El primer ministro Benjamín Netanyahu ha tenido que retroceder en su reforma judicial debido a una inusitada protesta social que paralizó el país y volcó a millones de manifestantes a las calles de Tel Aviv, enfrentándose a grupos oficialistas que apoyan la reforma.
Israel es un hervidero de inestabilidad política que se ha traducido en una amenaza de guerra civil entre la oposición y los duros adherentes de la derecha en el gobierno. El propio Netanyahu declaró ayer: “Cuando existe la posibilidad de prevenir una guerra civil a través del diálogo, yo, como primer ministro, tomo un tiempo para el diálogo” y acto seguido “pospuso” la mentada reforma judicial.
Con una clara resonancia respecto de lo que sucede en la Argentina con el conflicto de poderes, la reforma judicial propuesta por el gobierno – que tiene mayoría parlamentaria – consta de una serie de proyectos de ley que otorgarían a la Knesset más supervisión sobre el poder judicial del país, incluida la forma en que se seleccionan los jueces, sobre qué leyes puede dictaminar la Corte Suprema, así como la anulación de sus decisiones.
Esta nueva situación daría a Netanyahu mayor libertad para imponer políticas públicas que son frenadas por el máximo tribunal al que el oficialismo acusa de Corte contradecir la voluntad popular representada de manera democrática en el Parlamento, como, por ejemplo, bloqueando la creación de asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales por EE.UU. hasta 2019, cuando Mike Pompeo declaró que “calificar el establecimiento de asentamientos civiles como inconsistentes con el derecho internacional no ha avanzado la causa de la paz”.
La reforma judicial es una parte importante de la plataforma electoral de Netanyahu que lo lanzó al poder en diciembre pasado para encabezar un gobierno de coalición que ha sido descripto como el más derechista en la historia de Israel. De algún modo, el primer ministro está cumpliendo con lo que se supone fue un giro hacia la derecha en la política israelí, reflejada en las urnas. Su retroceso frente a una fuerte oposición sugiere que quizás la población de Israel no se ha movido tan hacia la derecha como él cree.
A su vez, la oposición argumenta que la reforma debilitaría significativamente uno de los pocos controles, además del voto, sobre el Parlamento. Además, consideran que los tribunales son importantes para preservar una visión secular, frente al avance de la fracción religiosa que hoy gobierna. La oposición también blande la acusación de que la maniobra busca impunidad para Netanyahu quien está siendo juzgado por cargos de corrupción.
Con este panorama podemos entender porque, a raíz del avance legislativo con esta reforma, estallaron las protestas masivas en todo el país. Y el retiro de la misma sólo augura posponer una medida que pende como una amenaza sobre el equilibrio institucional de Israel.
Pero también significó una muestra de poder de la oposición que movilizó desde las universidades, sindicatos y los reservistas que juegan un papel clave en el ejército. El respaldo de tales organizaciones y la magnitud de sus protestas pueden abrir una brecha en el propio bloque gobernante. Como ya se vislumbró con la renuncia del ministro de defensa, Yoav Gallant, que reacio a reprimir, se pronunció en contra de la reforma, dejando en claro que hay sectores del ejército que no la acompañan. “Veo cómo se está erosionando la fuente de nuestra fuerza”, dijo Gallant.
El retraso de la revisión ha calmado la situación, por ahora. Pero también podría conducir a más caos político: la coalición de Netanyahu tiene mayoría en el Parlamento, pero no es muy amplia y podría colapsar si sus aliados de derecha – esos que celebraron el asesinato de Isaac Rabin – creen que se está retractando de su palabra.
En los últimos cuatro años Israel ha realizado cinco elecciones para intentar la esquiva estabilidad política. Todo indica que este año habrá una sexta.
