El ex presidente de la Auditoria General de la Nación explicó que el financiamiento de las universidades públicas depende del Tesoro Nacional a partir de las partidas que se asignan en la Ley de Presupuesto, pero la administración de Javier Milei actúa “sin Presupuesto como lo hizo Alberto Fernández” y eso lo habilita a “reasignar partidarias a piacere, a voluntad, de manera discrecional y muchas veces arbitraria”.
Al ser entrevistado en Radio Rivadavia, el ex presidente de la Auditoria General de la Nación, Jesús Rodríguez, dijo que “en todas las unidades del Estado” sobre las que recaen auditoria “se verifican deficiencias” pero dejó en claro que en el caso de las universidades “no hemos encontrado delitos a diferencia de otros lugares donde se verifica la incursión en delitos de acción pública” y, tras explicar que el financiamiento de las universidades públicas depende del Tesoro Nacional a partir de las partidas que se asignan en la Ley de Presupuesto Nacional que aprueba el Congreso, dejó en claro que la administración de Javier Milei decidió actuar como “lo hizo en su momento Alberto Fernández sin Presupuesto” lo cual “le permite reasignar partidarias a piacere, a voluntad, de manera discrecional y muchas veces arbitraria” y ello se convierte en la cuestión que está en discusión porque “no se transfieren las partidarias que la universidad necesita” en “un mecanismo de asfixia financiera peligrosa, inconveniente y muy contraproducente”.
El ex titular de la Auditoria General de la Nación (AGN) y uno de los históricos referentes de la UCR, en diálogo con el programa ‘Sin Vueltas’, se refirió a la controversia planteada entre el gobierno nacional y las universidades nacionales a partir del recorte de fondos que dispuso el Poder Ejecutivo para ese sector de la educación, aunque Rodríguez, desde el inicio de la entrevista, se ocupó de advertir: “En relación a la educación sin duda hay un problema en la universidad pero también hay un problema en otras dimensiones; de los estudiantes secundarios sólo el 13% de los que ingresan se reciben en tiempo y forma”, aunque luego se focalizó en la cuestión de las universidades y puntualizó que “La Constitución Nacional consagra la autonomía y la autarquía de las universidades; es un principio fundamental que se incorporó en la Constitución en el año ‘94.Y, al mismo tiempo, asegura la gratuidad de los estudios de grado, no así los de posgrado y eso está bien, no hay ninguna duda”, apuntó.
“El segundo punto que vale la pena aclarar es que estamos frente a la universidad nacional que recibe financiamiento del Tesoro nacional y ese financiamiento corresponde a partir de ese principio constitucional y eso debe hacerse en las partidas presupuestarias que el Congreso debe aprobar. Desgraciadamente esta administración actúa como lo hizo en su momento el Presidente Alberto Fernández sin Presupuesto, sin la aprobación del Congreso de la Nación del Presupuesto, lo cual le permite reasignar partidarias a piacere, a voluntad, de manera discrecional y muchas veces arbitraria y en eso creo que esta la discusión hoy porque no se transfiere las partidarias que la universidad necesita. Es un mecanismo que uno podría decir que es de asfixia financiera peligrosa, inconveniente y muy contraproducente”.
Remarcó que “los presupuestos de las universidades nacionales corresponden que sean auditados porque se trata de recurso públicos y en consecuencia nadie puede decir que no corresponde que sea auditado”, tras lo cual explicó los procedimientos de auditoria. “Cada unidad académica, cada universidad tiene procedimientos y normas que derivan de los estatutos que cada una de ellas tienen” que se dieron a partir del principio de cogobierno “a través de la autonomía universitaria garantizada”, puntualizó.
Y continuó: “El sistema de control, el dispositivo de control de la Nación Argentina está afincado en dos pilares. De un lado, un control interno (a cargo de) la Sindicatura General de la Nación y, del otro, un control externo de la Auditoría General de la Nación que tiene como misión también constitucional asistir también técnicamente al Congreso. Tiene que haber una auditoria a cargo del Estado nacional y tiene que haber un auditoria a cargo de la Auditoria General de la Nación de los fondos públicos” y remarcó en que en caso de las universidades “por supuesto que las hubo”, enfatizo.
“La auditoría (que hace la) Auditoria General de la Nación funciona por muestreo y hace ex post y entonces a partir de ahí se sacan las conclusiones. La auditoría de la Sindicatura General de la Nación corresponde que audite a las universidades nacionales con un procedimiento de otra naturaleza que tiene que ver con la continuidad en el momento en que se están llevando a cabo los gastos, es concomitante, no es ex post como es la auditoria de la Auditoria General de la Nación”, detalló Rodríguez.
“En varias universidades a lo largo de los últimos años se verifican dificultadas en el control interno; no están siempre disponibles los manuales de procedimiento; hay veces que se llevan adelante contrataciones de manera defectuosa, pero eso vale para todas las jurisdicciones para todas las dependencias del Poder Ejecutivo”, advirtió y luego refirió: “Estamos hablando de todas las universidades nacionales y no de una en particular. La AGN lleva adelante auditoria sobre las universidades nacionales de manera selectiva derivado de un procedimiento cuantitativo que determina cuáles son las de mayor riesgo por lo que en consecuencia se hace de manera objetiva por lo que no es discrecional ni arbitraria”.
“Siempre hay cuestionamiento porque, en general, todas las unidades del Poder Ejecutivo, porque en todas las unidades sobre las que recae la auditoria se verifican deficiencias, siempre eso es susceptible de ser mejorado”, remarcó Rodríguez, quien dejó en claro que en el caso de las universidades “no hemos encontrado delitos a diferencia de otros lugares donde se verifican la incursión en delitos de acción pública”.
