En 1992 nuestro país, al igual que el resto del continente, no estaba preparado para enfrentarse al terrorismo internacional. Nuestra región estaba fuera del radar de esos grupos. Por ello, no había capacitación en ninguna área del estado ni estructura legal para combatirlo. Fueron los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA los que motorizaron los mecanismos a nivel hemisférico y local para lidiar contra este flagelo.
El primero de ellos fue en 1996 en el marco de la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo en donde se plantea una Declaración y el Plan de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo. Genéricos esfuerzos que no permitían aun una toma de conciencia sobre este fenómeno.
En 1998 se firma el Compromiso de Mar del Plata, cuando se celebraba la Segunda Conferencia Especializada y se siembra el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) el cual tuvo magros resultados y mínimos progresos concretos en las búsquedas que se propuso. Fue recién con los atentados del 11S en 2001 en los Estados Unidos cuando el tema alcanzó realmente protagonismo en la agenda hemisférica.
En 2002 el poco trascendente CICTE pasa a ser una Secretaría Ejecutiva con agenda de trabajo, programas y asistencia a los países miembros. Eso permitió que se aprobara la Convención contra el Terrorismo que lo considera “una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es causa de profunda preocupación para todos los Estados Miembros”.
Son las visiones y posturas ideológicas diversas por nuestra historia sobre los movimientos armados y el conflicto árabe-israelí los que llevan a los países de nuestra área a no poder llegar a una definición común sobre lo que se entiende por terrorismo a pesar de tener un acuerdo específico en la materia desde hace más de veinte años. El alicaído Mercosur tampoco pudo tener una postura contundente al respecto.
En el plano interno hay que hacer una clara diferencia entre dos etapas de la investigación que llevó a cabo la Corte Suprema de Justicia por la voladura a la sede diplomática.
En los primeros cinco años, la pesquisa naufragó entre las impericias y deficiencias propias de un cuerpo que no conocía sobre el hecho a investigar.
Hasta 1992 lo más trascedente como procedimiento de competencia penal original que había tratado fue el robo de una manta de abrigo que la reina Sofía de España había sufrido. La segunda parte de la investigación determinó con precisión los autores materiales e instigadores del atentado.
Sin embargo, esos primeros años inconducentes sumados el hecho de que no haya condenados por el asesinato de 29 personas, ha llevado a la opinión pública a considerar toda la pesquisa un fracaso y la sensación que finalmente la impunidad triunfó.
Sin embargo, debemos destacar que parte de la investigación de la pata internacional del atentado a la embajada sirvió de insumo en la causa judicial por la voladura de la AMIA; de hecho algunos de los nombres con pedidos de captura y la matriz ideológica coinciden.
Los 32 años trascurridos desde el atentado a la embajada y en el marco del reciente ataque de Hamas con víctimas argentinas incluidas, debe llamarnos a la reflexión para saber dónde nos encontramos como sociedad respecto a la lucha contra el terrorismo.
Publicado en Clarín el 15 de marzo de 2024.
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