jueves 30 de mayo de 2024
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La ampliación del presupuesto nacional vino con Gasoductos y mas subsidios

El primer secretario de energía de la actual administración presentó en julio 2020, pocos días antes de su reemplazo, un plan de infraestructura energética al 2030.

Dicho plan preveía la construcción del denominado “Gasoducto Federal”, que uniría las localidades de Tratayén en Vaca Muerta, con San Jerónimo en el sur de Santa Fe, como paso previo a su destino final: exportar gas al sur de Brasil con cabecera en Porto Alegre.

En línea con este proyecto, el embajador Scioli anunciaba a la prensa en septiembre pasado, que Argentina y Brasil trabajaban en la construcción de dicho gasoducto. Y en mayo del 2021, el secretario de Energía firmo un acuerdo con Powerchina Construction para realizar los estudios de la factibilidad y el financiamiento de dicho gasoducto, como parte del sistema bautizado como “Transport.Ar”.

Este proyecto fue presentado como una alternativa superadora de la versión impulsada durante el gobierno de Cambiemos: “el gasoducto del Centro” entre Vaca Muerta y Saliqueló (Buenos Aires) y desde allí a San Nicolás.

¿Por qué se abandono ese proyecto? Porque según manifestó el funcionario a cargo “Cuando pedí los antecedentes me encontré con que faltaban estudios básicos de viabilidad, técnicas, económicas”. Llamativo, ya que la licitación del proyecto estaba lanzada bajo el sistema de iniciativa privada, y con el 50% del financiamiento garantizado por fondos del ANSES.

Si bien ambos proyectos tienen un costo similar -en el orden de los usd 2000 millones- y surgen como respuesta a la saturación del sistema de transporte de gas en 2019, reflejan distintos modelos de negocios para el gas de VM.  

Sorpresivamente en la ultima ampliación del presupuesto nacional del pasado 5 de agosto, se incluyó como proyecto de obra de inversión con financiamiento publico, el “Gasoducto Néstor Kirchner – Transport.Ar entre localidades Tratayén (Neuquén) y Saliqueló (Buenos Aires)”, si, efectivamente aquel proyecto descartado por el gobierno a mediados del año pasado, que no tenia estudios básicos y fuera reemplazado por otro superador.

A este proyecto se le asigna $7.800 millones en 2021 y $44.200 millones para el 2022, un total de $52.000 millones, un monto que luce insuficiente para cubrir los USD820 millones que demandaría esta obra según los cálculos de la propia secretaria de energía en 2019.

Este breve repaso, da cuenta de la caótica forma en que se defina la obra publica.

Para este caso particular, resulta evidente que el desarrollo de la infraestructura energética (y de gasoductos en particular) carece de un plan estratégico, que ponga al proyecto Vaca Muerta en el contexto de una política nacional de transición energética y de seguridad de abastecimiento local como ejes centrales y luego como exportador regional y/o al mercado internacional si la competitividad del proyecto así lo permite.

Resulta evidente entonces, que los proyectos energéticos no pueden avanzar en las sombras, bajo el impulse de quien ofrece financiar tal o cual proyecto.

La asignación de recursos públicos a los proyectos de inversión debe plasmarse en el presupuesto nacional, en un marco de transparencia y del trabajo parlamentario de la discusión de la ley de presupuesto, que incluya la conexión de cada proyecto con los planes sectoriales involucrados.

En síntesis, sin un plan estratégico que priorice proyectos y oriente la inversión privada en infraestructura, sin transparencia a la hora de aplicar los fondos públicos y si continuamos avanzando con proyectos sin estudios de factibilidad continuaremos acumulando frustraciones en línea con las malas practicas aplicadas.

Dichas malas practicas en la contratación de la obra publica hicieron que en el pasado reciente se construyan usinas a carbón, sin producción de carbón, que se liciten represas sin estudios de factibilidad, o que se compren llave en manos centrales nucleares sin conocer el costo que como usuarios pagaremos por dicha energía. Prácticas que sin dudas deben ser abandonadas.

Mas subsidios

La ampliación del presupuesto incluye un refuerzo de $90.000 millones destinados a mayores subsidios a la generación de energía eléctrica, que ya superan en mas del 50% los fondos autorizados en el presupuesto aprobado oportunamente en el Parlamento.

Del mismo modo se incluyen transferencias para gastos de capital a gobiernos provinciales y municipios por $28.000 millones, que no identifican a que proyecto o actividad serán aplicados.

Esta situación deriva de un estado de “emergencia permanente” y refuerza la necesidad de transparencia en la aplicación de fondos públicos, que eviten la discrecionalidad y situaciones clientelares propias del calendario electoral.

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