Después de que decenas de aviones privados dejaron Davos cargados con los dueños del mundo y sus adláteres, se celebró muy cerca de allí la Conferencia Antimonopolio de Bruselas. Allí, los reguladores estadounidenses y europeos se reunieron para intentar una estrategia común para discutir algo más que las leyes antimonopolio: discuten el poder.
Este año, los invitados para exponer fueron Lina Khan de la Comisión Federal de Comercio, Jonathan Kanter del Departamento de Justicia de Estados Unidos y sus homólogos de la Unión Europea, como la jefa de antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, todos empecinados en hablar no sólo sobre la competencia empresarial, sino también sobre cómo salvar la democracia y estabilizar la política global.
Es que la lucha antimonopolio, desde la Ley Sherman de 1890 que es el origen del derecho antitrust en EE.UU. y en el mundo, no es una cuestión puramente económica, es un asunto de ordenamiento social y, en definitiva, una arena de la política.
En el encuentro de este año los reguladores hablaron del poder corporativo como una amenaza no sólo a la libertad económica sino también a la libertad política, y abogaron por un conjunto diverso de herramientas que incluyan políticas comerciales, industriales y fiscales para contrarrestar el problema.
Como saldo de las discusiones quedó claro que hay diferencias entre los antimonopolistas; la posición estadounidense es mucho más agresiva que la de la UE, tal vez influenciada por las elecciones comunitarias de este año. Es que la administración de Joe Biden ha sido muy agresiva con la regulación de las corporaciones, sobre todo las digitales con las que mantiene una lucha a brazo partido. “Un mercado justo, abierto y competitivo desde hace mucho tiempo es la piedra angular de la economía estadunidense, mientras que la excesiva concentración del mercado amenaza las libertades económicas básicas, la rendición de cuentas democrática y el bienestar de los trabajadores, agricultores, pequeñas empresas, startups y consumidores”, dijo Biden en un decreto de julio de 2021, tras el cual se abrieron investigaciones oficiales sobre el poder corporativo.
Lina Khan, defendió este enfoque en Bruselas, al afirmar que “todavía nos estamos recuperando de la concentración que resultó de la Web 2.0, y no queremos repetir los errores del pasado con la inteligencia artificial”.
Mientras los funcionarios de Washington parecían hablar de poder más que de precios, los europeos se mostraron moderados y divididos. Algunos, como los eurodiputados Andreas Schwab y René Repasi, parecían querer adoptar un enfoque más duro al estilo estadunidense; sin embargo, lo más elocuente fue que Olivier Guersent, director general de Competencia de la Comisión Europea, calificó la defensa de la competencia de “guarnición” de otras políticas estatales que fomentan la competitividad. El mensaje era claro: el cambio gradual – e ineficaz – todavía está a la orden del día.
Los reguladores de ambos lados del Atlántico se consideran en gran medida alineados en torno a un resultado común: controlar el poder de titanes digitales como Google, Apple y Amazon. Mantienen contacto regular, cooperan en las investigaciones y frecuentemente hablan juntos en público, pero también tienen diferencias: para la administración Biden la lucha antimonopolio debe darse en un panorama más amplio, no sólo considerando la competencia sino otros aspectos como el salarial y el fiscal, en tanto que para los europeos se reduce a una cuestión técnica de antimonopolio enfocado en los precios.
Durante varios años fue Europa la que ejerció mayor presión contra las empresas multinacionales con casos contra gigantes tecnológicos y otros, persiguiendo a Google durante más de una década. Pero durante el año pasado, Washington recuperó el protagonismo avanzando en forma firme contra Amazon, Google y, probablemente pronto, Apple.
Con la Ley de Mercados Digitales, que entrará en vigor el próximo mes, los reguladores europeos tienen una nueva herramienta para moldear de manera preventiva el comportamiento de algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Pero existen preocupaciones sobre la capacidad del bloque para hacer cumplir la norma con recursos limitados.
Esto último alimenta el pesimismo de los antimonopolistas más progresistas respecto de la eficacia del actual conjunto desigual de enfoques basados en políticas, leyes la aplicación y la regulación para resolver el problema. Para este sector, el poder de los gigantes tecnológicos como Google y Amazon necesitaba ser abordado hace 15 años, sin contar que un triunfo de Donald Trump revierta la actual agresividad de los funcionarios de la Casa Blanca.
También campea una preocupación estructural mayor. Las empresas se mueven a mayor velocidad que las burocracias gubernamentales; y aunque los gobiernos tienen autoridad legal, un gigante tecnológico de un billón de dólares opera a una escala que ni siquiera una agencia grande puede igualar.
