La energía en Argentina está en una crisis de larga duración en un contexto de decadencia económica y social crónica. La salida de la convertibilidad en 2002, sin la introducción simultánea de reformas consensuadas en los marcos regulatorios, ha sido un error garrafal de la política nacional que provocó un caos estructural a lo largo de 20 años.
La debacle tuvo hitos históricos: el corte de gas a Chile en 2004; la venta de YPF al grupo Esquenazi en 2012; el congelamiento sistémico de tarifas; la pérdida de autoabastecimiento; y la incompetencia del Estado para ampliar la infraestructura energética fueron los síntomas tempranos del descalabro que dilapidó nuestro progreso del Siglo 20.
El futuro requiere de profundas reformas del statu quo que deberán ser implementadas por el próximo gobierno. Para ser duraderas deberán ser sustentadas por leyes del Congreso que requerirán consensos políticos sólidos.
La formulación de una política energética explicita y su debate público debería ser un objetivo de los espacios políticos para 2023. Debería abandonarse la formulación ambigua con que este tema fue abordado en todas las elecciones nacionales desde 2003 a 2019 inclusive.
La economía energética. La microeconomía energética opera con grandes fallas; y será imposible en los próximos 4 años contar con una economía sectorial sana, si al mismo tiempo la economía nacional no logra corregir sus grandes desequilibrios macroeconómicos.
La fijación correcta de los precios y tarifas está en la base de la solución. Reducirán el déficit fiscal y permitirán a las empresas cumplir con sus obligaciones establecidas en los contratos de concesión
Los precios del crudo y del gas se deberían regir por los precios de exportación determinados en mercados abiertos y competitivos; y las tarifas reguladas deberían ser fijadas por los Entes Reguladores sin las interferencias políticas actuales. Los subsidios energéticos continuarán en la medida justa para cumplir el exclusivo rol de ayudar a la pobreza en el acceso a la Energía.
Obras públicas mal elegidas. Las obras públicas energéticas son decididas mediante un confuso y desordenado sistema de decisión política, impactado por las fuertes presiones corporativas sin cumplir dos condiciones: a) que las obras estén contenidas en un Plan Estratégico aprobado por ley; y b) sin el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la ley de inversión pública respecto a la evaluación previa y factibilidad de los proyectos. Resultado: un conjunto de obras paralizadas que incluye: gasoductos troncales; centrales hidroeléctricas; centrales carboneras sin carbón; y centrales nucleares mal compradas y paralizadas. En definitiva, una enorme dilapidación de recursos públicos. Su erradicación definitiva requiere de una reformulación del Estado argentino.
Subsidios caros e inútiles. Entre 2008 y 2022 el Tesoro Nacional gastó en subsidios 200.000 millones de US$ para prestar los servicios públicos energéticos en todo el territorio nacional.
Esta cifra exorbitante e injustificada no sirvió para dar a los argentinos servicios públicos de mejor calidad; y tampoco para financiar inversiones en mejoras tecnológicas; ni para incorporar al sistema los usuarios que aún no poseen el servicio.
Si bien los servicios públicos energéticos están a cargo de empresas privadas desde los 90, se constata que 32 años después el sector privado no ha podido encarar las inversiones largamente demoradas en la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica en alta tensión; nuevos gasoductos y las nuevas centrales eléctricas que son necesarias para ampliar y modernizar los servicios.
Los hidrocarburos. Argentina es importadora de gas natural y derivados del petróleo. Todas las cuencas convencionales están en crónica declinación en el siglo 21. Sólo la cuenca neuquina experimenta un gran crecimiento en los últimos años con base en el yacimiento de Vaca Muerta.
Vaca Muerta podría tener un gran futuro, pero hay incertidumbres. El gran desafío en el próximo lustro es la substitución de importaciones de gas natural y gasoil que desbalancean nuestro sector comercial externo y reemplazar la fuerte declinación de los yacimientos convencionales.
Para para ello será necesario cumplimentar dos requisitos: a) certificar reservas comprobadas auditadas en ese yacimiento, y b) los concesionarios privados deberán firmar compromisos de producción con el Estado. Estos compromisos plurianuales deben ser exigibles y constituirán las garantías que sustenten los planes de obras públicas de nueva infraestructura.
El programa energético 2023-2027. El sector energético argentino debe cambiar su rumbo respecto a lo hecho en el siglo 21. Es necesario fijar objetivos de largo plazo e incluirlos en un Plan Estratégico que debe priorizar la Transición Energética. Esto implica grandes inversiones que todavía el país no ha proyectado.
Es hora de reformar los marcos regulatorios concebidos para operar bajo el régimen de convertibilidad que hoy son obsoletos.
Cammesa que es el núcleo institucional del sistema eléctrico, hoy conducido por la “baja política” se convirtió en un elemento distorsionador de los mercados con la complicidad privada, que no cumple sus funciones; y por lo tanto debe ser reorganizado
Es también el momento de regularizar los Entes Reguladores intervenidos “sine die” en 2019 por el gobierno actual; sin que todavía se conozca fueron intervenidos. Una idea modernizadora sería la unificación de los Entes nacionales –ENRE y ENARGAS- en un Ente Único altamente profesionalizado para cumplir las leyes.
Publicado en Clarín el 22 de noviembre de 2022.
