Nunca se registró en la historia de La Matanza una oferta pública de lotes formales generados por la gestión municipal. Los sectores populares incluyendo a las clases medias localesno disponen de una opción legal de acceso a un lote con los servicios básicos garantizados, pagando por ello un precio accesible.
El déficit de vivienda es aquí mucho más alto que la media nacional, y el 70% de las casas de los resonantes “Planes federales de vivienda” que se iniciaron en distintas localidades quedaron inconclusos y abandonados, en algunos casos con las viviendas casi culminadas y faltando solo obras menores complementarias: una situación de obscenidad política, desidia y desprecio por la vida humana y los recursos públicos.
La Matanza tiene las dimensiones y la población de una provincia, y cada una de sus 16 localidades tiene población, dimensiones y complejidad geográfica para ser un municipio, pero es gobernada por un intendente y gestionada solo con una estructura municipal. Sus 2,5 millones de almas son “representadas” por 24 concejales, sólo 5 de los cuales somos opositores a la administración peronista.
En La Matanza, 55.000 familias son rehenes de un poder político construido sobre la estrategia de no resolver estructuralmente las necesidades de la gente para -a través de su entramado territorial de punteros pagospoder administrar esas mismas necesidades con falsas soluciones y respuestas parciales de emergencia, como si fuesen favores por los que se debe compromiso político.
El perverso sistema tiene tres pasos: el primero, clave, es no generar políticas públicas para que se consolide la necesidad. Si es emergencia, mejor. El segundo paso es “dejar hacer” a personas directa o indirectamente socias en la acumulación de capital político.
El tercer paso consiste en sostener un profundo marco de discriminación hacia aquellos que, en ese mar de necesidades, se suben a la ola, muchísimas veces pagando por ese pedazo de tierra, y en ocasiones hasta incluso por arriba de su hipotético valor de mercado.
El resultado es que así se siguen multiplicando los asentamientos, con la mayor de las precariedades y en contextos de indigencia.
La falta de políticas que reviertan décadas de precariedad -útil a los modelos de construcción política corrupta y clientelar- es la garantía de que lo que viene es peor: la multiplicación de la precariedad y la ilegalidad promete mucha más fragilidad.
Mayor fragilidad en la vida social, mucha más fragilidad humana de esos millones que están cayéndose fuera de la sociedad y sintiéndose cada vez más culpables y resentidos.
Se multiplican los enfrentamientos entre vecinos, se multiplica la inseguridad, que esta generalizada en toda la sociedad pero que en la mayoría de los asentamientos tiene su propia expresión hacia el interior de los mismos y sus zonas cercanas.
Hoy pagan la consecuencia todos, menos los responsables.
Pagan la consecuencia las familias de los más de 150 barrios que caen en el nuevo punto de dependencia y clientelismo político, al igual que la pagan los vecinos de las zonas que pierden todo tipo de planificación urbana. La pagan aquellos vecinos propietarios de todas esas pequeñas fracciones de tierra que les son quitadas sin resarcimiento ninguno. La pagan todos, menos los responsables.
No paga las consecuencias el poder político local, que gobierna nuestro municipio apoyado en esta realidad, ni lo paga su estructura clientelar.
El municipio de La Matanza cuenta con un presupuesto de 30.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones son de “libre disponibilidad” para decisiones políticas del intendente y más de 10.000 millones están en distintos plazos fijos, incluyendo uno en dólares.
Hay herramientas nacionales, como la Ley Nacional 27.453 de regularización dominial para la integración urbana -promovida por la gestión del presidente Macri y votada en unanimidady también están leyes provinciales como la de Acceso Justo al Hábitat, que son instrumentos que el intendente Espinoza podría usar.
La reacción política necesaria es reconocer una emergencia de hábitat y desarrollar políticas públicas para garantizar el acceso a un lote con servicios y a valores accesibles, y terminar así con la semi anarquía orquestada que se vive en La Matanza.
Publicado en Clarín el 2 de septiembre de 2020.
