Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados volverá a reunirse mañana para tratar el proyecto de la oposición para limitar el poder de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) presidenciales.
De acuerdo al cronograma contemplado en la moción de emplazamiento aprobada en la última sesión, mañana a partir de las 17 en la sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento deberían firmarse los dictámenes, pero a esta altura todavía no estaba claro si la oposición iba a lograr la cantidad de firmas para emitir un despacho de mayoría.
Son 16 los proyectos en danza y fueron presentados por fuerzas políticas de los más variadas, pero tienen una raíz común: buscan invertir la lógica de la ley 26.122/2006 por la cual un decreto, para ser derogado por el Congreso, tenga que ser rechazado por ambas cámaras legislativas.
La idea es que alcance con el rechazo de una sola cámara para dejar sin efecto el decreto, y además se apunta a poner un plazo perentorio de vigencia del DNU después del cual pierde vigencia.
El debate no es menor porque se busca poner en crisis un régimen que se instaló hace 18 años, cuando se aprobó la Ley 26.122 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, quien buscaba consagrar un mecanismo cerrojo para evitar que la oposición al gobierno de su marido pudiera voltear los DNU.
La novedad es el giro copernicano en la postura del kirchnerismo, que después de décadas de oponerse a modificar el instituto de los DNU, porque no le convenía a los gobiernos propios, ahora sí dio muestras de tener voluntad de colaborar con el resto de la oposición para limitar el poder del presidente Javier Milei.
Sin embargo, persistían las dudas, ya que no pocos al interior del bloque de Unión por la Patria (UxP) plantean que una reforma de esas características, para una fuerza política con vocación de poder como el peronismo, podría volverse en contra como un “búmeran” en caso de recuperar el Gobierno.
También será determinante la postura que defina la bancada de la UCR que preside Rodrigo de Loredo, que a partir de la partición del bloque estrechó su alianza con el oficialismo, y en función de ese compromiso podría revisar su apoyo a la reforma de la ley de DNU.