En una entrevista con Clarín, la Vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Karina Banfi, juzgó que en su rol de oposición el radicalismo mantiene desde el Congreso de la Nación un buen diálogo con la administración del Presidente, Javier Milei, aunque admitió que existen diferencias con la gestión libertaria; remarcó que debe atenderse “urgentemente” la situación de los jubilados que “hoy son bono dependientes del Estado” así como otras cuestiones como las universidades y la pobreza; marcó las disidencias que con el gobierno se generan tanto por el decreto reglamentario de Acceso a la Información Pública y el DNU en el que se reservan fondos a la SIDE “cuando existe una ley de inteligencia” y fue tajante cuando expresó que las dos vacantes producidas en la Corte Suprema de Justicia “corresponde a las mujeres” al renovar su postura en cuanto a que debe respetarse la paridad de género en la integración del máximo tribunal de Justicia.
En una entrevista mano a mano con el periodista Gustavo Berón, la diputada radical describió ante una primera consulta la relación entre el gobierno y la oposición y, al respecto, juzgó que “es un vínculo dinámico que tiene sus momentos. Una cosa es el discurso del Presidente y otra es el rol institucional que tiene la Casa Rosada con el Congreso”
Banfi apuntó que “No tenemos un vínculo directo” con Milei y dijo que, en todo caso, ese contacto se canaliza a través del Presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos o bien la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Es una buena conversación, manteniendo las diferencias, y se va comprendiendo cada vez mejor el rol que tiene cada uno en cada momento. Como radicales, somos una oposición reformista -ahí puede haber puntos en común-, pero también tenemos una agenda distinta, que refiere a una situación crítica de la posición del Gobierno, que asume después de gestiones populistas, y especialmente esta última que fue desastrosa. Deben ser urgentemente atendidos los jubilados, universitarios y, por supuesto, la pobreza”, subrayó.
Ante otra consulta sobre su visión acerca de la homogeneidad del gobierno, consideró que la integración del gobierno “es muy heterogénea, con actores muy distintos en la toma de decisiones, pero es parte de una particularidad, una identidad que tiene el Gobierno. Uno escucha al Presidente decir a sus propios funcionarios, ‘vos no tenés que estar de acuerdo conmigo en un 100%’, y hasta hay como cierta libertad de pensamiento. Según el interlocutor se puede llegar a acuerdos más fáciles y algunas cuestiones son más resistidas”
En esa dirección, la diputada Banfi, Vicepresidenta del bloque radical en la Cámara baja, dijo que “toda la reforma económica, el descenso de la inflación, es un proceso positivo que están llevando adelante” desde la administración del Presidente Milei. “La desburocratización que se ha puesto en marcha me parece estratégica y tiene un impacto muy positivo en la gente. Pero si no se hace con fortalecimiento de las instituciones esto no va a servir”, advirtió. Tras lo cual sostuvo que “la gente quiere un cambio profundo en todos los aspectos, no sólo en lo económico, en lo institucional también. Y esto significa mayor apertura, mayor transparencia, otra comunicación pública en la rendición de cuentas. Es lo que de alguna manera capitalizó Milei hablando de terminar con la casta”, opinó la legisladora bonaerense.
Al preguntársele si en el aspecto institucional había algún punto en común con la gestión de Mauricio Macri, contestó: “Con el decreto reglamentario de acceso a la información pública o con el DNU de la SIDE donde reservan fondos cuando hay una ley de inteligencia, claramente no. Veo positivo que haya una nueva reestructuración de la SIDE porque efectivamente tenemos un sistema de inteligencia desmantelado y poco estratégico en sus objetivos. Pero esos fondos, según las leyes de Inteligencia y de Administración Financiera, no tienen que ser reservados. Los que están reservados son los sujetos a operaciones que están bajo el control de la Bicameral de Inteligencia. La CIA tiene pleno acceso a la información pública, sólo se necesita dos clics y aparece el esquema y las políticas públicas de los Estados Unidos. Tienen que rendir cuentas y saber para qué sirve que vos pagues tus impuestos todos los días. Ahí no veo la voluntad que tuvimos en Cambiemos de generar los cambios institucionales después de un populismo tan radicalizado”, diferenció.
“Hay cantidad de preguntas y dudas acerca de cuál es la responsabilidad de Santiago Caputo y la realidad es que la única responsabilidad es si asesora bien o mal. Si después de esto hay una delegación de parte del Presidente sobre el manejo de las decisiones de algo sigue siendo responsabilidad de Milei, es otro tema”, puntualizó ante una pregunta sobre si era transparente que el área de inteligencia quede bajo control de un asesor del Presidente. Y completó: “Tiene que estar en la órbita del Presidente la constitución de los sistemas de inteligencia de la Argentina, es así en el mundo, porque va a tener la responsabilidad mayoritaria”, apuntó Banfi, quien ante una nueva pregunta sobre el eje de la polémica en torno a esta cuestión, expresó que “Lo preocupante es que hacen un decreto para reglamentar el artículo 3, para reinterpretar el concepto de información pública. Extraen una parte fundamental del concepto de lo que es información pública y que tiene que ver con los borradores, la conversación epistolar de correos electrónicos, los papeles de trabajo, que son papeles preparatorios a la vinculación de una contratación, acuerdos, convenios. El problema es comprender el cambio de paradigma en materia de acceso a la información que sucede en 2006 a nivel internacional, cuando la Corte Interamericana define al acceso a la información como un derecho absoluto”.
