La diputada Soledad Carrizo pidió “un pronunciamiento oficial” que esclarezca la situación
Al conocerse públicamente la existencia de un anteproyecto de decreto por el cual el gobierno de Javier Milei dispondría desregular las prestaciones médicas que reciben las personas con discapacidad, el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR manifestó su “preocupación” por la posibilidad de que el PEN disponga una medida de esa naturaleza y respaldo el proyecto de resolución que presentó la diputada nacional de la UCR, Soledad Carrizo, quien advirtió sobre el “profundo malestar y estado de preocupación en miles de beneficiarios del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad en nuestro país” que ha generado la situación en razón de que aún no existe un “pronunciamiento oficial” para esclarecer la cuestión y ello “ha provocado una sensación de inseguridad e imprevisión”.
El proyecto fue presentado por la legisladora cordobesa, Soledad Carrizo y fue respaldado con sus firmas por el jefe de la bancada de la UCR en la Cámara baja, Rodrigo de Loredo y los diputados Manuel Aguirre, Marcela Antola, Martín Arjol, Karina Banfi, Mario Barletta, Atilio Benedetti, Gabriela Brower de Koning, Mariano Campero, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Pablo Cervi, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Francisco Monti, Lisandro Nieri, Luis Picat, Juan Carlos Polini, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Danya Tavela, Martín Tetaz, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay. Tal acompañamiento dejó en evidencia la preocupación que generó entre los diputados del radicalismo esa eventual decisión que analizaría la administración ´libertaria’ y que trascendió en las últimas horas a través de las redes sociales.
En el encabezado del proyecto, la diputada Carrizo y sus colegas de bancada dejaron en claro su decisión de “expresar preocupación por la posible desregularización del sistema de determinación de los valores arancelarios de las prestaciones incluidas en el nomenclador del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral en favor de las Personas con Discapacidad, a través del proyecto de Decreto número IF-2024-47522959-APN-DE#AND, emitido por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS-, que ha circulado públicamente”.
Los diputados radicales reclaman al gobierno que se pronuncie oficialmente respecto de si efectivamente podría disponer la medida. “La amplia circulación publica que ha tenido un supuesto anteproyecto de decreto identificado como IF-2024-47522959-APN-DE#AND Referencia: PROYECTO DE DECRETO, de fecha 08 de mayo del corriente año, y suscripto por el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS- ha generado un profundo malestar y estado de preocupación en miles de beneficiarios del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad en nuestro país” y en el proyecto de autoría de la diputada Carrizo se expresó que la situación “ha provocado un estado de alerta y movilización en todo el país, que agrava la ya compleja situación que todos los prestadores de servicios de discapacidad vienen denunciando hace tiempo”.
“El pretendido proyecto que ha alcanzado difusión pública expresa en su artículo 2°, que: “los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley Nacional N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”, refieren los fundamentos del proyecto y, en ese marco, Carrizo y el resto de los diputados de la UCR argumentaron que “lo que se traduce en un proceso de desregulación y desvirtuación del principio rector de este sistema, es decir, el aseguramiento irrestricto que todas las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a las prestaciones de la ley 29.901”.
Al respecto, la iniciativa reseña que la ley 24.901, y la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad suscripta por nuestro país, definen un marco protectorio mínimo y progresivo que nuestro país debe sostener, a través de acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, sin importar su situación económica” por lo que “sin importar su adhesión que las personas con discapacidad puedan tener a un sistema de medicina prepaga, obra social o asistencia estatal, esta ley garantiza que las prestaciones a las que pueden acceder sean de la misma calidad y condición, esto es, asegura un acceso igualitario, gratuito, integral y obligatorio de prestaciones para todas las personas con discapacidad”
“Desde 1999, a través de la Resolución N° 428/1999, el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad establece aranceles que actualizan periódicamente para asegurar un servicio de la misma calidad sin importar el sistema o la forma a través de la cual las personas con discapacidad lo contraten. Esto garantiza la integralidad y la igualdad del sistema”, apuntó Carrizo en los fundamentos del proyecto suscripto por sus colegas de bancada. Los radicales afirmaron que “lo que propone este pretendido decreto, que ha adquirido amplia difusión, es desregular este sistema, es decir que no exista más un nomenclador de precios únicos, sino que cada uno de los actores que financian y sostienen el sistema, puedan determinar libremente valores de esas prestaciones, generándose como consecuencia desincentivos para que muchos prestadores dejen de participar, o lo hagan de manera diferente”.
En ese marco, Carrizo y sus correligionarios plantearon que de esta forma “la plena accesibilidad, integralidad e igualdad del sistema cede frente a reglas de un mercado desregulado, en contra del propio espíritu de la ley que lo crea, y peor aún, desconociendo compromisos que Argentina ha asumido” y remarcaron: “Lo intempestivo de este proyecto, y la forma en que ha adquirido difusión, pero sobre todo, la falta de un pronunciamiento oficial ha provocado una sensación de inseguridad e imprevisión”, tras lo cual advirtieron que “la urgencia de la situación, y de la necesidad de dar pleno cumplimiento a los compromisos asumidos constitucionalmente para una integración plena de todas las personas con discapacidad, manifestamos nuestra preocupación, y exhortamos a un pronunciamiento oficial de las autoridades para su esclarecimiento”.
