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Opinión 20 11 2020

La República Perdida


Autor: Pablo Hunger









Han pasado 37 años de aquél extraordinario documental tan recordado por la mayoría de la población argentina, que diera cuenta de la historia recorrida por nuestra Nación hasta el último golpe militar acaecido en aquél 1976. Todas las expectativas que generaba la vuelta del régimen democrático, en la actualidad, se encuentran sepultadas. La recuperación del sistema electoral que permite la representación del pueblo se vislumbra enorme ante los regímenes castrenses más se reduce progresivamente al analizar las grandes deudas democráticas que yacen en la actualidad.

La república perdida es el mejor concepto para describir las mezquinas actitudes de gran parte del arco político, que avanzaron y retrocedieron para nunca permitirle al país consolidar un modelo que de una vez por todas permita mejorar la calidad de vida del ciudadano argentino. La repetida discusión acerca de la eliminación de una etapa  del sistema electoral –elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias- que lleva poco más de diez años vigente, la intentona de permitir nuevamente las reelecciones indefinidas en las intendencias de la Provincia de Buenos Aires  y la potencial modificación, en el marco de la reforma judicial, del Consejo de la Magistratura, son ejemplos de la mención de marras; la modificación del plazo de duración del mandato del Procurador General y la reducción de la mayoría de dos tercios para su designación, evidencian la búsqueda de atajos y no de consensos estructurales.

George Washington afirmó que resulta imposible aspirar a una buena administración gubernamental sin contar con una justicia firme; indudablemente, por lo menos así lo interpreta quien suscribe, la falta de un Poder Judicial verdaderamente independiente ha impedido que al día de hoy podamos hablar de una concreta, palpable y empírica República Argentina. Han pasado más ciento cincuenta años de la sanción de la Constitución del año 1863 y poco más de veinticinco desde la reforma constitucional acordada entre los partidos políticos mayoritarios. Sin embargo, está a las claras, que la designación de los jueces sigue conllevando más disensos que consensos: el manejo discrecional de los concursos, el abuso de las subrogancias y del traslado de magistrados ponen en evidencia el interés político de asegurarse resultados positivos en aquellas causas que incomodan al poder de turno.

En este preciso contexto, en el que progresivamente se establece el reemplazo del sistema inquisitorio por uno acusatorio a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, resulta irónico entrever el debilitamiento del cargo del Procurador General; de forma simultánea, se empodera a los fiscales pero se debilita a su máxima autoridad. Tal vez, la intención apunte a convencer a las masas de la realización de un cambio a efectos de que, realmente, nada cambie.

Crudamente y sin temor a equivocarnos, podemos afirmar hoy que con la democracia no se vive, no se educa ni se come; la expresión correcta, que da cuenta del delicado presente argentino en términos generales, sostiene que con la democracia se sobrevive, se mal educa y quien tiene suerte, come…

Hace poco más de tres meses, el Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernandez, anunció la intención de llevar a cabo una reforma judicial; de forma simultánea, parte de la misma, fue enviada al congreso dando a entender que el instaurado Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial no procedería a su estudio. No quedó claro el porqué de esta acción toda vez que la misma deberá expedirse sobre instituciones altamente significativas para la garantía de una justicia realmente independiente como lo son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.

Estas acciones, comandadas nuevamente por el poder político encargado de la gestión de la República, instan a prever que, por lo menos durante un considerable tiempo, la República continuará perdida. Probablemente, no haya intenciones de hallarla.