A 38 días de las elecciones que dieron por vencedor a Pedro Castillo, todavía no ha podido asumir el gobierno debido a una maraña de recursos legales que ha interpuesto el fujimorismo. Otro capítulo de la larga crisis política del Perú.
El sistema de partidos en Perú, como en muchos países de la región, es disfuncional al régimen democrático, porque no puede procesar las demandas de las mayorías, los anhelos de progreso y la protección de los derechos básicos ante el avance de la desigualdad de los últimos 40 años. A diferencia de Venezuela, donde el sistema colapsó frente a la crisis económica y al surgimiento de un líder populista que interpretó las claves políticas de su tiempo, Perú encontró en el populismo de derecha encarnado en Alberto Fujimori una salida hacia el neoliberalismo, más no una solución permanente a sus sistema de representación.
Tomando como base las elecciones presidenciales, nos dice Osmar González, sociólogo peruano de Flacso, que mientras en 1980 la votación por los partidos representó el 96.7 por ciento, en 1985 el 96.9 por ciento, en 1990 el 63 por ciento, en 1995 las cifras bajaron drásticamente hasta representar sólo el 8 por ciento. Este terreno de derrota de los partidos es el que precisamente permitió la aparición de un liderazgo a-sistémico como el de Fujimori y lo que en general se denominan los outsiders o free riders, de los que Perú puede exhibir muchos ejemplos, como los de Alberto Fujimori a Mario Vargas Llosa.
Después de setenta años, los partidos tradicionales no fueron capaces de representar los procesos sociales en curso, sobre todo la incorporación del “cholo”, del mundo andino que migró hacia las grandes ciudades. Ni siquiera el APRA, que en un principio se presentó como un partido similar al peronismo pudo sostener su impulso inicial de integración popular para caer en la complacencia de la elite política.
Ese círculo cerrado consolidado durante la etapa neoliberal inaugurada por Alberto Fujimori ha sido golpeado con dureza por el triunfo muy ajustado de Pedro Castillo, un cholo que infunde terror, no por su supuesto comunismo, sino porque representa al cholo, al excluido, al actor social que el sistema político peruano no ha representado.
Ese horror al cholo impulsa los inexplicables argumentos de Vargas Llosa acerca de que la asunción de Castillo será el fin de las instituciones en Perú, la autocracia y que una serie de calamidades –como si no las hubiera– caerán sobre Perú.
En este contexto, una política procesada y condenada como Keiko Fujimori sigue interponiendo recursos ante la justicia electoral, mientras Castillo cuenta con la movilización popular permanente para reclamar lo que ha ganado en buena ley. Por otro lado, al nuevo presidente le esperan maniobras como las de Rafael López Aliaga –un empresario devenido en político y epítome del outsider– que ya ha propuesto investigar a Castillo, desde una comisión legislativa, apenas asuma. Si no ocurren más dilaciones, Castillo será consagrado presidente la semana entrante con la difícil misión de gobernar un país ingobernable.
De no producirse cambios importantes, los ciudadanos peruanos van a seguir desconfiando de los partidos y todo el sistema seguirá dependiente de algún liderazgo personalista, como hasta aquí, personalidades emergentes no necesariamente de los ciudadanos ejemplares desde el punto de vista de las viejas elites, o de otra extracción como la de Pedro Castillo.
Pasada la etapa del fundamentalismo neoliberal que podría encarnar Castillo, serán imprescindibles nuevos procesos de identificación y de adhesión a ideas renovadoras para recomponer un sistema político que asegure la representación de todos los peruanos y, por ende, la viabilidad de la propia democracia.
