lunes 26 de febrero de 2024
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La larga crisis peruana

Mientras los números indican que la economía peruana es robusta y estable, la ciudadanía padece carestías de todo tipo. Esa contradicción está haciendo trizas el sistema político peruano desde hace años. Hoy vive su enésimo capítulo. ¿Hasta cuándo?

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori protagonizó un autogolpe e instauró el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, por medio del cual cerró del Congreso, intervino el Poder Judicial, persiguió y secuestró políticos de oposición – el 90 por ciento de las víctimas fueron aborígenes – para dar rienda suelta a un modelo económico ortodoxo que con marchas y contramarchas aún subsiste en Perú y, luego de la pandemia, se encuentra jaqueado por la protesta social.

Su oprobiosa huida del país en el año 2000 originada en los escándalos de corrupción y sus crímenes de lesa humanidad no implicó un cambio en la estructura económica concentrada, extractivista y trasnacional – el 50 por ciento de las exportaciones son mineras – ni en el sistema político controlado por los grandes jugadores de la economía.

La crisis peruana es tal, que en los últimos cinco años se han sucedido cuatro presidentes sin que ninguno pueda resolver la paradoja que se abate sobre ese país. Hasta el ex presidente y líder del Partido Aprista, Alan García, se suicidó ante acusaciones de corrupción.

De modo que la llegada al poder de un precario presidente aborigen de izquierda como Pedro Castillo no podía augurar más que la continuidad de los problemas. Las mismas acciones que tomó Castillo, emulando a Fujimori, pero con otros intereses no fueron toleradas por el bloque de poder en Perú por lo que fue destituido, apresado y reemplazado por Dina Boluarte, compañera de Castillo en el Partido Perú Libre, uno de los tantos creados en este siglo con filiación de izquierda, aunque conservador en lo social.

La llegada de Castillo a la presidencia fue otra muestra del grado de descomposición política del Perú. El modesto docente de Chota venció a la hija de Fujimori por apenas 40.000 votos gracias a la captura del malestar de los sectores populares rurales, frente al apoyo mayoritario que los votantes citadinos le dieron a la hija de dictador.

Las medidas y proyectos del presidente – ahora depuesto – nunca orillaron ideas muy revolucionarias, ni cambios drásticos. Buscaban morigerar los efectos negativos del modelo económico: precarización, pobreza, desigualdad, falta de expectativas de ascenso social, sin desarmarlo. La reforma constitucional, para modificar la Carta Magna de Fujimori de 1993, puso nervioso al entramado de poder, que desde el primer día de su mandato acusó a Castillo de ser comunista y guerrillero, con el modus operandi que tiene hoy la derecha trasnacional instruida por Steve Bannon y con adalides locales – aunque viva en Madrid – como Mario Vargas Llosa.

Todos los observadores políticos sabían que Castillo tenía los días contados, salvo que alguna extraordinaria habilidad política le hubiera permitido acumular poder para acrecentar la legitimidad de sus actos. Nada de eso ocurrió, Castillo pasó a formar el cúmulo de presidentes “quemados” y su sucesora no logra detener la protesta popular – que ya lleva 50 muertos a manos de las fuerzas de seguridad – ni convocar a elecciones para este año porque el Congreso, – que tiene sólo un 9 por ciento de aprobación popular – y que se sabe perdedor en este contexto, no permite adelantar el cronograma que prevé los comicios para 2026.

La negativa expresada en la votación de esta semana deja a Boluarte ante las puertas de una reforma constitucional, tal como ya lo planteó antes de la votación y, por lo tanto, en el mismo punto de quiebre en el que se encontraba Castillo antes de su salida. Nada hace suponer que la solución este cerca, ni que Perú pueda resolver su crisis en el corto plazo, o sin grandes cataclismos.

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