Este 2020 está siendo caracterizado como año de la estatalidad, porque los gobiernos fueron los protagonistas y el empleo del orden público fue la clave para afrontar la pandemia en todos los países, cada uno con su propia estrategia. Por su parte, los organismos internacionales se habían limitado a la actuación de la Organización Mundial de la Salud, con mensajes erráticos que recibieron muchas críticas.
Pero, el 4 de agosto António Guterres, el prestigioso expremier portugués que se desempeña como Secretarío General de las Naciones Unidas, tomó la palabra en nombre del sistema mundial para referirse con dramatismo a la situación global de la educación. Se basó en un informe con proyecciones globales realizado por la UNESCO, el organismo especializado en la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Según ese informe el coronavirus provocará que 11.000.000 de alumnos dejen las escuelas y jardines en 2020 y una gran proporción de ellos no la retomen. El tiempo escolar perdido, la discontinuidad de los aprendizajes y de la sociabilidad escolar, constituye una plaga cultural potencialmente más dañina que el virus mismo.
Las inscripciones universitarias, el nivel que mayor bache de matrícula experimenta, disminuirán un 3,5 % a nivel mundial, unos 8 millones de estudiantes. La suma de ambos números se acerca a los 19.000.000 de niños y jóvenes afectados, lo cual permite a Guterres alertar que está en curso la mayor disrupción que la educación mundial haya sufrido nunca y que el mundo está próximo a una “catástrofe generacional” con efectos deletéreos sobre los desarrollos nacionales de los países periféricos y emergentes.
Las escuelas cerradas están en el centro del problema. A mediados de julio en Europa solamente un puñado de países entre los cuales están Suecia y Francia había comenzado las clases presenciales, mientras que en América Latina encabezaban la marcha Uruguay, Ecuador y Nicaragua. Un centenar de naciones no habían puesto fecha para el retorno a las aulas, entre ellos muchos latinoamericanos.
Los riesgos para la salud, por un lado, contrastados con los riesgos de desprotección e ignorancia de los niños, por el otro lado, requieren encontrar un balance, a través de la sabia valoración moral y política de las sociedades y sus autoridades. El tiempo que vivimos es de riesgos globales que son ineludibles; hay que elegir con cautela cuáles afrontar y definir qué condiciones los pondrán bajo control.
Por cierto, en el mundo del siglo XXI, lo que se creía seguro e infalible ya no lo es. Las clases, los ciclos lectivos, el acceso de los niños y jóvenes a las aulas estaban dados; nadie imaginaba que esa certeza fuera a ser conmovida y alterada tan de repente. Los daños derivados de ese evento y de su posible agravamiento son inmensurables.
La catástrofe que se avizora puede ser evitada y contrarrestada si la educación consigue entrar en la agenda de la opinión pública y del gobierno y si estos responden proactivamente. A partir de allí una política pública que apele a la resiliencia y el esfuerzo colectivo, de cada sector social en proporción a sus necesidades y según sus posibilidades, podrá restablecer los niveles de desigualdad previos a la pandemia -aún insatisfactorios- para cerrar el paso a su crecimiento exponencial.
Cabe preguntar: ¿cómo estamos atravesando esta encrucijada en la Argentina?
Hay tres planos en los que bucear la respuesta: la conciencia sobre el problema; la acción de los principales interesados y del propio Estado; y, los dispositivos técnicos que podremos poner en juego.
Un inventario sintético indica que la opinión pública está poco avispada, los largos meses de cuarentena transcurrieron sin que los medios de comunicación más fuertes y sus audiencias prestaran demasiada atención a este costo silencioso que iba incrementándose hacia una gravosa hipoteca.
Las autoridades educacionales y los gremios docentes se adaptaron demasiado fácilmente a la estrategia presidencial que, con sus Decretos de Necesidad y Urgencia, prohibió la movilidad con pocas excepciones “esenciales”, entre las que la educación no figuraba.
El recurso a la telemática como sucedáneo de la presencialidad se usó con relativa eficacia en las áreas y hacia los sectores sociales con alta conectividad, buen equipamiento hogareño y alto capital cultural para respaldar a sus hijos. En cambio, los grupos alejados, desfavorecidos y vulnerables quedaron reducidos a tecnologías tradicionales, cuadernillos en papel y, con suerte, el teléfono y los mensajitos.
El saldo indica que se dejó pasar demasiado tiempo. Faltando cuatro meses útiles del 2020, es decir apenas 16 semanas, es imprescindible una acción enérgica para revertir el retraso escolar y disminuir en lo posible la brecha de desigualdad social adicional que se deslizó, hasta ahora subrepticia, bajo nuestras narices. Haremos primero un repaso de los factores negativos y, después, de los positivos.
