El propósito de estas líneas es ofrecer una interpretación histórico-política que permita analizar en sus trazos gruesos la cuestión jujeña, el conflicto agudo que agita a la provincia en estos días y la proyección de estas escaramuzas sobre un próximo gobierno nacional encabezado por la actual oposición.
Todas las tendencias ideológicas, partidos e instituciones de la Argentina carecimos durante la mayor parte del siglo XX de un orden constitucional. Desde el golpe de 1930 contra Hipólito Yrigoyen hasta la reforma de 1994 el sistema político se retorció en sucesivos combates por el poder sin una regla suprema que los organizara.
Aun cuando durante ciertos períodos lograran instaurarse gobiernos de jure, su legitimidad era impugnada por otros actores significativos y se incubaban así las sucesivas irrupciones de las dictaduras militares. Esa inestabilidad residía, en última instancia en que la constitución vigente no era aceptada con el consenso indispensable.
Insumimos varias generaciones en conformar el orden legal en 1983 y consolidarlo una década después, en 1994, en una Asamblea Constituyente con reconocimiento generalizado. No obstante, en bolsones minoritarios subsiste la creencia de que el poder puede disputarse y obtenerse por medio de la fuerza y la violencia.
La reconversión del sistema político e institucional de nuestro país hacia un método democrático para establecer y renovar las autoridades ha avanzado mucho durante el ciclo de los últimos 40 años pero lejos está de haberse completado. Los autoritarios y los renegados siguen activos e invaden de tanto en tanto el escenario público.
A propósito, una herramienta idónea para poner a raya al golpismo fue la Ley de Defensa de la Democracia N°23.077 y la erección del régimen constitucional y la vida democrática como un bien jurídico protegido por la legislación penal. Esa novedad doctrinaria se plasma, después, en el Art. 36 de la Constitución Nacional.
En la tradición liberal, todo régimen democrático debe amparar a los objetores de conciencia, a quienes ejercen la desobediencia civil y a todos aquellos que en nombre de las más diversas causas se manifiestan, protestan y luchan por medios pacíficos contra las autoridades y el orden establecido.
Pero el empleo de la fuerza: el escrache, el apriete, el piquete, la violencia moral o física y, peor aún, su asociación con las presiones corporativas o con el crimen organizado o con la corrupción en el Estado son ejercicios de otra clase, demasiado insidiosos y peligrosos como para que nos mantengamos indiferentes a su deletérea influencia.
¿Cómo se conforma la mentalidad de estos grupos? Cuesta aceptar que sean portadores de una cultura política, porque la propia palabra cultura les queda grande. Pero, como quiera que la designemos hay allí una persistente subjetividad, arrogante y despótica, cuyos componentes conviene dejar en claro.
Las mañas, vicios, hábitos y taras típicos de esa conducta política se basan en la acción directa, que proviene de los anarquistas del siglo XIX. Es decir, al recurso de los golpes ilícitos para ganar posiciones, suscitar miedo y obtener ventajas ya en los bordes o ya por fuera del sistema legal, al que desprecian como escenario de convivencia.
Pero, el escalamiento de esos episodios ocasionales realizados desde núcleos reducidos para que repercutan en la ecuación de poder y alcancen más volumen requiere otras técnicas complementarias. La propaganda, basada en falsedades, exageraciones o infundios es una de ellas. La otra es la provocación.
La provocación apunta a irritar a un contrincante más poderoso para que conteste a una acción directa de escasa magnitud con una reacción desproporcionada. Es una dialéctica de violencia cuyo objetivo central es explotar el rechazo e indignación que esa represión exagerada, a veces irreparable, puede suscitar en la opinión pública.
Otro factor que estimula y favorece a la provocación son aquellos protagonistas del sistema institucional que apuestan a beneficiarse con su éxito y que le prestan apoyo, en ocasiones acercándoles recursos públicos para financiarlos y encubrirlos. Ese oportunismo, disfrazado a veces de solidaridad, debe ser puesto en evidencia.
El desafío para el sistema institucional es doble. Por un lado, hay que crear conciencia de que estas prácticas rompen el límite de la competencia democrática. Pero, también se debe entender en qué medida se aprovechan demandas legítimas de la sociedad a las que solo las políticas públicas eficaces pueden proveerles una solución de fondo.
El proceso jujeño a partir de 2015 y su desenlace en las últimas semanas sirven como modelo de esta confrontación entre el sistema institucional y sus desafiantes. La democracia social, encabezada por el radicalismo, puede estar conforme con la reconstrucción de la legalidad y de las capacidades institucionales de la Provincia.
