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02 12 2021

Inés Brizuela y Doria: la violencia en La Rioja es provocada “por gente del espacio del gobernador”


Autor: Leandro Pablo Vivo









La intendenta radical dijo que las tomas de reparticiones del municipio tienen el apoyo de grupos que responden al espacio político del gobernador Ricardo Quintela. Y confirmó la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de un recurso de amparo en defensa del “respeto a la autonomía municipal”.

La intendenta radical de la capital de la provincia de La Rioja, Inés Brizuela, pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia, al presentar un recurso de amparo, a fin de que disponga las medidas que considere al más alto tribunal ante el que denunció que se está vulnerando el régimen de “autonomía municipal” y juzgó que los sucesos de violencia que se han registrado en esa ciudad están provocados por “gente del espacio del gobernador” Ricardo Quintela, a la vez que sostuvo que esos episodios han generado que se haya “quebrado la paz social”

En una entrevista con Nuevos Papeles, Brizuela y Doria no adjudicó directamente  responsabilidad al gobernador peronista Quintela sobre los sucesos de violencia que en las últimas horas alcanzaron una inusitada gravedad pero, ante una consulta, no dudó en señalar que esos episodios están generados por “grupos violentos integrados en su mayoría por gente que no es personal municipal, conducidos y encabezados por reconocidos dirigentes del espacio del gobernador” que actúan en el marco de una “zona liberada” por “inacción de las fuerzas de seguridad y de la Justicia provincial”.

En nuevos episodios de violencia ocurridos en las últimas horas ante las puertas del edificio municipal de la capital provincial en medio de protestas de trabajadores de esa comuna fueron agredidas la Secretaria de Obras Públicas, Silvia Salzwedel y la coordinadora en el área de Desarrollo Humano, Silvina Salas, cuyo rostro con elocuentes signos de haber sido atacada se viralizó en las redes sociales.

La intendenta ratificó que el conflicto fue desatado por el gobernador Quintela, quien desde octubre pasado retiene fondos coparticipables que le corresponden a la comuna con el propósito de provocarle al municipio una “asfixia financiera”, dijo y sostuvo: “Tal vez sea el precio que tengamos que pagar y que tenga que pagar el pueblo de la ciudad de La Rioja que en el 2019 eligió el cambio”.

Usted viene siendo prudente al momento de atribuir responsabilidades en torno a estos actos de violencia. La pregunta concreta es: ¿En estos hechos tiene responsabilidad el gobernador?, ¿son espontáneos? o ¿son llevados a cabo por personas vinculadas al espacio político del gobernador Quintela?

Se trata de grupos violentos integrados en su mayoría por gente que no es personal municipal, conducidos y encabezados por reconocidos dirigentes del espacio del gobernador que actúan en forma premeditada, con soporte externo, con logística, con recursos económicos y con la garantía de impunidad. Hay incluso audios en los que se puede oír cómo, entre ellos, planifican los ataques, el robo de camiones y ellos mismos se les escucha decir la policía está con nosotros, es decir hay una zona liberada y una inacción de las fuerzas de seguridad y de la Justicia.

De lo que usted dice se puede interpretar que puede haber responsabilidad del gobernador. ¿Cómo juzga esa circunstancia?

Yo no soy juez…

No, eso está claro. La pregunta es ¿qué valoración política hace por estas horas sobre lo que está sucediendo en el municipio?

Mire. Lo grave aquí en La Rioja es que no funciona el estado de derecho. Cuando las fuerzas de seguridad no brindan seguridad a las personas y a los bienes; cuando los jueces no imparten justicia, lo que sucede es que no funcionan las instituciones de la República y entonces ocurre que en la Capital de nuestra provincia estamos frente a una situación de desamparo total. Lo que yo reclamo es que, para recuperar la paz social que está quebrada, claramente está quebrada y esto ya no afecta a la Intendenta o a los trabajadores municipales sino que afecta a todos los vecinos de la ciudad, hace falta que cada uno cumpla con su parte de responsabilidad que son las responsabilidades que nos asignan la Constitución y las leyes.

¿A qué se refiere? Se lo pregunto en razón de que parece que eso no está sucediendo.

Lo que significa es que los jueces sean jueces, que los policías sean policías y brinden seguridad a las personas y custodien los bienes, que el gobernador sea gobernador y que cada uno cumpla con su parte.

¿A qué cifra asciende esos recursos que usted dice que el gobierno de la provincia resolvió retener y no enviar al municipio de acuerdo a lo que establece la ley de coparticipación provincias?

