El 22 de abril de 1985 fue el inicio del juicio a las Juntas Militares, también denominado “Causa 13”.
Esto constituyó uno de los hechos trascendentes de la historia de nuestro país, decisión adoptada por el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, quien progresivamente fue cumpliendo etapas para que en la Argentina se impartiera justicia sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el Proceso de Reorganización Nacional, iniciado con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y concluido con la asunción del mandato del líder radical, el 10 de diciembre de 1983.
A través del Decreto 158, Alfonsín delegó en las Fuerzas Armadas el juzgamiento a los responsables. Pero cuando los militares procuraron, por diferentes medios, evitar sentar en el banquillo a los principales acusados, una reforma del Código de Justicia Militar posibilitó que las cámaras federales quedaran dispuestas a cumplir con esta tarea si la pasividad castrense proseguía.
Fue entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 que se llevaron a cabo las audiencias públicas en el Palacio de Justicia de la Nación. Al cabo de 530 horas declararon 833 testigos, familiares de las víctimas, ex detenidos desaparecidos, sobrevivientes y personales de las fuerzas de seguridad.
El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, tuvieron como base probatoria el informe de la CONADEP que su presidente, Ernesto Sábato, entregó a Alfonsín seis meses antes.
Después de comprobarse la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, desaparición forzada de personas, privación ilegítima de la libertad, interrogatorios bajo tortura (algunos seguidos de muerte); el accionar en los centros clandestinos de detención, robo de bebés, etc., la sentencia fue leída el 9 de diciembre de 1985.
Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya fueron condenados, en un juicio cuyo alegato del fiscal Julio César Strassera aún resuena: “Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más”.
