El proyecto de ley ómnibus incluye cambios en la movilidad de las jubilaciones y otros beneficios como la AUH o las pensiones no contributivas. El proyecto suspende el mecanismo actual, faculta al Poder Ejecutivo a adoptar una nueva regla y autoriza aumentos discrecionales hasta que la nueva fórmula esté vigente.
La propuesta parte de un diagnóstico correcto. El mecanismo actual, aprobado en 2020, no protege el poder adquisitivo de los beneficios: su valor real cayó un 39% en tres años. Si no se cambia, la caída continuará y en marzo llegará a un 50%. Los bonos para beneficiarios de bajos ingresos compensan parte de esta pérdida, pero no tienen garantía de continuidad y, obviamente, sólo protegen a una parte de los jubilados y pensionados.
Parte del problema es que la movilidad se determina por cambios en salarios y en la recaudación de impuestos que no tienen que ver con el consumo de un jubilado. Además, la fórmula tiene un fuerte rezago en los datos: para el aumento de marzo próximo considera variaciones de salarios entre6 setiembre y diciembre pasados y cambios en recaudación tributaria entre los últimos trimestres de 2022 y 2023.
Aunque se parte de un diagnóstico correcto, la solución propuesta implica, por un lado, suspender el esquema actual (en lugar de derogarlo) y delegar al Poder Ejecutivo la adopción de uno nuevo, lo que genera incertidumbre y posibilita una futura judicialización del tema. La ausencia de una fecha límite para la vigencia del nuevo esquema permanente y la imprecisión en cuanto a sus características tampoco ayudan.
Definir una regla de movilidad previsional no es complejo. La mayoría de los países tienen esquemas de este tipo, basados en variaciones de precios, salarios o una combinación de ambos. La lógica es sencilla: ajustar por inflación protege el poder adquisitivo; adicionar la variación de salarios reales permite compartir ganancias de productividad con los jubilados.
Entonces, si ya sabemos que hay que hacer, ¿por qué no hacerlo ahora? Hay argumentos para postergar la adopción de un esquema permanente: la alta inflación actual demanda aumentos frecuentes que no tendrían sentido con estabilidad de precios. Aun así, parece más razonable establecer explícitamente un régimen temporal de ajuste mensual por inflación y poner un límite de no más de un año para la adopción de un esquema permanente, que podría ser parte de una reforma más amplia.
Corregir la regla de movilidad es urgente para proteger a los beneficiarios y darle previsibilidad al sistema. Sin embargo, es un tema menor dentro del sistema previsional, que requiere una reforma integral. El sistema actual es injusto, ineficiente y caro. Durante varias décadas corregimos problemas (y creamos otros) a través de parches y medidas excepcionales.
La fragmentación, con más de 200 regímenes de excepción; el requisito de 30 años con aportes, que excluye al 75% de la población y ha sido la justificación para las moratorias desde hace 20 años; las anticuadas reglas sobre pensiones por fallecimiento o el descontrol en las pensiones no contributivas son algunos de los temas que deben revisarse para asegurar un sistema previsional inclusivo, efectivo y sostenible para las próximas generaciones de argentinos.
Publicado en Clarín el 21 de enero de 2024.
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