Si se aplicara bien la ley de coparticipación, aunque sea mala, pero si se aplicara bien nuestro municipio le correspondería recibir 629 millones de pesos por mes. En este último mes nos enviaron 229 millones, primero, y 22 millones, después, que solo alcanzó para cubrir los salarios de la planta consolidada al mes de agosto. En La Rioja existe una la ley establece la obligación del Estado provincial de garantizar el pago de salarios y también esa misma ley nos prohíbe a los intendentes fijar políticas en materia salarial. En la provincia la política salarial la fija el gobernador y el gobernador es el que dispone los aumentos y unido a otra clausula que dice que la provincia garantiza el pago de salarios, se supone que cuando él dispone un aumento de salarios, debe proveer a los municipios de los recursos suficientes para cubrir ese aumento.

A esta altura de los acontecimientos que se suceden en la capital provincia surgen preguntas obvias: ¿Ha tenido usted contacto con el gobernador o el gobernador se niega al diálogo?, ¿ha tenido contacto con el Presidente?

El gobernador se niega a abrir el diálogo; dice que es un problema del municipio y que debe resolverlo el municipio. Él sabe perfectamente que no es un problema del municipio; sabe que es un problema que ya se ha convertido en un caos para toda la sociedad de la ciudad; sabe además que hay responsabilidades. La de él es cumplir con la ley de coparticipación y garantizar el pago de salarios y la mía la de mantener en orden y en paz el reclamo de los trabajadores. Pero el gobernador se niega al diálogo. Nosotros hemos dado todos los gestos que nos han pedido; propiciamos que se levantaran las protestas, pedí públicamente el diálogo, le pedí por escrito una audiencia, luego le mandé una carta privada con la intervención del obispo y de los pastores evangélicos y fue una carta que llegó a sus manos y aún así, públicamente, sigue diciendo que el problema es del municipio y que lo arregle el municipio.

Se advierte mucho más que difícil la situación…

La cuestión es que la paz social está quebrada y si todas las autoridades no toman cartas en el asunto la violencia va a ser imparable. Me he comunicado con algunas autoridades nacionales y tampoco he tenido respuesta. No sé por qué la indiferencia; la ciudad de La Rioja es parte de la Argentina federal que ellos dicen defender. Tal vez sea el precio que tengamos que pagar y que tenga que pagar el pueblo de la ciudad de La Rioja que en el 2019 eligió el cambio.

Por qué cree intendenta que la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti dice hoy que la decisión de pasar a planta permanente a los empleados fue una decisión suya y después no contaba con los fondos para pagar los salarios ¿Qué hay detrás de esa interpretación?, ¿por qué dice ello?

Y porque ella desconoce la mala aplicación de la mala ley de coparticipación. Ella desconoce o no quiere reconocer que acá hay una retención indebida de fondos por parte de la provincia y hay un plan sistemático de asfixia financiera. Y quiero recalcar que los trabajadores precarizados a quienes nosotros restituimos sus derechos no fueron incorporados a partir de nuestra gestión iniciada en el 2019. Nosotros no agrandamos el Estado municipal sino que estaba agrandado y de la peor manera. Estaba agrandado ejerciendo, desde el poder del Estado, una de las nuevas formas de esclavitud que es el trabajo en negro. Tener trabajadores en negro es delito y como intendenta no puedo mirar para otro lado y mantener el status quo. Nosotros llegamos para romper con viejas lógicas, para romper la lógica del sometimiento, la lógica de la resignación. Nosotros vinimos en el 2019  para generar cambios profundos en la sociedad y, entre ellos, la prioridad fue restituirle derechos a nuestros compañeros municipales que se les habían  privados durante mucho tiempo.

Es decir que usted heredó del gobierno municipal anterior ese número de empleados precarizados. ¿De qué número de empleados estamos hablando?

En un principio eran 3.052 trabajadores y luego de hacer un re-empadronamiento y un  ordenamiento quedaron aproximadamente unos 2.800 trabajadores que los heredamos. Es la herencia que nos dejó el peronismo después de 37 años de gobernar.

¿Cómo sigue esto?

Nosotros en el día de hoy hemos presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación poniendo en contexto del Poder Judicial de la Nación, que es el garante del cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, que en La Rioja no se está cumpliendo con los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional; que no se garantiza el régimen municipal y la autonomía municipal y también poniendo en conocimiento de la Corte la negación de Justicia por parte del sistema judicial provincial. Le pedimos a la Corte que tome cartas en el asunto, que los jueces actúen como jueces, que nos brinden la protección y el amparo de las leyes. Primero para recuperar la paz social y, en segundo lugar, para cumplir acabadamente los derechos que largamente vienen esperando los trabajadores municipales.

