La actual administración comenzó repitiendo la receta energética del kirchnerismo duro en el periodo 2003-2015: intervención de los entes sin límites, congelamiento de precios y tarifas y ruptura de todos los contratos. La mayoría habían sido renegociados entre 2017 y 2019.
Esta decisión política se tomó en el marco de la Ley 27.541 de 2019, antes de la llegada de la pandemia y mucho antes del inicio de la guerra en Ucrania.
La aceleración de la inflación y una brecha cambiaria cada vez mayor impactaron de lleno en una economía energética que había recuperado funcionamiento a partir de 2017. La normalización de los entes reguladores, el alineamiento de los precios de la energía local a los internacionales, la renegociación de los contratos de concesión y la recomposición de tarifas que a 2019 cubrían el 95% del costo del gas residencial y el 80% del costo eléctrico de las familias argentinas, permitía afirmar que el problema tarifario estaba prácticamente resuelto.
Lamentablemente hasta la llegada del ministro Sergio Massa, el Gobierno destino casi 3 años de gestión a discutir una segmentación de subsidios que va a contramano de lo que hace el mundo. Mientras la experiencia internacional muestra que se deben concentrar esfuerzos en identificar a la población vulnerable y focalizar los subsidios, el Gobierno se empecinó en empadronar a los sectores “ricos “para cobrarles tarifa plena (30% de las familias) y continuar con un subsidio generalizado para el 70% restante.
Esta concepción ineficiente de la focalización de los subsidios deja como hipoteca al próximo gobierno, que el 70% de las familias pagará tarifas que cubrirán solo el 10% del costo de la energía que consumen.
Dicho de otra forma, cada familia con subsidios (aquellos pertenecientes a los niveles 2 y 3 de segmentación) habrá recibido en 2023, el equivalente a un cheque mensual de $20.000 por hogar para cubrir los costos de las facturas de luz y gas, un número que se duplicará en 2024, según el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno hace pocas semanas.
Más subsidios y shock
Con costos de generación eléctrica dolarizados en un 80% y precios del gas nominados en dólares, la brecha y la corrección del tipo de cambio ponen presión a una cuenta de subsidios. El año 2023 debería terminar con subsidios equivalentes a 2% del PBI, pero el congelamiento electoral de tarifas en un marco de aceleración de la inflación dejará para el arranque del 2024 un piso de subsidios de 3% del PBI más deudas a productores de gas y generadores de por lo menos 0,5% adicional.
Pero las hipotecas no terminan con el tema tarifario y los precios de la energía dolarizados. El problema en el precio interno de los combustibles representa un desafío de primer orden.
El precio de los combustibles hoy refleja el valor de un “barril criollo” de US$ 56 a la cotización del dólar oficial, mientras que el precio internacional se ubica en US$90. A esto se suma el congelamiento por más de dos años del impuesto a los combustibles cuya recaudación financia en parte los subsidios al transporte. Es decir, el sinceramiento del precio de los combustibles enfrenta un triple shock: tipo de cambio, precio internacional y normalización impositiva.
Finalmente, en el corto plazo se enfrentan desafíos de infraestructura, el potencial de Vaca Muerta es una realidad, pero su puesta en valor requiere de infraestructura de transporte. Es urgente finalizar la 2da etapa del gasoducto de Vaca muerta y la reversión del gasoducto del norte, obras claves para garantizar el abastecimiento de gas del próximo invierno.
Por el lado de los subsidios al transporte las distorsiones también son enormes. En el marco de un congelamiento anunciado hasta el “10 de diciembre”, el boleto de colectivos cubre entre un 10/15% del costo, mientras que el boleto de tren solo alcanza al 2%.
Anuncio de campaña
En este contexto, y a una semana de la elección presidencial, el Gobierno anuncia la posibilidad de “renunciar” a los subsidios, en un esquema que transfiere la carga a los usuarios, desconoce la experiencia internacional respecto a la focalización de subsidios en población vulnerable y deja en claro dos mensajes: 1. No existe decisión política de esta administración de resolver de forma racional el problema de los subsidios económicos y 2. Se los utiliza como un instrumento electoral para generar temor a exorbitantes aumentos por quita de subsidios si gana alguno de los candidatos de la oposición.
En síntesis, la actual administración no solo deja una acumulación de hipotecas económicas, sino quizás el mayor problema es haber destruido hasta los cimientos todos los sistemas de precios de los servicios públicos. El desafío no pasa entonces por recuperar niveles tarifarios a costos razonables, sino de desandar un camino de populismo tarifario de casi dos décadas de impacto cultural profundo.
Por todo esto, las últimas medidas tarifarias del gobierno no solo son facilistas, oportunistas desde lo electoral, sino incorrectas, ya que un déficit de casi 3% del PBI en subsidios como dejara esta administración no se soluciona con medidas de equilibrio parcial. Es necesario un plan general y equipos con capacidad técnica de resolverlos.
Juntos por el Cambio a partir del trabajo conjunto de las 4 Fundaciones y en particular la Fundación Alem han puesto a consideración de la sociedad un plan de gobierno con medidas específicas de corto mediano y largo plazo para enfrentar este desafiante escenario.
Publicado en Clarín el 17 de octubre de 2023.
