obra pública y la demora en la compra de gas.
Un mundo conflictivo trajo de nuevo a la discusión pública global el concepto de “la seguridad energética”, en forma sintética: ¿cómo garantizar un abastecimiento energético firme en el tiempo y a precios competitivos? La respuesta a esta pregunta es un rol indelegable de los Estados y particularmente relevante en nuestro país, que depende de energía importada para abastecer los picos de consumo de energía.
La coyuntura nos muestra que, con la llegada de la primera ola polar, primero se cortó el abastecimiento de GNC, y luego (por dos días) se cortó el gas a las industrias más importantes del país.
No es novedad que en mayo comienza el frío, y con el frio llegan las importaciones de gas desde Bolivia y por barco.
Si bien es cierto que las temperaturas de mayo 2024 estuvieron por debajo del promedio histórico, también lo es que Bolivia (nuestro histórico proveedor), había anunciado en febrero la imposibilidad de continuar enviando los volúmenes comprometidos, sencillamente porque sus yacimientos ya no producen las cantidades necesarias. Por lo tanto, el gobierno ya sabía que en lugar de recibir entre 12 y 14 millones de m3/día previstos, solo recibiría 5millones m3/día… y con suerte…
Por lo tanto, la importación en barcos de GNL resulta critica para el pico de invierno de 2024. Es por esto que resulta poco entendible que si en mayo de 2022 y 2023 se importaron siete buques que inyectaron en promedio 12 Mm3/día, en mayo de 2024 los buques contratados fueron sólo tres, que inyectaron en promedio 5Mm3/día.
Es decir, las importaciones de gas del 2024 fueron 1/3 de las importaciones de GNL de los últimos dos años en el mismo mes.
Como era previsible con la llegada de la primera ola polar, se cortó el suministro al GNC vehicular y luego el corte a industrias consumidoras intensivas de gas…
¿Es culpa del otoño más frío en décadas?, ¿Puede el gobierno decir que no sabía que las obras para completar el gasoducto Néstor Kirchner no estarían disponibles al inicio del invierno? ¿Puede aducir ignorancia respecto del retraso de la reversión del gasoducto del norte (una obra critica para el abastecimiento del centro/norte del país)?
La respuesta es no. El JGM informó las demoras en las obras tanto en las plantas compresoras del gasoducto a VM, como en las licitaciones en el gasoducto del Norte. El propio SE en su visita al senado en ocasión del debate de la Ley Bases dio precisiones sobre la situación de las obras y su puesta en operación plena recién a finales de agosto.
Dos pueden ser las respuestas a esta contingencia:
- Impericia o inexperiencia de un gobierno con dificultades para completar el organigrama y que enfrenta su primer invierno con problemas de coordinación y gestión, y/ó
- Existió una decisión de priorizar la caja en búsqueda de mantener el superávit primario, una decisión que demoró la compra de barcos, cuyo pago es en efectivo previo a llegada a puerto y el clima jugó una mala pasada y la apuesta fracasó.
Probablemente pasaron las dos cosas…
En síntesis, estamos en presencia de un gobierno que desembarcó en la administración del Estado sin equipos, sin plan, sin proyectos pero con un dogma libertario de alcance poco claro que incluye un mantra: “no hay plata” y una decisión: destruir un Estado al que deben gestionar.
En este contexto, la solución de los problemas de la gestión del día a día no vendrán de la mano de una Ley Ómnibus, sino de una administración profesional del Estado, con equipos técnicos formados que puedan identificar problemas y programas que permitan implementar las propuestas.
Por lo tanto, la Ley Bases y el Decreto 70 pueden entregar medios para enfrentar los problemas, pero es cada vez más evidente que al gobierno le faltan instrumentos, equipos y gestión para implementarlos.
