La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas a Lázaro Báez y una veintena de personas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al rechazar los recursos presentados por las defensas por considerarlos “inadmisibles”, en lo que representa un hito judicial en la lucha contra el lavado de activos derivados de la corrupción.
En tanto, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción.
Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar como querellante a una ONG.
La Corte también desestimó los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria por cuestiones formales.
Con el fallo del máximo tribunal se torna definitiva la sentencia que impuso diez años de prisión al empresario Lázaro Báez por maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una estructura financiera y societaria que incluyó operaciones en el país y el exterior, y que cobró notoriedad pública tras la difusión en 2016 del video de “La Rosadita”, donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos.
Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.
El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros.
También quedaron firmes las sentencias contra Fabián Rossi; Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-; Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, y César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I de Federico Elaskar.
Rossi, ex marido de Iliana Calabró, fue uno de los que había presentado certificados de enfermedad en la Justicia para solicitar prisión domiciliaria.
En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.
El Tribunal Oral Federal 4, que juzgó la causa entre 2018 y 2021, deberá ahora computar las penas efectivamente cumplidas y decidir sobre arrestos pendientes o penas en suspenso.
Además, se ratificaron multas multimillonarias de hasta U$D 328 millones y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.
La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe periodístico televisivo, y se consolidó en 2016 con la difusión del video que mostraba la operatoria en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
La Justicia determinó que las maniobras de lavado estaban precedidas por evasión fiscal y uso de facturas apócrifas, vinculadas al manejo de Austral Construcciones, firma insignia del empresario ligado al kirchnerismo.
Con esta decisión, la causa “ruta del dinero K” se convierte en uno de los expedientes judiciales por corrupción más avanzados de los últimos años, con condenas firmes y decomisos históricos.
La Corte dejó firme las condenas por la Ruta del Dinero K
