La semana pasada, en un anuncio histórico, el gobierno de EE.UU. apoyó la propuesta de India y Sudáfrica de renunciar a la protección de las patentes para las vacunas contra la Covid-19. Esta medida, destinada a aumentar el suministro global de vacunas y terminar con la desigualdad en el acceso a las mismas, alinea a Estados Unidos con alrededor de 100 países, entre ellos Argentina.
Una exención temporal de la propiedad intelectual enviaría un poderoso mensaje de los países más ricos y las grandes compañías farmacéuticas sobre que es posible renunciar temporariamente a grandes ganancias por un bien mayor.
Quienes proponen esta medida señalan que muchas empresas ya se han beneficiado con miles de millones de dólares de financiamiento público, tanto para la investigación y desarrollo (I+D) como para la compra anticipada de vacunas.
Si bien tengo dudas de cuál puede ser el efecto real de estos anuncios, al menos en el corto plazo, creo que debieran tomarse en cuenta algunos aspectos relevantes para entender las razones de esta decisión y también para conocer cuáles podrían ser sus riesgos y consecuencias.
Por un lado, la inequidad global en la distribución de vacunas es brutal. El mundo necesita alrededor de 11 mil millones de dosis para inmunizar a 70% de su población con dos dosis, como fijan la mayoría de los esquemas. De 8.600 millones de dosis solicitadas a nivel mundial, 6.000 son para los países más ricos. Así, los países más pobres, que representan el 80% de la población mundial, sólo tendrán acceso a menos de 1/3 de las vacunas disponibles.
Por otro lado, la protección de la propiedad intelectual persigue como objetivo principal proteger a los inventores de la competencia desleal, creando un monopolio por un tiempo limitado (en general 20 años),
como recompensa por su inversión en I+D. La protección de patentes es una norma que existe en todos los países con economía de mercado, incluyendo el nuestro.
Para comprender el impacto de esta medida, que se está debatiendo en la Organización Mundial del Comercio (OMC), las preguntas que debemos responder son: 1) ¿Existe algún riesgo de que esto desincentive a la industria
y pueda comprometer la innovación tecnológica en el futuro, incluyendo la respuesta a otras pandemias o catástrofes sanitarias? 2) ¿Cuál es la chance de que esta suspensión temporaria vaya a mejorar realmente el acceso a las vacunas?
La suspensión de la patente, aunque transitoria, puede enviar una señal confusa a la industria y desincentivar las enormes inversiones que realiza. Por ejemplo, en 2018, EE.UU. invirtió 194.000 millones de dólares en I+D en salud, de los cuales 2/3 provinieron de la industria farmacéutica y tecnológica.
En este sentido, la competencia entre empresas y gobiernos por producir vacunas en tiempo récord durante la pandemia, guiados en buena medida por los incentivos económicos, podría no darse en futuros escenarios similares.
Sin embargo, la pregunta del millón es si en esta carrera entre la humanidad y el SARS Cov-2, en lugar de competir, los países y las empresas no deberían cooperar para poner fin a la pandemia en todo el planeta y no sólo en los países más ricos.
Hay que evitar que suceda nuevamente lo que pasó en los ‘90 con la pandemia de VIH/SIDA, donde los países pobres no accedían a los tratamientos efectivos, hasta que algunas de ellos como Sudáfrica y Brasil tuvieron que imponer licencias obligatorias para despertar al mundo sobre lo que estaba pasando.
Para responder a la segunda pregunta, consideremos que el cuello de botella para escalar la producción global de vacunas no sólo comprende la manufactura del principio activo o la plataforma tecnológica para su desarrollo, sino que depende también de otros insumos.
La fabricación de vacunas puede requerir más de 200 componentes individuales: viales, filtros o resinas, que a menudo provienen de diferentes países, o enzimas, nucleótidos, y “tapas” para las cadenas de ARN de algunas vacunas, que también tienen protección de patentes. Además, aún si se logra la liberación de las patentes en la OMC, se debe implementar luego la transferencia tecnológica y una inversión masiva para escalar la fabricación.
Por eso es difícil que esta medida tenga efecto real en el corto plazo. Mientras tanto, hay otras alternativas para facilitar un acceso a vacunas más equitativo: donaciones del excedente de los países ricos, fortalecimiento del Fondo Covax de OMS, o establecimiento de más licencias entre empresas de países desarrollados y en desarrollo para aumentar su producción y distribución.
En conclusión, probablemente esta medida no acelere la producción y distribución de vacunas para los tiempos cortos que se necesitan, pero no deja de ser un hecho simbólico auspicioso en un mundo dominado por el nacionalismo vacunal. Para combatir esta y futuras pandemias en un planeta cada vez más inequitativo, la solidaridad global es fundamental.
Publicado en Clarín el 13 de mayo de 2021.
