Desde hace más de 70 días las noticias están casi monopolizadas, y con gran razón, por la pandemia que produjo a nivel mundial el Covid-19 . La política y la sociedad están inmersas en una profunda multiplicación de información respecto a esta situación.
Entre el Coronavirus se coló en las principales portadas el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Otro caso de brutalidad policíaca contra un hombre de color en los Estados Unidos. El mundo se convulsionó por esta muerte.
Nuevamente un hombre de color fue muerto por un hombre blanco. La violencia policial parece seguir teñida de racismo en Norteamérica y las protestas ya han dejado muertos y repudio en varios rincones del mundo. Es inaudito que aún persistas este tipo de crímenes horrendos en nuestra sociedad.
Pero, aunque pasa desapercibido para el mundo, en la Argentina en este 2020 pandémico, la policía estuvo involucrada en tres crímenes tan injustificados y violentos como el de George Floyd.
El 5 de abril pasado, en la provincia de San Luis, apareció “ahorcada” Florencia Magalí Morales en una celda de la localidad de Santa Rosa de Conlara. La circunstancia de su detención es una incógnita. Dijeron que violó la cuarentena obligatoria, que no tenía documento, que desobedeció al personal policial. La autopsia reveló que tenía signos de autodefensa.
Poco después, también en San Luis, apareció muerto Franco Maranguello en una celda de la localidad de Villa Mercedes. Franco tenía 16 años y su “delito” fue violar la cuarentena.
El caso sobre el asesinato de Luis Espinoza tuvo impacto en la prensa nacional. Espinoza habría violado la cuarentena en Tucumán, donde fue a un festival de carreras cuatreras. La policía local, según los testigos, lo golpeó y disparó. Trasladaron su cuerpo a un monte y luego fue descartado en Catamarca. Las pericias indicaron que la bala que lo mató salió de una de las armas de los policías detenidos por el crimen.
Este encadenamiento de asesinados se dan en el marco del manejo autoritario que aún persisten en las fuerzas del orden, en provincias donde el poder político se ha perpetuado y actúa con un especial modo de democracia. Desde esos Ejecutivos casi feudales, la lectura de la justicia es tan particular como el clientelismo al que someten a sus comprovincianos.
Estos tres crímenes aún se encuentran bajo investigación, con legítimos reclamos de los familiares y amigos de las víctimas, pero con un silencio casi cómplice del poder político territorial. No se escucha tampoco a las autoridades nacionales pedir el esclarecimiento como en algunos otros casos. Pareciera que hay justicia para el delincuente de guante blanco poderoso y omisión para una madre, un adolescente y un trabajador.
No podemos más que alzar nuestras voces ante silencio que pretenden instaurar. Es hora que los responsables de velar por la seguridad ciudadana, las autoridades de la secretaría de Derechos Humanos, que supo pedir la liberación de corruptos, hoy ejerza su verdadera función e intervenga con la misma insistencia en el esclarecimiento de estos hechos.
Publicado en La Nación el 1 de junio de 2020.
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