La universidad ya era un castillo de naipes financiero. Entonces el coronavirus golpeó.
(Traducción Alejandro Garvie)
En enero de 2020, mientras estaba en New Hampshire buscando a Elizabeth Warren, un organizador de campaña me instó a decirles a los votantes por qué la apoyaba. Para mí eso fue fácil. “Como profesora universitario”, dije, “creo que la educación superior es un castillo de naipes porque los estadounidenses no nos cobrarán impuestos para sostenerla”.
No sabía lo acertada que estaba, ni lo rápido que se expresarían mis palabras.
Dos meses después, Covid-19 cerró colegios y universidades estadounidenses, y las cartas se cayeron. Millones de dólares en tarifas reembolsables de vivienda y comidas crearon enormes brechas presupuestarias. Y la crisis no ha terminado, especialmente si los estudiantes no regresan en el otoño. En los Estados Unidos, los pagos de matrícula representan, en promedio, aproximadamente una cuarta parte del presupuesto de una universidad pública, y alrededor del 35 por ciento del presupuesto de una universidad privada. Para muchos, es mucho más.
La crisis destaca el hecho injusto e insostenible de que la educación superior sobrevive con pagos de matrícula cada vez más altos y, en el futuro, lo más probable es que se apoyen aún más en los estudiantes y sus familias para llegar a fin de mes. La conversación franca que Bernie Sanders y la senadora Warren comenzaron durante la temporada de las primarias, ahora se ha convertido en una crisis. Necesitamos cambiar urgentemente la forma en que pagamos la universidad y eso comienza con eliminar la carga de la matrícula de las familias trabajadoras.
¿La universidad será gratuita bajo un presidente demócrata? Probablemente no. Pero podemos reducir la factura significativamente si imaginamos esa educación como parte de un New Deal económico. Eso significa más que simplemente hacer que la universidad sea gratuita o económica para la mayoría de los estudiantes. Significa reevaluar el lugar que ocupa la educación superior en nuestra sociedad.
El financiamiento de la matrícula a través de impuestos funciona para otros países. En 2014, Alemania abolió la matrícula para todos los estudiantes de la Unión Europea. Irlanda, Francia, Noruega, Suecia y Dinamarca no cobran matrícula para todos los estudiantes de la Unión Europea, y otorgan préstamos a bajo interés para cubrir otros gastos universitarios: en Suecia, a una tasa de solo 0,13 por ciento. En Australia y Gran Bretaña, la matrícula pública es la mitad de lo que pagan los estadounidenses, y en Israel, la décima. En Australia, los estudiantes pagan préstamos como un porcentaje de los ingresos cuando alcanzan un umbral de ingresos razonables.
El cobro de la matrícula fue una decisión política, adoptada por los políticos de la ciudad, el estado y el gobierno federal cuando los votantes presionaron por impuestos cada vez más bajos.
Estados Unidos también financió una vez la educación como un bien público. En 1888, el Colegio de William & Mary, en Williamsburg, Virginia, comenzó a perdonar la matrícula a cambio de dos años de enseñanza en las escuelas públicas de Virginia. Las universidades federales de concesión de tierras establecidas después de la Guerra Civil fueron gratuitas durante décadas y siguieron siendo de bajo costo hasta la década de 1980. La Universidad de la Ciudad de Nueva York fue gratuita hasta 1976. Stanford fue libre para los residentes de California durante 30 años después de que abrió sus puertas en 1891.
El cobro de la matrícula fue una decisión política, una decisión adoptada por los políticos de la ciudad, el estado y el gobierno federal cuando los votantes presionaron por impuestos cada vez más bajos en los años 60 y 70. California abrió el camino. Como gobernador de 1967 a 1975, Ronald Reagan puso fin a la matrícula gratuita en la Universidad de California, recortando la financiación de la educación superior en un 20 por ciento y declarando que los contribuyentes no deberían “subsidiar la curiosidad intelectual”. Como presidente, Reagan hizo esta política nacional, impulsando el cambio a la dependencia de la matrícula y los préstamos estudiantiles con los que vivimos hoy.
Las universidades públicas recibieron el mayor golpe. Entre 1987 y 2012, la financiación pública se redujo entre un 25 y un 30 por ciento. Y el recorte continúa. El año pasado, Alaska recortó su presupuesto de educación superior en 135 millones, más que la suma total que sostenía tres campus.
