Frente a la conmoción social que provoca el COVID 19 en el mundo y que alcanza a la Argentina, no puede ponerse en tela de juicio la responsabilidad del Estado de disponer todas las medidas a su alcance para evitar la propagación del virus para, consecuentemente, proteger a la población. Esa es su obligación y la ciudadanía debe corresponder a todas las recomendaciones que emanan de las autoridades para cuidarse y cuidar al otro.
Sin embargo, el Estado no puede actuar por vía de la coerción. El decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto Presidencial DECNU-2020-641- APN-PTE) opera decididamente como una desmesurada imposición que roza las libertades individuales de los ciudadanos consagradas en la Constitución Nacional.
El inciso 2 del Artículo 9°, bajo el título ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO refiere: “Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación”.
El decreto del PEN, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de agosto del 2020, exhibe, cuando menos, fragilidad constitucional. Lo dispuesto en su citado inciso 2 de su texto se aproxima a la configuración de un atropello al Artículo 8° de la Constitución Nacional que reza: “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás” tanto como, en alguna medida, al Artículo 14 de la Carta Magna en el que se señala que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.
El viernes 31 de julio, el presidente Alberto Fernández, al cerrar su exposición pública a través de los medios de comunicación para anunciar las medidas con las que se formalizaba hasta el 16 de agosto el Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio y, mientras exhibía en su rostro una mueca pretendidamente afable, expresó que firmaría el DNU que establecerían –dijo- “nuevas reglas sanitarias” tras lo cual manifestó: “Les aviso que allí estarán prohibidos los encuentros sociales, van a estar prohibidos y quienes los lleven adelante sepan que pueden incurrir en la responsabilidad penal de estar transmitiendo una enfermedad o favoreciendo el contagio de una enfermedad”.
Algo menos de 48 horas después, la viceministra de Salud, Carla Vizziotti, en su diaria conferencia de prensa confirmó que dicha prohibición había sido incluida en el DNU y ello generó cierta sorpresa en buena parte de los gobernadores que, por esa vía, se enteraron de tal prohibición y entraron en estado de confusión por cuanto en algunos de sus distritos tal modalidad de encuentros, aunque con limitaciones, había sido habilitada.
La ciudadanía ha comprendido cabalmente la gravedad de la pandemia que azota al mundo en el que la Argentina está inmersa. El Estado debe persuadir a la población de los peligros que entraña no adoptar las medidas sanitarias. No resulta necesario apelar al enunciado de una velada amenaza como tampoco plasmarla en un instrumento que la Carta Magna le confiere al Presidente. Ello es un acto de menosprecio hacia una sociedad que, adulta, actua con responsabilidad ante la tragedia del COVID-19. La coerción no sirve para convencer y quien apela a ella exhibe incapacidad para resultar creíble. Tal vez, y no sólo frente a las circunstancias que se atraviesan frente a la Pandemia, sino también en el plano de la conducción del Estado, el oficialismo debiera hacer suya una máxima de Moisés Lebensohn: “Doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean”. Convendría que el Presidente advierta que las actitudes y los procedimientos autoritarios provocan hartazgo.
