El último siglo ha sido testigo de un desarrollo económico capitalista sin precedentes, sobre todo luego de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese progreso en términos de capital, impulsado por la producción y el consumo, se ha encontrado -en contra posición- con una realidad cada día más palpable: la degradación ambiental, que amenaza con sobrepasar los límites planetarios, de los que depende nuestra calidad de vida.
Hay una coyuntura innegable: se consumen más recursos ecológicos de los que la Tierra puede producir en un año. De este modo, las mejorías en la eficiencia de los sistemas existentes no serán suficiente para enfrentar los desafíos ambientales y sociales que se aproximan. Así, mientras los modelos lineales están sujetos a precios fluctuantes, y dependen del acceso a materias primas limitadas, contribuyen a la degradación del ambiente.
En ese sentido, hoy es imprescindible gozar de la creatividad y la astucia para planificar nuevos proyectos capaces de llevar a cabo políticas públicas que satisfagan las tres aristas del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. Y para ello será fundamental que el Estado y el sector productivo puedan trabajar en conjunto, liderando la transformación de la sociedad del Siglo XXI.
Esto es algo que bien saben desde el Gobierno de la Ciudad y también desde el nacional. Ambos lados de la grieta son conscientes de que está en disputa el contenido de esa agenda ambiental climática. El gran desafío de la política ambiental es hacer conjugar la reactivación económica y la reconstrucción del tejido social, con la agenda de la transición ambiental. En otras palabras, el gran desafío es cómo lograr desarrollo económico sustentable con inclusión social.
Al hablar de esto no hablamos particularmente de gases de efecto invernadero, estamos hablando de creación de trabajo para sectores informales de la economía y de una batalla cultural para entender la basura como un insumo para la producción.
En línea con los debates ambientales que los Partidos Verdes promueven en el parlamento europeo y con avances latinoamericanos como los que se dieron en México, la Ciudad de Buenos Aires sancionó este año una Ley de Economía Circular que busca reemplazar un sistema económico donde se produce, se usa y se desecha, por un sistema en el que el valor de los recursos, materiales y productos se mantengan dentro de la economía durante el mayor tiempo posible. Esto brinda la posibilidad de hacer un uso más eficiente de recursos limitados, reducir el impacto ambiental de su uso, y restringir la cantidad de residuos que se generan.
Esta Ley se basa en un diagnóstico actual y desfavorable en términos de la gestión de los recursos sólidos urbanos y propone una nueva estrategia que abarca todas las fases de la cadena de valor y del ciclo de vida de un bien, producto o servicio. Esto incluye las etapas de extracción y abastecimiento de recursos, diseño y producción, comercialización y consumo, así como la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. De esta forma, la ley apunta al “ecodiseño”, la innovación, la inversión y la creación de “empleos verdes”.
En suma, la normativa busca consensuar políticas sectoriales e instrumentos capaces de favorecer la transición hacia una economía circular, de forma gradual y sin perjudicar a los sectores que tendrán a su cargo la transformación del modelo productivo y de consumo. Esto incluye distintas aristas que van desde políticas educativas y campañas de concientización, hasta la creación de nuevos incentivos económicos, mecanismos de acceso a financiamiento internacional, marcos regulatorios y sistemas de certificación como los que se usan en el continente europeo.
Publicado en El Canciller el 28 de diciembre de 2021.