De 1980 a 2014, la matrícula aumentó a nivel nacional en un 260 por ciento, más del doble de la tasa de otros gastos del consumidor. La política federal apoyó un sistema de ingresos basado en la matrícula al cambiar los fondos a préstamos estudiantiles; para 2013, representaban más de la mitad del presupuesto federal de educación superior de 75 mil millones. Se dedicaron menos de 3,8 mil millones para financiar la infraestructura educativa, la mayoría cumpliendo obligaciones federales con universidades históricamente negras y tribales.
En 2009, la administración Obama amplió las subvenciones Pell para los estudiantes más pobres, mitigando el efecto de los recortes a nivel estatal. Pero dejó el modelo de matrícula intacto y no logró articular la educación superior como un lugar para la inversión en infraestructura, o como un bien público a la par con la atención médica, el cuidado infantil, la seguridad social y la defensa nacional.
Y la universidad es, más que nunca, una puerta de entrada a la clase media. Entonces, los estadounidenses han seguido pagando, con salarios, ahorros y préstamos, hasta llegar hoy al punto de ruptura.
Los críticos señalan el desperdicio, el gasto de lujo y la inflación administrativa como el problema, y sugieren que las universidades simplemente pueden reequilibrar sus presupuestos. Pero la verdad es más compleja. A medida que alimentamos a la bestia de la matrícula con dólares federales, los gobiernos estatales asaltan aún más los presupuestos de educación, aumentan la matrícula y reducen el apoyo para infraestructura como bibliotecas y tecnología. El mantenimiento diferido de edificios, a menudo para estructuras históricas, se encuentra en un punto de crisis en muchos campus…
Incluso antes de que llegara el coronavirus, la educación superior estaba entrando en una crisis financiera. Las empresas de consultoría pueden decirle qué posibilidades hay de que una universidad sobreviva o se fusione con otra institución antes de que su hijo se gradúe. En 2019, hasta que intervino un escuadrón de abogados, una compañía planeó publicar una lista de 946 instituciones insolventes limítrofes. Antioch, Hampshire, Sweet Briar y Bennett evitaron por poco la extinción, pero entre 2016 y 2020, más de 60 universidades no lo hicieron. Cinco más se han anotado a la lista en los últimos tres meses.
La crisis del coronavirus simplemente acelerará la implosión de la educación superior. La Universidad de Maryland fija sus pérdidas en 80 millones, el sistema del estado de California, en más de 337 millones, y la Universidad de Michigan hasta casi mil millones. Según algunas estimaciones, los 14 mil millones otorgados a la educación superior en virtud de la Ley CARES no cubren las necesidades actuales en al menos 46,6 mil millones y, si se cuentan los ingresos de matrícula perdidos proyectados para el otoño, varios cientos de mil millones. Simultáneamente, las legislaturas estatales están recortando la educación, nuevamente, para reducir los crecientes déficits estatales.
Los ingresos no relacionados con la matrícula (hospitales de investigación, contratos de televisión de la NCAA, institutos de verano, servicios de conferencias, campamentos deportivos) también se han marchitado en los últimos meses. Como lo ha hecho también la matrícula de extranjeros. Los estudiantes extranjeros, ya intimidados por las políticas de inmigración de la administración Trump, ahora encuentran que Covid-19 es un elemento disuasivo aún más imponente.
Si las universidades están en apuros, los estudiantes y sus familias lo tienen aún peor. El modelo de matrícula había arrodillado a los estudiantes pobres y de clase media mucho antes que Covid-19. Para la mayoría no es posible ahorrar lo suficiente para la universidad, por lo que toman prestado; no pueden vivir de lo que piden prestado, por lo que trabajan. Enseño a los adolescentes que se duermen después de trabajar un turno de noche con un salario mínimo. Un estudiante universitario, que trabajó en tres puestos de trabajo, estuvo repetidamente ausente y hambriento. “Nunca he trabajado tan duro y he estado tan inseguro económicamente”, dijo ese estudiante, avergonzado y llorando.
El modelo de matrícula está sacando comida de la boca de los estudiantes. Cuando los estudiantes perdieron sus trabajos debido a Covid-19, las universidades se convirtieron en agencias de ayuda, pagando millones por comida y alquiler. Al distribuir puntos de acceso inalámbricos para el aprendizaje a distancia, aprendimos cuántos estudiantes no tenían tecnología confiable más allá de un teléfono móvil. Aprendimos que muchos no tenían dinero para llegar a casa y, en algunos casos, no tenían casa.
