En un comunicado con la firma del fiscal general, se pasa por alto que los colaboradores de Corina Machado son asilados políticos. Tampoco se mencionan los ataques contra la sede diplomática.
El Ministerio Público de la dictadura de Venezuela acusó a la Argentina de utilizar su embajada en Caracas como sede de conspiraciones y ataques contra Nicolás Maduro. Es lo que se desprende de un comunicado en el que confirmaron que Fernando Martínez Mottola, el asilado que dejó anoche la sede diplomática, fue llevado al lugar para prestar declaraciones.
“Se presentó voluntariamente el señor Martínez Mottola, quien se encontraba residenciado en la embajada de Argentina con un grupo de integrantes de la organización extremista Vente Venezuela que se encuentran prófugos”, se lee en el comunicado, que tiene la firma de Tarek William Saab, fiscal general chavista. “Rindió declaración en torno a los hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores que se vienen organizando en esa sede diplomática”.
En la narrativa de la dictadura se omite que Martínez Mottola y sus otros cinco compañeros cuentan con asilo político de la Argentina, que entiende que las acusaciones contra ellos, con delitos como terrorismo y traición a la patria, no son más que excusas infundadas para perseguirlos por ser colaboradores de Corina Machado. El chavismo, a su vez, no mencionó que Maduro no les ha otorgado salvoconductos para que puedan viajar a Buenos Aires, ni que la sede permanece sitiada por agentes policiales y de inteligencia que cortaron servicios como luz y agua.
Martínez Mottola, integrante de la Plataforma Unitaria, se encuentra de vuelta en su domicilio, como anticipó Nuevos Papeles. Se desconoce su situación judicial de aquí en adelante, en cuanto a si será enjuiciado, tendrá arresto domiciliario o recuperará su libertad plena. Los otros cinco asilados continúan en la residencia del embajador argentino, como lo han estado desde marzo de este año.
William Saab, fiscal general Chavista, es uno de los cabecillas señalados por instancias internacionales y organizaciones de derechos humanos de ser pieza clave en un sistema que es investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En redes sociales y ruedas de prensa suele llevar la batuta para perseguir y encarcelar disidentes.
