La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó una serie de informes sobre varias empresas del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria en los que, a partir del análisis de sus estados contables a través de los indicadores económicos, patrimoniales y de resultados, se puede apreciar un diagnóstico acerca de la no sustentabilidad de estas empresas por su propia operatoria. Veamos los casos de:
Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) surgió en 2017 de una fusión entre Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA) y Energía Argentina S.A. (ENARSA) creada en el primer gobierno kirchnerista. Sus actividades se dividieron entre la comercialización de gas, de energía eléctrica proveniente de los emprendimientos binacionales, actividades de exploración y producción de hidrocarburos, y desarrollo de nuevos proyectos como la construcción de las centrales Cóndor Cliff y Bancarrosa.
El análisis de su situación patrimonial, económica y financiera correspondiente a 2018, señaló que las transferencias recibidas del Estado nacional para gastos de capital representaron el 99,7% del pasivo más el patrimonio neto. El patrimonio neto positivo se debió exclusivamente a la registración de las transferencias mencionadas por un valor de más de $117.800 millones. Sin la incidencia de las mismas, el patrimonio neto habría sido negativo en más de $58.500 millones.
El mismo informe de la AGN destacó que los costos por la compra de gas superaron significativamente a los ingresos por la venta en el mercado interno, para compensar esta diferencia se transfirieron subvenciones pormás de $42.300 millones, destinadas a financiar gastos corrientes. De no haber sido por la asistencia financiera del Estado nacional, la pérdida en el año 2018 habría sido de $102.200 millones. Su conclusión fue que los índices de sustentabilidad empresaria denotaban un alto condicionamiento de IEASA a la asistencia financiera del Estado.
En el año 2004 se dispuso la rescisión del contrato de concesión del servicio suscripto entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A., creando en su lugar el Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA). El costo de los servicios que presta el Correo representa el 90% de sus ventas, y dentro de ese costo la incidencia mayor la tienen los sueldos con sus cargas sociales, que representan un 64%. Las transferencias recibidas (que cubrieron el 90% del déficit operacional) totalizaron en diciembre de 2018 casi $26.000 millones y el análisis de sustentabilidad concluyó que las pérdidas acumuladas de los años 2016, 2017 y 2018 generaron la necesidad de que el Estado nacional realizara los aportes necesarios para asegurar la prestación de los servicios, y que en la medida en que no se logre una rentabilidad positiva, será necesario continuar recibiendo transferencias del Estado. De no existir esas transferencias el patrimonio neto sería negativo de más de $ 15.000 millones.
Aerolíneas Argentinas es una empresa creada en el año 1950 y fue privatizada en los 90’, y en 2008 el Estado volvió a tomar el control de la sociedad como también de Austral. Según el informe realizado por la AGN, la pérdida de esta empresa en 2018 fue muy significativa, representando el 27% de los ingresos por sus servicios. La explicación de la rentabilidad negativa se halla en el elevado costo de las ventas, que alcanzó al 97% de los ingresos quedando sólo un 3% de ganancia, insuficiente para cubrir el resto de los gastos. ¿A qué se debe el alto costo de los servicios? Al peso que tienen, dentro de él, el combustible, las remuneraciones y cargas sociales y el alquiler de las aeronaves en leasing, que representaron el 32%, 26% y 15% respectivamente.
El informe de la AGN es contundente al afirmar que el resultado negativo del año 2018 evidenció un deterioro constante de la situación de la sociedad que, en el año 2017, también había mostrado un mal desempeño. Las transferencias por el Gobierno efectuadas a Aerolíneas y Austral en años anteriores hasta diciembre de 2018 tienen un valor acumulado de $110.332.975.000 y $32.414.742.000 respectivamente. Aún así, fueron insuficientes para revertir sus pérdidas y, además, mostraron signos negativos en sus patrimonios netos.
Telam. Es una sociedad del Estado, además de ser la Agencia Oficial de Noticias, que se dedica a la contratación de espacios publicitarios y produce la publicidad oficial. El informe de la AGN señaló que los ingresos por servicios se encuentran sobrepasados por los costos en un 194% y por los gastos en 225%, demostrando que los resultados del negocio no son suficientes para financiar su operatoria habitual. En el año 2018 recibió transferencias del Estado por $1.491 millones, sin los cuales el resultado se habría tornado significativamente negativo. En el análisis de la sustentabilidad de la empresa, el mismo informe destacó que la relación de las transferencias del Tesoro sobre las ventas es muy alta, superando más de tres veces los ingresos por los servicios, con lo cual dichos aportes estatales demuestran ser indispensables para su sostenimiento.
Para terminar, veamos cuál es la situación de Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE). En el año 2017 tuvo un déficit muy significativo que representó el 197% de los ingresos, y la rentabilidad negativa se explicó por el elevado costo que trepó a un 233% de las ventas de sus servicios. Es decir, mientras que sus ingresos fueron más de $2.941 millones, el costo que tuvo que afrontar la empresa superó los $6.874 millones. Según la AGN los componentes de mayor peso dentro del costo de los servicios son las remuneraciones y cargas sociales (24%), los seguros (22,6%), depreciaciones (10%) y combustibles y lubricantes (8%). El resultado negativo de ese año repite el de anteriores, a partir de lo cual el informe observa un deterioro constante de la situación de FASE, que aún mantiene un patrimonio neto positivo de $ 34.313 millones, lo cual surge por haber recibido de parte del Tesoro más de $15.610 millones en 2017 y más de $29.597 millones durante el año anterior.
En todos los casos estudiados, la contundencia de las cifras expuestas y de los indicadores elaborados a partir de ellas nos permite afirmar la siguiente conclusión:
Ninguna de estas empresas podría operar de no ser por los enormes aportes de dinero que reciben año tras año de parte del Tesoro Nacional. Ello expone la situación de vulnerabilidad de las empresas del Estado, cuya sustentabilidad es altamente dependiente de las transferencias del Gobierno Nacional.
¿Qué implica, entonces, el concepto de sustentabilidad? Simplemente, que las empresas tienen que poder desarrollar su actividad de manera independiente y, a su vez, de una forma que sea compatible con el desarrollo sostenible, esto es, brindar buenos servicios alcanzando a más gente y cuidando el medio ambiente. Más aún, si consideramos el hecho de que en nuestro país la provisión de agua, energía, transporte, comunicaciones y otros servicios esenciales para la calidad de vida de las personas, están en manos del amplio grupo que reúne a las empresas del Estado o sociedades anónimas con participación estatal, es importante conocer los números e indicadores para evaluar correctamente su desempeño.
Los ciudadanos somos los consumidores y usuarios, vale decir, los destinatarios de lo que ellas producen y proveen; manejan, además,enormes recursos públicos. Por ello es necesario que implementen mecanismos que les permitan cumplir con los lineamientos del “buen gobierno” que propenden a la transparencia, el control ciudadano y la rendición de cuentas, haciendo más difícil que sean usadas para cometer actos de corrupción.
La Ley de Acceso a la Información establece que las empresas del Estado deben cumplir con requisitos de Transparencia Activa, lo que implica la obligación de publicar en sus sitios web, información relativa a sus directorios, organización, misión, recursos humanos, balances contables, compras, contrataciones e informes de auditoría interna, entre las más relevantes.
Si, además, consideramos que algunas realizan su actividad en sectores de importancia estratégica para la economía de cualquier país, bien gestionadas tienen un rol fundamental para el logro del desarrollo sostenible que, en definitiva, ,no es otra cosa que aspirar al bienestar general sin comprometer el de las generaciones futuras.
