Diversas tensiones dentro de nuestro sistema federal quedan expuestas en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en “Ferrari, María Alicia c/ Levinas”. La problemática tiene raíces históricas en el pensamiento federal: el conflicto en torno a la autoridad compartida entre los tribunales nacionales y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
María A. Ferrari interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el TSJ de la CABA contra una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. El TSJ se declaró competente, mientras que la parte contraria (“Levinas”) la cuestionó. Sostuvo que correspondía a la CS intervenir en la causa por tratarse de una decisión de un tribunal nacional.
Las ideas de Eugenio Bulygin (2002) sobre las lagunas normativas ayudan a comprender el caso. Esta perspectiva teórica adquiere relevancia cuando es analizada en el contexto del pensamiento federal clásico. Bulygin distinguía dos tipos de vacíos legales: las lagunas por indeterminación, que surgen cuando las leyes existentes son vagas o imprecisas, y las lagunas por ausencia, que se presentan cuando falta una regulación sobre un tema específico.
El fallo “Levinas” evidencia ambas situaciones: existe una indeterminación en la ley 24.588 que, si bien pretende regular las competencias de la CABA, lo hace de manera imprecisa y ambigua, especialmente en lo referente al alcance jurisdiccional del TSJ. La ausencia de regulación sobre la cuestión específica de qué tribunal debe intervenir cuando se cuestiona una sentencia de un tribunal nacional en el ámbito de la CABA, constituye el segundo aspecto crítico.
La doble problemática obligó a la CS a resolver no solo un conflicto de competencia particular, sino también a establecer criterios generales para llenar vacíos legales. Las consecuencias institucionales para el sistema federal resultan significativas.
El voto de la mayoría (Rosatti, Lorenzetti y Maqueda) sostuvo su decisión en tres pilares jurídicos. Una interpretación evolutiva del artículo 129 de la CN, que garantice la autonomía de la CABA. El principio de progresividad en la implementación de dicha normativa.
Por último, la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la Justicia. Ante la ausencia de implementación legislativa corresponde a los tribunales asegurar la operatividad de las garantías constitucionales. Plantea el alcance de los límites del control judicial.
Rosenkrantz desarrolló una postura que supera la preferencia por una solución legislativa. Argumentó que la decisión de sus colegas modifica el diseño institucional y excede las facultades jurisdiccionales. Encuentra resonancia en las reflexiones federalistas sobre los límites del poder judicial. Sostiene que la gradualidad en el traspaso de competencias fue el resultado de una decisión deliberativa de los constituyentes que no puede modificarse por vía judicial.
Este razonamiento plantea un interrogante clave: ¿En qué momento deja de ser “razonable” la falta de consenso o voluntad política para resolver cuestiones jurídicas?
Existen consecuencias prácticas a partir de “Levinas” que se materializan en tres planos. Establece un precedente de la CS (no obligatorio) para los casos similares donde se discuta la competencia entre tribunales nacionales y el TSJ de la CABA en materia de derecho común. Modifica la estructura procesal actual, que demanda una readecuación de los procesos judiciales en trámite.
Finalmente, crea la necesidad de establecer parámetros claros para delimitar competencias con el fin de prevenir nuevos conflictos jurisdiccionales. Genera desafíos en lo inmediato para los operadores judiciales, que deberán adaptar sus actuaciones a la nueva jurisprudencia, mientras esperan una eventual solución legislativa.
A pesar de la reforma de 1994 que otorgó a la CABA el estatus de “estado miembro” de la federación, las reformas legislativas necesarias para materializar esta autonomía permanecen pendientes. Se debe someter la ley 24.588 a un control riguroso para determinar si existen fallas.
La situación actual presenta una doble problemática. Por un lado, que los vacíos legales inmediatos afectan el funcionamiento judicial cotidiano y demandan soluciones urgentes. Además, existe la necesidad de reforma legislativa integral que materialice el diseño federal previsto en la CN. Este escenario plantea una pregunta relevante: ¿en qué medida resulta sostenible resolver estos conflictos mediante decisiones judiciales aisladas?
Se debe considerar una reforma legislativa y la distribución de competencias. Se debe encontrar un equilibrio entre la necesidad inmediata de justicia y el desarrollo institucional a mediano o largo plazo. Este equilibrio debe priorizar la construcción de un diseño normativo e institucional que otorgue efectividad a la autonomía porteña.
El vacío normativo ha generado una contradicción significativa en el sistema judicial argentino, que parece paralizado frente a la necesidad de reformas. La omisión de legislar refleja que lo resuelto en esta sentencia resulta ser un “dinamismo institucional” que trasciende el caso particular. La postura mayoritaria busca una solución práctica para un problema que, según sus fundamentos, no puede esperar la intervención de los actores políticos. Sin embargo, este razonamiento genera un interrogante ¿corresponde a la CS corregir vacíos legales?
El análisis de Bulygin ofrece una perspectiva valiosa para abordar estos desafíos institucionales. Un sistema normativo debe anticipar y gestionar las lagunas jurídicas de manera estructural. La solución no radica en decisiones judiciales ad hoc, sino en el diseño de un marco normativo que defina con claridad las competencias entre tribunales nacionales y locales. El fallo “Levinas” trasciende su carácter de conflicto particular para revelar las dificultades estructurales de un sistema federal que aún no resuelve sus tensiones internas.
Publicado en Clarìn el 10 de enero de 2025.
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