Caos no es desorden. Etimológicamente es lo que se abre inconmensurablemente, sin punto de apoyo. Por eso es la base del poder en la concepción populista: es poder, solo y mientras siga siendo acrecentamiento y se ordene a sí mismo más poder; su detención marca el inicio de la impotencia.
Para entender la nueva configuración política argentina vale más lo que se dice con lo que no se dice. Hay dos datos para explicar este aparente trabalenguas: el temario para sesiones extraordinarias anunciado por el Poder Ejecutivo y las recientes declaraciones de una de las más prominentes figuras de la “oposición”.
Las sesiones extraordinarias tienen una connotación de urgencia, que excede la coyuntura y se explica por asuntos impostergables, que justifican convocar al Congreso fuera de lo ordinario. Los temas propuestos no cumplen con ninguno de los requisitos; todos podían esperar y ninguno es eminentemente central. Pero lo más importante es lo que no está: brillan por su ausencia el presupuesto y las polémicas nominaciones para ocupar asientos en la Corte Suprema de Justicia.
Programa de gobierno y ley de leyes se le llama al presupuesto. Es la brújula normativa para el normal funcionamiento de un país: se trata de autorizar qué se gasta y cómo se gasta, de manera transparente y a resultas de una discusión en el Congreso. Se distorsionó durante el largo período perokirchnerista, en línea con romper instituciones guías, como el INDEC, para ocultar la inflación. Toda una tradición que tristemente continúa y empieza a dejar mensajes preocupantes, incluyendo a inversionistas tan proclives a denostar las formas, hasta que con el tiempo se arrepienten, porque no la vieron.
Lo de las nominaciones a la Corte es un silencio que sugiere acción oblicua: su designación en comisión por decreto, para esquivar la falta de mayorías en el Senado, aprovechando el receso estival. Se cita como antecedente justificante la última nominación del presidente MACRI: un error disfrazado de verdad a medias, porque ese decreto establecía expresamente la correspondiente anuencia legislativa, que estaría faltando en este caso. Manipulación institucional y argumental, que abre signos de interrogación de gravedad.
El marco de análisis se completa con la declaración de necesidad de reforma constitucional por una prominente opositora. La prominencia toma carices acuerdistas cuando se consideran los fundamentos: elección popular de los jueces, para terminar con “rémoras monárquicas”; votación cada cuatro y no cada dos años; y algo no tan claro, pero enunciado al pasar: la libertad de prensa, como una formación de dominio para controlar.
Silencios de un lado; palabras del otro, que dejan entrever más concordancias que desacuerdos, y empiezan a delinear un pacto de olivos reciclado. Los extremos se tocan y sale a la luz lo que los amalgama: un bipartidismo de izquierdas y derechas, en base a un poder sin control judicial y de la prensa, que asegura que nunca caiga en la impotencia de rendir cuentas ni dar explicaciones. Debilitar la política y el control. Todo lo que no es una república; todo lo que está mal y hay que evitar.