La ironía es que sabemos cómo hacerlo porque la educación superior ya es una agencia de ayuda. En condiciones normales, casi la mitad de los estudiantes padecen inseguridad alimentaria y el 22 por ciento tiene hambre de forma rutinaria; el 64 por ciento tiene inseguridad de vivienda y el 15 por ciento no tiene hogar, casi el 20 por ciento en California. Mi propia universidad tiene un departamento llamado Apoyo Estudiantil y Gestión de Crisis. Financiar bancos de alimentos, préstamos de vivienda de emergencia y subsidiar atención médica y psiquiátrica ahora es parte de la matrícula en todos los campus.
Se insta a las familias a comparar precios de buenas ofertas en la universidad. Pero desde 1970, cuando Elizabeth Warren pagó 50 dólares por su último semestre de la universidad pública, la matrícula se ha vuelto tan confusa como el seguro de salud o un contrato de tarjeta de crédito. Es difícil incluso saber cuánto cuesta. En 2018, el 84 por ciento de los estudiantes universitarios estadounidenses en instituciones públicas de cuatro años y el 90 por ciento en instituciones privadas recibieron descuentos en la matrícula. Pero eso no permite que los estudiantes o sus familias planifiquen: la ayuda financiera se recalcula cada año a medida que aumenta la matrícula y las instituciones reevalúan la capacidad de pago de una familia.
Entonces sacan más préstamos. Para 2019, los estudiantes, sus padres y sus abuelos habían firmado por más de 1,5 billones de dólares.
Estos préstamos, tan fáciles de obtener, tan difíciles de entender o pagar, ocultan el hecho de que, independientemente de la cantidad de ayuda financiera disponible, la mayoría de los estudiantes no pueden pagar la matrícula. Casi la mitad de las universidades solo son accesibles para familias con ingresos superiores a 160.000 dólares anuales, 35 por ciento para estudiantes cuyas familias ganan más de 100.000. Imagine que las familias presupuestan para eso y también sufren económicamente de la que puede ser la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.
Entonces, ¿qué debe cambiar? Para comenzar, los colegios y universidades públicas deberían ser verdaderamente públicos y sin matrícula; los privados, un recurso crucial y de larga data, deben descontarse por el costo de una educación pública. Los préstamos federales deben ser generosos, sin intereses y perdonables, tal vez a cambio del servicio nacional. Parafraseando a mi amigo fallecido, el historiador Jesse Lemisch, necesitamos un New Deal federal para la educación superior, con el apoyo de dólares surgidos de impuestos, que rompa el dominio absoluto que tiene la matrícula sobre las familias estadounidenses.
Pero abordar los costos de la universidad no se trata solo de reducir las tasas de matrícula. También se trata de encontrar una manera de hacer que la educación superior sea financieramente sostenible. El primer paso para hacerlo es reconocer cómo los gastos de educación como alimentos, vivienda, salarios, atención médica, tecnología, bibliotecas y pensiones, así como la instrucción, se entrelazan estrechamente con la economía general.
Todos los tablones económicos de la plataforma demócrata 2020 de Joe Biden deben estar vinculados a la política de educación superior, y las propuestas de políticas deben evaluarse por su contribución a hacer que la educación superior sea asequible para los estudiantes y las propias instituciones. La atención médica nacional, la reforma sólida de la Seguridad Social, la inversión en infraestructura, la vivienda asequible, los ingresos básicos mínimos, pueden tener un impacto positivo en la carga de educación superior que soportan las familias trabajadoras. Crean vidas dignas y saludables para los estudiantes. Liberan a las universidades de pagar el costo de los beneficios de salud y jubilación para los empleados. Y ayudan a crear buenos empleos, a tiempo completo.
Covid-19 nos ha presentado una elección inesperada: utilizar esta crisis como una oportunidad para una reforma realista y de varios niveles. Sobre todo, debemos restaurar la educación superior como un derecho humano. Eso dependerá de algo más que hacer que la universidad sea gratuita: dependerá de recordarnos a nosotros mismos que debemos pagar impuestos por el bien público.
Publicado en The New Work Times el 5 de junio de 2020.