Es que la situación previa, a cargo del peronismo, era de ahogo a las libertades, de vaciamiento del rol esencial del Estado, de corrupción y clientelismo. En ese contexto, el poder paralelo de la Tupac Amaru, sus métodos violentos, la población cautiva, el saqueo al patrimonio público comprometían la paz social y la propia convivencia jujeña.
En cambio, desde hace ocho años las instituciones fueron reconstruidas, una voluntad popular mayoritaria sostuvo el orden democrático, la justicia pudo evaluar según el código penal los delitos cometidos por la facción sublevada y su cabecilla quedó presa, con todas las garantía legales, purgando las condenas correspondientes.
El gobierno nacional kirchnerista intentó desde 2019 y hasta el presente todo tipo de maniobras para restablecer el poder de la Tupac y de su lideresa. Intentó, incluso, la intervención federal de Jujuy pero la correlación de fuerzas no le fue favorable. El triunfo de la integridad cívica residió en el apoyo popular que rodeó a la gestión provincial.
Con el éxito en la sucesión constitucional hacia un nuevo gobierno, alcanzada el pasado 7 de mayo de 2023, se garantizó la continuidad política por otros cuatro años, con lo cual la suerte de la variante facciosa estaría echada. El reaseguro institucional fue una reforma constitucional, trabajada desde setiembre del 2022 y aprobada este 20 de junio.
Esta reforma parcial de la Constitución Provincial fue aprobada con el consenso del justicialismo local. Paso tras paso, con debate, participación y a la luz pública el régimen legal jujeño avanzó en varios ítems sensibles. Uno de ellos es disponer que la legislación ordinaria deberá regular las protestas para evitar los cortes de ruta y de calles.
Esta garantía para el derecho a la circulación de todas las personas en su vida cotidiana atiende un malestar generalizado y cierra el camino a la acción directa y la provocación, técnica sistemática de la Tupac y otros grupos para sustituir la participación democrática por el empleo de la fuerza y la extorsión como fuente de poder.
Otra cláusula veda los indultos o amnistías que en el futuro pudieran utilizarse para otorgar la impunidad a una amplia gama de delitos que resultaron esclarecidos durante los últimos años mediante el debido proceso legal. Hacer irreversible la condena a esas prácticas violentas abre la expectativa de erradicarlas de manera definitiva.
La acción directa y la provocación al Estado con que grupos pseudo mapuches convulsionaron a la Patagonia pusieron en evidencia que también el empleo de armas y explosivos para generar atentados y atemorizar a la población forma parte del curso de acción que estas sectas pueden adoptar.
El trasfondo es, conviene hacerlo presente, la prolongada ineficacia para asignar la tierra a las comunidades indígenas conforme la legislación aprobada durante la transición democrática (Ley 23.392/85). Los incumplimientos y negligencias de la administración nacional ofrecen el contexto para sumir a algunas comunidades en la desconfianza.
Una redacción, tal vez equívoca, de los artículos sobre este asunto en la reforma constitucional llevó al gobierno provincial a dar marcha atrás y reafirmar el texto anterior de 1986. No obstante, la desestabilización estaba lanzada. El gobierno nacional avaló una ofensiva de los mismos activistas patagónicos trasladados a la provincia norteña.
El ataque a la legislatura con propósito de tomar y destruir el edificio evoca episodios similares en Washington y Brasilia que conforman el clima de época. La complicidad del gobierno nacional al negarse a despejar las rutas nacionales es un hecho institucional muy grave que revela que la acción directa y la provocación gozan de amparo oficial.
Por cierto, el peronismo es una fuerza política ambivalente en su ejercicio de las funciones constitucionales como oficialismo y como oposición toda vez que mantiene abierto, a discreción, el aprovechamiento de las prácticas violentas contra el orden jurídico y la vida democrática si eso perjudica a sus adversarios.
Es flagrante la promiscua combinación entre métodos legales e ilegales que el peronismo, en particular el kirchnerismo, ejerce en el sistema político. Por eso es tan importante atravesar esta coyuntura preelectoral promoviendo la defensa de la paz social y la vida democrática expuestos en la constitución nacional y en la de Jujuy.
