En la oposición de la Cámara de Diputados corre el descontento por el DNU 656 con el que el Poder Ejecutivo amplió en 100 mil millones de pesos el presupuesto de gastos reservados para la nueva SIDE.
Con el comunicado del bloque de la UCR en contra de este fortalecimiento del organismo de espionaje, ya existe una mayoría de voluntades en contra del decreto, por lo que si esas expresiones se tradujeran en votos concretos, la norma podría naufragar en el Congreso.
El DNU, que ingresó hoy a la Cámara de Diputados se encuentra a tiro de la derogación por parte del Congreso, aunque el proceso asoma complejo.
Primero lo tiene que tratar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que ahora dispone de un plazo de 10 días hábiles, hasta el 14 de agosto, para dictaminar sobre su validez.
Transcurrido ese plazo, y en caso de que no haya dictamen, las cámaras tendrán luz verde para abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto”, según el artículo 20 de la Ley 26.122. .
La última vez que se reunió la bicameral de Inteligencia había sido el 25 de abril; su titular, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), venía demorando la convocatoria a un nuevo encuentro, pero la presión opositora surtió efecto y finalmente habría un compromiso para reunirse el próximo jueves 8 de agosto.
El libertario riojano cedió luego de una nota firmada por los diputados Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot (HCF) para que se convocara de forma “urgente” a esa bicameral.
Este cuerpo debe analizar la validez o invalidez de cerca de varias decenas de decretos, entre ellos el que dispone la reestructuración integral del Sistema de Inteligencia Nacional, disolviendo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y resucitando la SIDE.
El panorama para el oficialismo es delicado ya que debe defender la ampliación del presupuesto para inteligencia mientras hacia afuera se repite que “no hay plata” y se cierran todas las semanas dependencias del Estado nacional.
Pero, a su vez, el riesgo es mayúsculo porque está en jaque la propia existencia de la nueva SIDE mileísta: de hecho, el comunicado del radicalismo enfatiza varias veces que está en contra de ambos decretos, incluyendo el que crea la nueva estructura de espionaje.
El argumento central de la oposición en su conjunto para desconocer la validez de los decretos mencionados es que, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, cualquier decisión sobre gastos reservados, y más aún sobre inteligencia, debe pasar necesariamente por el Congreso.
La controversia sucede en momentos en que LLA sigue frenando la integración de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
La conformación de este cuerpo quedó enturbiada a partir de la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de quitarle una silla a Hacemos Coalición Federal para adjudicársela al oficialismo.
Esto llevó al enfrentamiento directo con Miguel Pichetto, que reclamaba ese lugar para Emilio Monzó y no perdona lo que considera una deslealtad hacia su espacio parlamentario.
Finalmente, quedaron designados en representación de Diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger (ambos de LLA y el último en el lugar donde iba a recalar Monzó); Cristian Ritondo (PRO); Mariela Coletta (UCR) y Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria (UxP).
Por el Senado fueron nombrados Martín Goerling (PRO-Misiones), Mariana Juri (UCR-Mendoza), Edgardo Kueider (Unidad Federal – Entre Ríos) y Edith Terenzi (Cambio Federal-Chubut).
Por UxP, en tanto, fueron designados Eduardo “Wado” de Pedro, Oscar Parrilli y la riojana María Florencia López.
La presidencia de esta bicameral, que por rotación le corresponde este año a un senador, sigue siendo una incógnita y es un botín que se disputan el presidente Javier Milei con su vicepresidenta, Victoria Villarruel.
En una primera instancia se creía que iba a ser otorgada al PRO, más precisamente a Göerling, con el aval de la titular del Senado, de Mauricio Macri y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sin embargo, intervinieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, quienes alientan al peronista disidente Kueider como premio por haber apoyado la Ley Bases. La moneda está aún en el aire.
La oposición hace cuentas para derogar el DNU de la SIDE
