Nos llena de angustia y dolor, las imágenes de personas con pequeños a su lado en improvisados campamentos sobre espacios carentes de servicios, que son “tomados”.
Sobre las “tomas” circulan todo tipo de mitos, pero sencillamente son el resultado en porcentajes variables de necesidad y manipulación. Negar cualquiera de los dos extremos, es desconocer la profundidad del problema.
La paradoja es que no solo es posible resolver la cuestión, sino que su resolución podría ser parte de un programa de desarrollo (real).
Espera tratamiento en la Comisión de Vivienda y planificación urbana de la Cámara de Diputados, un proyecto para que el gobierno federal asista a las localidades de menos de 300.000 habitantes en la generación de “suelo urbano”. El recorte arbitrario tiene que ver con buscar consolidar las ciudades “no metropolitanas” Generar un lote con servicios y asignarlo con las formalidades de Ley (generando pertenencia a través de la condición propietaria) puede costar entre la mitad y una décima parte de su valor de mercado, según la ciudad.
Con un sencillo programa financiero y un mecanismo transparente de reserva de una parte pequeña del suelo urbano generado en favor del sector público, se puede concretar un probado circuito de integración y pacificación social.
Es bueno para las familias, para la planificación, para la economía local, para las empresas de servicios públicos, para la integración social.
Quienes son partícipes de las tomas, desean ser propietarios, tener las garantías de no ser arbitrariamente molestados, y están dispuestos (mayoritariamente) a invertir una parte de sus ingresos para lograrlo.
La ausencia de políticas públicas y el sentimiento de desprotección los pone en mano de los “traficantes de necesidades”, y a estos nos les importa ni la dignidad, ni la calidad urbana, ni la integración. Es fácil identificarlos, los militantes sociales (reales) les escapan, pero muchas veces la política los prefiere.
Los propietarios tienen derecho a ser protegidos por el Estado; la inacción pública solo acarreará más violencia. El desaliento a las tomas, debe completarse con acciones positivas financiables y sostenibles.
Para que los estados locales tomen la iniciativa, es conveniente un apalancamiento y una mirada técnica federal.
Si logramos que, en 1 año, el 5 % de los gobiernos locales se pongan en marcha con programas modestos en esta materia, no es exagerado decir que se podrían generar 100.000 lotes con servicios. En 10 años, estaría prácticamente resuelto el problema.
La condición propietaria mejora el acceso al crédito, impulsa la inversión en hábitat y contribuye a formalizar la economía.
Liberemos a nuestros compatriotas de la angustia del desalojo, y favorezcamos un modelo de agregación social, más libre y menos dependiente.
No se necesita una inversión extraordinaria, no hay que dar los lotes gratuitamente, sencillamente hay que generar mecanismos inteligentes de pago, para que la “rueda” de generación de suelo urbano, autoconstrucción e inclusión comience a funcionar.
Argentina dispone de suelo, esta iniciativa puede combinarse con pautas ambientales modernas, criterios de justicia en materia de género y gestión sociodemográfica. Es urgente, es necesario y es realizable.
Publicado en Clarín el 3 de septiembre de 2020.
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