La economía argentina está desorbitada. La causa es la impericia, como tantas veces en los 20 años de gobierno oficialista, en los que la lógica de la impostura reemplazó a la razón. Basta analizar la última secuencia para entender la dimensión del descalabro.
Llegamos a las PASO con más de 100% de inflación y una recesión incipiente. Por la resistencia a devaluar y cumplir con las condiciones del FMI para desembolsar siete mil millones de dólares, se recurrió a todo tipo de artilugios: desde bonos públicos dolarizados hasta un cepo como ridículo dispositivo de financiamiento; cuando fue insuficiente, fueron por un endeudamiento opaco y pródigo, del swap con China a la CAF.
Después de las PASO vino lo mejor. El FMI acordó finalmente desembolsar, sobre la base de sus premisas de siempre: devaluar y mantener el superávit primario. Avanzó el Gobierno sin un plan y con expectativas desancladas, fijando un tipo de cambio sin reservas en el Banco Central para defenderlo, y aumentando las tasas de interés a valores insostenibles. La devaluación se trasladó a los precios y, con una economía ahogada por el cepo, entramos en el peor escenario, una estanflación.
Siguió el recule. Congelamiento tarifario, aumento del gasto público y nuevo manotazo al sector privado, para borrar con el codo lo que se escribió con la mano para el desembolso del FMI. En menos de una semana, el “acuerdo” se consideró “descarrilado”. ¿Quién es el responsable del desaguisado? La respuesta formal es fácil: el Poder Ejecutivo Nacional. Primer problema: como el paradero de presidente y vice es desconocido, quedarían el jefe de Gabinete y el ministro de Economía en ejercicio pleno del Ejecutivo. Ambos son candidatos. Segundo problema: tienen un conflicto de intereses mayúsculo entre sus deberes como servidores públicos y sus ambiciones electorales.
Aquí el quid de la cuestión: están haciendo cualquier cosa para mantener vivas sus maltrechas aspiraciones, comprometiendo otra vez el futuro de todos los argentinos. Ya no sabemos a quién debemos, qué debemos ni en qué condiciones. Linda herencia dejan a las generaciones que vienen: caminando a la hiperinflación en estado recesivo, sin herramientas de política monetaria y con acuerdos internacionales incumplidos, lo que encarece dramáticamente el crédito.
El sistema prevé soluciones ante la resistencia a renunciar de los conflictuados, que sería la vía honrada y además evitaría agravar las responsabilidades. La interpelación es la relación jurídica natural entre los dos poderes políticos, que está al alcance de la mano para poner luz a tanta penumbra e impericia, en un marco de gobernabilidad. El artículo 71 establece que cualquier Cámara del Congreso puede llamar a los ministros a dar explicaciones; el 101 regla la interpelación con fines de censura para el jefe de Gabinete. Tantos años de política del embuste han convertido el sistema institucional en un mundo de vitrina, un lugar ingrávido, lleno de eslóganes y sin respuestas para la gente. Pilares básicos, como la idoneidad de los funcionarios y la transparencia de los actos de gobierno, han devenido mascarada. Esto no se arregla rompiendo todo a fuerza de utopías que incluyen su propio naufragio. Se trata de revitalizar las instituciones: la gente interpela el sistema; hagamos que funcione y que interpele a los responsables.
Publicado en La Nación el 6 de septiembre de 2023.
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