El gobierno dirigió la educación con excesiva centralización y exageradas interdicciones. Durante meses, dilatados espacios territoriales de la Argentina estuvieron en fase cinco, que era compatible con el dictado parsimonioso de clases, en días alternados y para segmentos seleccionados. Eso no ocurrió porque el país resolvió de manera unitaria bajar las cortinas.
En América, con excepción de Venezuela, hoy bajo dictadura, todos los países federales descansaron en que sus autoridades subnacionales tomaran las medidas restrictivas y preventivas, entre ellas cerrar o entornar las escuelas; ese fue el caso de Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. La Argentina figura allí como una notable excepción que habrá de tomarse en cuenta a la hora de diseñar la política pública de emergencia para atenuar daños y guiar la imperiosa recuperación.
Hay otros factores adversos que aventar si se quiere priorizar la vuelta a las escuelas. Uno de ellos es el papel de los gremios. Estas entidades están centradas con toda lógica en el salario y las condiciones de trabajo de los docentes. La calidad efectiva de la enseñanza es algo que el discurso sindical da por sentado y que por lo tanto descuida.
En esta coyuntura velaron por la salud de sus afiliados antes que por cualquier otro valor en juego. Por ello son reticentes a volver a clases y aunque apoyaron la buena faena a distancia de los planteles docentes, la desigualdad social sobreviniente no obtuvo de su parte la atención que merecía.
El segundo factor es el espantajo meritocrático que es pauta cultural instalada en ciertos ambientes del sistema. Sirve citar dichos de Puiggros, hasta ayer viceministra: “Evaluar no es un elemento de la enseñanza, es un instrumento de control y de selección y está pensado desde una lógica empresarial”:
El chivo expiatorio de esta cruzada inauténtica que nos acecha son los exámenes, las pruebas y sus notas consiguientes. De ese modo las técnicas evaluativas más confiables quedan desestimadas e inhabilitadas para cumplir su función central: la clasificación de los alumnos conforme sus logros de aprendizajes.
En ese contexto tenemos que reflexionar sobre el tercer y más grave de los inconvenientes a afrontar: me refiero a que las promociones y graduaciones de 2020 sean facilitadas, bajo el pretexto de evitar volúmenes demasiado alto de repetidores, con la aplicación de un jubileo generalizado.
Los efectos de semejante maniobra, dañina como pocas contra la igualdad connatural de los sistemas escolares públicos, serían tremendos para los sectores populares y para la propia democracia, cuyo nombre sería agitado en vano para consumarla.
No quiero abrumar al lector con tantas contrariedades y, por el contrario, deseo mostrar una perspectiva optimista sobre la gestación de una política pública urgente, consensuada y eficaz para que la catástrofe no ocurra en nuestra sociedad.
Un primer envión ya fue tomado: se trata del proyecto de ley sobre emergencia educativa nacional presentado por la diputada Brenda Austin y otros catorce legisladores de la oposición. Un punto central de esa ley será que la educación va a ser catalogada como actividad esencial.
Por eso, el Congreso tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de dar tratamiento preferente al proyecto, en relación a su importancia, de manera que la política pública allí postulada alcance vigencia en pocas semanas. La agenda política del país requiere concentrarse con rapidez en los asuntos que jalonan su ruta crítica para superar la emergencia.
La deseable ley de emergencia educativa se enmarca en la Ley de Educación Nacional vigente, propicia la vuelta a las aulas con los cuidados y alertas sanitarios que correspondan. Esa decisión queda en manos de las provincias y la CABA, cuya voluntad de abrir escuelas está, en general, por delante de la del ministerio de educación nacional.
Las bases de política pública que se fijan en el proyecto comprenden todo lo necesario para dar prioridad a la apertura de escuelas: la detección y rescate de alumnos que abandonaron; el acceso equitativo a la telemática educativa; el rescate de los jardines maternales; un fondo para adecuación de la infraestructura escolar; el apoyo para el transporte escolar; la retribución a los docentes suplentes, entre otras medidas fundamentales con recursos y despliegues técnicos provistos por el gobierno nacional durante el resto del año y 2021.
Hace falta acompañamiento de la opinión pública y los medios de comunicación para que la iniciativa alcance la vibración e impacto que las comunidades escolares ya están requiriendo. Sería fatídico que quede cautiva de una espiral de silencio.
Una ley de emergencia dará recursos financieros, fijará un rumbo nacional y dará a las provincias las herramientas con las cuales, con la coordinación que alcancen en el Consejo Federal, adoptarán las mejores y más prudentes fórmulas para retomar las clases y sus enseñanzas primordiales. Así podrá enjugarse el déficit de aprendizajes acumulados en nuestro alumnado y podremos encaminarnos a una nueva normalidad luego de esta inesperada veda educativa.
Ese es el paso estratégico que despejará el panorama hasta ahora sombrío y que encenderá los motores de nuestro sistema educativo para que retome a pleno, en este trance delicado, su misión cultural y social.
Publicado en Visión Federal el 20 de agosto de 2020.
