En tiempos en que se compite por quién grita más fuerte y quién dice el insulto más procaz, proponer una conversación racional parece un acto revolucionario.
Hasta los periodistas del prime time insultan a cámara como vulgares barrabravas, hundiendo la memoria de Mariano Moreno en aguas cada vez más turbias.
Pero como creo que el debate racional es inherente al sistema democrático, escribo aquí para quienes quieren pensar y disentir sin histeria.
En los países más importantes se otorgan asignaciones a los expresidentes, que se fundamentan en la calidad institucional y en el respeto a sus investiduras. Argentina, por su parte, no es un país tercermundista que se desentiende de sus expresidentes, ni los obliga a distraerse del ejercicio de sus funciones para planificar su futuro, al dejar el cargo más honorable de la Nación. Los expresidentes deberían ser personas de consulta, ya que gobernaron el país y nos siguen representando en el mundo.
El caso de Estados Unidos es el más paradigmático. En ese país, se está discutiendo si debe quitarse la protección del servicio secreto o la asignación para personal de apoyo a aquellos expresidentes con condena. No se discuten, sin embargo, las asignaciones vitalicias que tienen asignadas por ley todos los expresidentes y sus viudas.
El tema se discutió en el Congreso norteamericano por primera vez en 1912, y volvió al debate público en 1955, por las limitaciones financieras de Harry Truman al dejar su cargo. La legislación buscaba “mantener la dignidad de la Gran Oficina” e impedir que un expresidente se involucre en “negocios o en una ocupación que denigrara la Oficina que él había sostenido o en alguna forma que pudiera considerarse impropia”. La ley “evitaría la posibilidad de indignidades y el deterioro de la visión del pueblo y el mundo respecto a la oficina del presidente de EEUU”. Se realizaron diferentes enmiendas, que incluían beneficios adicionales a la pensión, y fue finalmente aprobada en 1958.
Este sistema también funciona en Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, España y Brasil, entre otros países.
Mi posición es institucional. No tiene componentes corporativos o “de clase”, no es un fundamento para un rédito o interés personal, ya que no hay asignaciones vitalicias especiales para legisladores. Pero me molesta que me subestimen y no me banco la hipocresía política. Reivindico las instituciones más allá de las personas. Es loable que el presidente quiera renunciar a este beneficio, pero de lo que estamos hablando es de cuidar la institución presidencial de las posiciones corporativas y los incentivos de procedencia dudosa.
Considero un error introducir esta cuestión en el tratamiento de la reparación del haber jubilatorio, incorporado por otro bloque opositor. Este tema sólo sirvió para distraer el centro del debate central: la situación de los jubilados.
No le temo a las discusiones complejas y considero que en el debate político argentino existe un sentimiento culposo que nos destroza como Nación, en el que se abrazan causas aparentemente nobles y se omiten las discusiones serias. Entiendo el peso simbólico de la cuestión, pero como políticos no debemos fomentar la demagogia para analizar este tipo de cuestiones: existen otros mecanismos adecuados para castigar a quienes no hayan cumplido con sus deberes en la función pública.
También podemos observar esto en la discusión sobre los salarios de la administración pública, los que deberían ser razonables para reivindicar la función pública. El bajo reconocimiento salarial impide que los mejores cuadros técnicos se acerquen al Estado, degradando el funcionamiento de la administración. Ello tiene consecuencias muy nocivas para el país, porque esto es lo que allana el camino a personajes siniestros y abre la política institucional para aventureros y narcos. Lo inaceptable es recurrir a fraudulentas contrataciones u otros mecanismos oscuros, y hasta espurios, con el fin de incrementar el ingreso.
No lesionemos las instituciones, inspirémonos en el funcionamiento de los países que promovieron al capitalismo como el sistema indiscutido para el desarrollo económico y social.
Construyamos un Estado eficiente, inteligente, que esté a la altura de la nación importante que somos, y en el que podamos apoyarnos para progresar definitivamente.
Publicado en Clarín el 10 de junio de 2024.
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