Al ahondar, ante otra consulta, respecto a que no se termina de entender cuál es el disparador para este decreto, Banfi, sostuvo: “Dicen que hay sujetos que preguntan muchas veces lo mismo y que eso genera una obstaculización en la dinámica administrativa. La ley explica cómo tiene que estar dispuesta la información, incluso en transparencia activa, para ahorrar cada vez más la pregunta y el uso de recursos humanos para responder. No me tenés que reglamentar, tenés que agarrar la ley y aplicarla perfectamente. Hay dos situaciones muy importantes en la Argentina que tienen que ver con los principales usuarios de acceso a la información pública, que no son los periodistas sino que son las empresas”
“El Gobierno tiene el mandato del Congreso para privatizar empresas a través de la Ley Bases y a eso se suma el RIGI, dos factores que exigen transparencia, control, se necesita consentimiento informado de las comunidades, informes de impacto ambiental que son parte de los documentos internos hasta que se oficializa el proyecto. Y nos dicen que no me lo van a dar, ese es el peligro. Por eso no voy a parar hasta que lo declare inconstitucional. Además le acaban de dar un dolor de cabeza a la canciller que recibió a la misión de la OCDE y le dijo que somos hermosos, libertarios, creemos en el mercado y tenemos acceso a la información”, advirtió Banfi.
Cuando se le preguntó entonces cómo terminará esta polémica a partir de los dichos de Francos en cuando a que se puede modificar pero no pero no derogar, Banfi, dijo: “Si saca algunos puntos que son graves se puede charlar. Pero primero hay que aclarar que es inconstitucional por la forma, legislaron articulados, se extralimitaron. Hay un inciso de las excepciones, que habla de cuando el funcionario no puede entregar la información y cuando se pone en riesgo la vida de las personas”, apuntó.
Banfi completó: “No está reglamentado ese artículo, pero es muy clave porque explica que se pondrá en riesgo la vida de las personas cuando se dé información acerca de la movilidad, tránsito y ubicación. En términos generales, por seguridad del Presidente, no voy a decir qué ruta va a tomar antes y durante. Pero me la das después. Tienen 15 días para contestar. Estoy abierta a conversar con el Gobierno y ayudarlos a entender esto. Creo en la palabra de Francos, porque si se restringe el acceso a la información en la Argentina va a tener consecuencias de inversión, de institucionalidad y por sobre todo en el ejercicio del derecho humano de todos los ciudadanos.
Por otra parte, al requerírsele su opinión sobre el proyecto de ley de Boleta única, la diputada Banfi describió que aún no se sabe cómo va a terminar la votación en la Senado. “Cuidando algunas cuestiones que entendemos que son estratégicas para mejorar el dispositivo de oferta electoral, lo vamos a acompañar. Lo estamos impulsando con Maximiliano Abad, quien se ha puesto a la cabeza para que salga la boleta única papel y nosotros, si vuelve (a la Cámara de Diputados) la vamos a recibir y le vamos a dar un tratamiento expeditivo porque es el momento para votar proyectos electorales”, juzgó.
En otro pasaje de la entrevista, ante una consulta, se refirió al veto dictado por el Presidente Mile a la ley de movilidad jubilatoria y sostuvo que “es difícil buscar una mayoría especial, como los dos tercios. No es imposible. Vamos a trabajar para alcanzar el miércoles esa mayoría en esta sesión que pedimos. El Gobierno tiene una situación de redistribución de los ingresos de la caja como para atender a aquellos sectores que han estado desventajados históricamente. En 2017 hicimos un esfuerzo extraordinario con lo que fue promover desde el Congreso, cumpliendo con los fallos judiciales y con una manda constitucional, la generación de una fórmula de movilidad jubilatoria para darles previsibilidad a los jubilados. Después Alberto Fernández la derogó y estuvo a decreto limpio con bonificaciones cuando quería. Los jubilados hoy son bonos dependientes del Estado. No puede ser eso parte de una política pública”.
La diputada Banfi advirtió que la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia es “una trampa que subsume la conversación pública en nombres propios”, tras lo cual añadió que las dos vacantes producidas en la Corte Suprema “corresponden a mujeres. Antes de que se revisen los nombres propios que envió el Gobierno, el Congreso, que es el garante del respeto del artículo 34 de la Constitución Nacional, debe resolver la cuestión de género”, enfatizó la legisladora.
