Desde hace ya muchos años el inicio de las clases está acompañado por amenazas de huelga, que en muchos casos están asociadas al alineamiento político del gremio. El creciente debilitamiento del Estado como órgano capaz de establecer y sostener las reglas que permiten el funcionamiento de la sociedad es el fenómeno que está detrás de este hecho que se repite año tras año.
Las corporaciones amenazan y los gobiernos conceden no sabemos qué, y con eso se reponen las clases por un tiempo, hasta que todo vuelve a pasar en unos meses o al inicio del próximo año lectivo. Sabemos que cuando gobierno y corporación comparten el color político, hay más chances de conseguir acuerdos y evitar las huelgas. Claro que no sabemos qué precios paga el sistema en cada una de estas negociaciones que reponen la concurrencia de los docentes a la escuela y, con eso, la percepción pública de que todo ha vuelto a su lugar.
Esto forma parte de la construcción de un escenario que simula la existencia de un sistema que funciona; sin embargo, los datos nos dicen que los chicos aprenden poco y nada y que los logros que algunos obtienen tienen más que ver con los condicionantes culturales de origen de los alumnos que con la acción escolar.
Desde el regreso de la democracia, en 1983, se han realizado numerosos estudios sobre la cuestión docente, y si bien hay pluralidad de miradas que se expresan en estos análisis, hay acuerdo respecto de la necesidad de trabajar en cambios en la formación, en la carrera, en los incentivos y en los salarios. A pesar de estas coincidencias, en todo este tiempo no hemos podido implementar una política que nos evite pasar todos los años por estas oscuras negociaciones con las que poco a poco vamos sometiendo la educación a los intereses coyunturales de la lucha político-corporativa que se despliega en cada inicio de clases.
A esta altura se podría pensar que esta situación no es una falla del sistema, sino que es su condición de funcionamiento. No sabemos si no tenemos un programa educativo por la debilidad de los actores o es que no hay plan y el rumbo lo marca este tironeo de intereses.
En las últimas dos décadas el derrotero de nuestra educación ha sido marcado mayoritariamente (claro que hay honrosas excepciones locales) por esta ficción de que se negocian políticas, cuando lo que se hace es conceder intereses a costa de las necesidades educativas de la sociedad y de las nuevas generaciones que se incorporan a las escuelas. Si es verdad que estamos removiendo los modos de hacer política en la Argentina, ¿qué sucede que volvemos al folclore de siempre? Tenemos docentes muy mal pagos, cada vez peor formados y en una profesión en la que pocos encuentran satisfacción. Los modos de nombramiento y la organización escolar existente impiden formar equipos de trabajo y, con eso, toda posibilidad de planificar la tarea escolar. Y esto sigue así, año tras año, y así se renuevan los reclamos que dan origen a negociaciones que no modifican ninguna de estas condiciones de base, pero que abren un intercambio en el que algo se reparte para zafar por un rato.
En la dimensión educativa más que en cualquier otra del hacer social, se ponen en juego las posibilidades futuras de la sociedad. Seguramente habrá jóvenes que a través de alguna articulación entre ventajas sociales, económicas, de educación privada y oportunidades externas puedan construir un futuro promisorio, pero la sociedad no saldrá de la decadencia en la que está inmersa si no cambia las condiciones que la pusieron en la pendiente de caída. Una educación de calidad para todos los niños y jóvenes es la condición de base para empezar a escalar en la pendiente de subida.
Publicado en La Nación el 8 de marzo de 2025.
