Para que las democracias funcionen correctamente, no es suficiente con la realización de elecciones periódicas ni con una economía razonablemente productiva. También hace falta una sociedad civil vigorosa y atenta.
Este año, a raíz de una causa renombrada en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, Poder Ciudadano junto a otras organizaciones realizó una investigación sobre la transparencia de las legislaturas de todas las provincias del país, y encontró que el secretismo y el ocultamiento de información son escandalosos. Para dar solo un vistazo, el 90% de las legislaturas provinciales oculta datos sobre cantidad de personal, nivel de asistencia a trabajar de ese personal, monto de los salarios o el uso de fondos reservados. O para dar otro ejemplo, solamente en menos de la mitad de las provincias se pudo relevar la cantidad de asesores que tiene cada legislador.
La clave de interpretación de muchos fenómenos como este reside en la calidad de las instituciones y la consecuente capacidad (o incapacidad) de la ciudadanía para controlar a los que detentan el poder. De hecho, la desconfianza en los gobernantes es la esencia del liberalismo, del constitucionalismo, y la llave del desarrollo humano.
Si la calidad institucional es baja, y por lo tanto la ciudadanía no puede pedir rendición de cuentas a los y las gobernantes, entonces se judicializa la política, porque no hay otra forma de controlar ni de hacer respetar la ley que a través de los tribunales. Como consecuencia de eso, la política tiende a politizar la Justicia más de lo habitual (o bien a desacreditarla) como una forma preventiva de autoprotección.
Por supuesto, la politización de la Justicia también puede tener otras motivaciones (como la necesidad de que se avalen políticas públicas reñidas con el espíritu de la Constitución), pero en cualquier caso, se configura un círculo vicioso del que es muy difícil salir, porque la ley deja de ser imparcial y se convierte en un instrumento más en la lucha por el poder.
Pero eso no es todo. Paralelamente a la degradación de los tribunales, los líderes tienden a desconocer las limitaciones a su propio poder argumentando que sus políticas son las únicas posibles, y que son necesarias y urgentes. Esa radicalización se contagia a su vez a sus adversarios, que empiezan a pensar que para poner algún freno a los abusos del gobierno, ellos también tienen que recurrir a la polarización en lugar de a la moderación, y a las agresiones en lugar de a la inteligencia.
Pareciera entonces que estamos en un callejón sin salida. Sin embargo, ese círculo vicioso no es inevitable. Solo hace falta que los líderes sencillamente se automoderen en el ejercicio del poder público. En la ciencia política está probado que cuando los gobiernos se comportan más democráticamente se reduce la polarización política, aumenta la confianza social, se potencia la cooperación de los actores, y por lo tanto son más probables los buenos resultados económicos. Y también se sabe que si los políticos (a pesar de haber ganado elecciones) no tienen una preferencia intrínseca por la democracia, entonces el complejo entramado de la democracia se desgasta, proliferan las descalificaciones, y finalmente, se da lugar a la violencia.
Estos argumentos pueden parecer utópicos, pero Poder Ciudadano elige creer que el camino difícil todavía es posible. Por eso reaccionó para rechazar el decreto del Poder Ejecutivo que restringe el acceso que la ley vigente garantizaba a la información que está en manos de los gobernantes.
Los pedidos de acceso a la información pública han ayudado a investigar causas judiciales, a alertar sobre comportamientos impropios de autoridades estatales, a señalar reuniones con conflicto de intereses, a conocer quiénes accedían a edificios públicos y a señalar el mal uso de los recursos.
Como se ve, el tema no se restringe a los perros del presidente. Sin embargo, la nueva reglamentación otorga a los funcionarios del Estado una gran discrecionalidad no solo para decidir qué información puede ser transparente y cuál puede ocultarse, sino también para decidir si un ciudadano tiene o no buena fe al solicitar una información que le interesa (y que además le pertenece).
Por más interesantes que puedan ser algunas iniciativas que tienden a la depuración en la administración pública de cargos irregulares o de regulaciones que incentivan los peajes de la corrupción, es bueno que la sociedad civil siempre le recuerde al Estado sus límites y le reclame un comportamiento transparente y digno.
Es cierto que la calidad institucional no está entre las prioridades de la ciudadanía argentina, martirizada por la inflación, el desempleo y la inseguridad. Sin embargo, a esta altura ya también resulta urgente ocuparse seriamente de la calidad institucional, porque la democracia no funciona ni sobrevive solamente en el papel: se necesitan actores políticos comprometidos con la democracia. Y si eso escasea, entonces es imperioso que los ciudadanos la protejan en todos los ámbitos y de todas las formas posibles.
La erosión de la democracia no sobreviene con hechos únicos y flagrantes, sino sigilosa y gradualmente. Por lo tanto, una ciudadanía activa debe reaccionar no solo contra los actos ilegales que eventualmente cometan los funcionarios públicos, sino también frente a aquellos actos de gobierno que, aunque hoy parezcan menores y hasta gocen de popularidad, tiendan a la autocracia en el largo plazo.
Publicado en Clarín el 17 de septiembre de 2024.
Link https://www.clarin.com/opinion/relevancia-democratica-sociedad-civil_0_EPgL3ShMMJ.html