En el ala recalcitrante del kirchnerismo, antiguos jefes de la guerrilla de los setentas se han especializado en soliviantar y dar apoyo a la agitación indígena, también en Jujuy. La convergencia con una reivindicación docente acaso desmadrada, alentó la prolongación de un clima de facto que perjudicó al turismo en pleno receso invernal.
El éxito del gobierno radical de Jujuy en varias de sus políticas representa para los autoritarios una evidencia intolerable de que el orden legal y la vida democrática es fructífera en la promoción de la justicia social y el desarrollo económico, eternas promesas incumplidas por el peronismo durante sus ocho mandatos consecutivos.
El turismo, como industria de paz, forma parte de esos avances aunque también lo son la energía solar, la explotación racional del litio y la potencial cadena productiva de ese mineral crítico. Sembrar dudas y temores sobre efectos ecológicos indeseables es parte de los infundios con que se quiere desacreditar un buen suceso democrático.
Desde luego, el telón de fondo de esta escalada son las campañas electorales. En ese escenario, el protagonismo del gobernador de Jujuy como presidente del radicalismo e integrante de una de las fórmulas para las PASO del mes próximo les resulta a sus adversarios un aliciente adicional.
Algunos errores, como la intervención policial sobre el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, aún con la rápida rectificación y separación de los jefes responsables han dado pábulo a la difusión ante sectores de opinión pública inadvertidos de que la reforma constitucional jujeña es apenas un episodio autoritario.
La Iglesia Católica asistió en silencio durante los largos meses en que se propuso la reforma constitucional, se eligió a los convencionales y se realizó la deliberación. Una vez desatada la catarata de acciones directas, interpuso un sesudo recurso judicial contra la reforma, a la vez que se ofreció para el diálogo entre las fuerzas enfrentadas.
¿Cómo cabe interpretar que los prelados se mantuvieran pasivos si la propia institución contaba con argumentos tan decisivos contra la constitucionalidad de la reforma en ciernes? No deja de asombrar esta plasticidad para tomar partido contra el régimen político, una vez que sus desafiantes hacen estallar la pugna en el espacio público.
Algo interesante en la cuestión jujeña es cómo pueden extraerse lecciones para el próximo período presidencial, en el caso muy probable de que la actual oposición alcance el gobierno. Una de ellas, ya señalada, es que el peronismo en la oposición es capaz de alternar el empleo de herramientas democráticas con otras que no lo son.
También se avizora que otras instituciones poderosas, en la antigua estela de nuestra peor tradición corporativa, se desempeñen con oportunismo frente a las coyunturas críticas y no exhiban toda la lealtad esperable hacia la vida democrática cuando los cantos de sirena de la desestabilización comienzan a seducirlos.
Entre las variantes de Juntos por el Cambio que compiten en las elecciones primarias del mes próximo hay un debate entre valores y estrategias sobre cómo afrontar la contestación social y política, cuando ejerce el método drástico de la acción directa y la provocación.
En torno a la cuestión de los piquetes y otras medidas de fuerza reside una discrepancia bastante central. La candidata de “Fuerza para el cambio” enarbola como postulado máximo el orden y como instrumento privilegiado el empleo enérgico de la fuerza pública para garantizar la libre circulación de calles y caminos.
Para esta concepción la paz social no es un objetivo en sí misma sino una resultante de la eficaz acción de las fuerzas federales en combinación con las provinciales, bajo supervisión judicial. En contraste, la agrupación rival “El cambio de nuestras vidas” asume una postura más moderada en torno al empleo de la fuerza pública, que comparte parecida firmeza pero incluye el diálogo y la negociación.
La disyuntiva que, entre otros ejes en debate, habrán de dirimir los ciudadanos en las elecciones primarias consiste, entonces, en la manera en que un nuevo gobierno decide afrontar el desafío de toda experiencia alternativa: superar la acción directa y la provocación y neutralizar el coqueteo de ciertos sectores del peronismo con ese método.
El quantum de firmeza o de versatilidad es lo que está en juego, asociado en cada caso con una alternativa entre valores. Según ésta el ala “dura” de Juntos por el Cambio se arriesga a que la represión se escape de su control mientras el ala “blanda” se arriesga a que la preservación de la paz social deje insatisfecho el clamor por el orden público.
En la medida en que el intríngulis es difícil de resolver, ambas estrategias acarrean peligros de fuste para la estabilidad democrática y el progreso de las reformas económico-sociales esperadas. La cuestión jujeña es un caso en desarrollo de suficiente entidad como para tenerlo muy en cuenta a la hora de alentar un enfoque o el otro.