¿Eso podría significar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga que la justicia en la provincia intervenga de manera que como efecto directo de ello se normalice el envío de los fondos que usted dice retiene el gobierno provincial?

Mire. Nosotros tenemos un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia por la cuestión de la coparticipación que fue presentado el 8 de julio. Nuestra ley procesal dice que al día siguiente de presentado el amparo se debe resolver la procedencia formal pero hasta el día de hoy no tenemos, ni siquiera, la resolución de la procedencia formal del amparo. Hemos también presentado un amparo por inacción de los jueces de instrucción ante el robo, la sustracción, de los camiones compactadores y el Superior Tribunal tampoco ha dicho nada lo que significa una situación gravísima porque nos impide prestar un servicio esencial como lo es el de recolección de residuos y eso agrava la situación de emergencia sanitaria y ambiental. Y el Superior Tribunal no dice nada. Entonces le pedimos a la Corte que utilice los resortes que considere necesarios para que la Justicia imparta Justicia en La Rioja.

Vuelvo a los episodios de violencia que se han producido en esas protestas ante la municipalidad de la ciudad de La Rioja ¿En las protestas participan trabajadores municipales que demandan una respuesta o sólo actúan esos grupos a los que usted se ha referido?  

Hay que distinguir el legítimo reclamo de los empleados municipales que está ejercitado y debe ser ejercitarse por las vías normales que establece la ley y los procesos reglamentarios y separar ello de la acción violenta, premeditada de grupos de choque que son ajenos al municipio.

¿Se mantiene esa toma de algunas reparticiones del municipio que se iniciaron en las últimas horas con participaron de empleados municipales?

Hay algunos empleados municipales tomando algunas reparticiones y por supuesto están siendo instigados por grupos externos porque para sostenerse ahí necesitan soporte como apoyo económico, logístico y son estratégicos los lugares tomados. Nos han robado los camiones para privarnos de prestar el servicio de recolección de residuos; nos han tomado la casa central de rentas para evitar que tengamos recaudación y profundizar la asfixia financiera; nos han tomado los dos centros de emisión de licencia de conducir porque no sólo es una alta fuente de recaudación sino que, además, ello nos impide brindar el servicio al vecino que en esta época del año puede estar necesitado de renovar su licencia para poder viajar. Todo esto apunta a generar malestar social. A quien le complica la vida esto sino al vecino si el municipio no recoge en el momento oportuno del día los residuos; a quien sino al vecino se le complica la vida si no puede obtener la renovación de su licencia de conducir. Lo que se pretende es generar un malestar social en contra del gobierno municipal y hay todo un plan deliberado para intentar paralizar el funcionamiento del municipio y evitar que prestemos los servicios.

Y frente a ello…

Lo que buscan no lo van a lograr porque seguimos y vamos a seguir trabajando. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano con nuestros trabajadores en un plan de emergencia de recolección de residuos. Por supuesto que eso no alcanza, es insuficiente pero estamos trabajando con camiones abiertos, con camionetas y hasta con grúas electromecánicas que estamos utilizando para recolectar residuos y en esa tarea contamos con trabajadores municipales, con recolectores y con la ayuda de funcionarios también que se han puesto esa tarea al hombro porque entendemos la política como servicio y estamos tratando de recuperar las máquinas parta la emisión de licencias de conducir y mientras tanto hemos dispuesto la prórroga del vencimiento de esas licencias para que la gente pueda seguir circulando con tranquilidad.

De su descripción, surge que su gestión enfrenta la posibilidad de una paralización de servicios que tiene consecuencias directas para los vecinos. ¿Qué piensa hacer?

Es claro y evidente que el plan es paralizar el municipio. No lo van a lograr; estamos de pie, duplicando el esfuerzo y estamos funcionando con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para llevarle las respuestas que el vecino necesita.

¿Siente que quienes pertenecen al espacio político del gobernador y como usted dice son quienes provocan las protestas con acciones de violentas están buscando generar una situación institucional para forzar su renuncia?  

No, no. No creo eso. Sí intentan generar malestar social con todo lo que eso implica y el daño que se provoca es a los vecinos y no para la intendenta. Creo que lo más grave es cuando en una provincia no funcionan las instituciones de la democracia; es muy grave cuando no se activan los resortes del estado de derecho porque con ello se pone en juego y en riesgo los derechos humanos básicos y esenciales de todos los ciudadanos. Creo que hay que construir juntos ciudadanía y lo importante es que cada uno, en el rol que el pueblo nos ha asignado, con su parte de responsabilidad y que es también la responsabilidad que nos asigna la Constitución y las leyes y, por supuesto, insistimos en la necesidad de recuperar la paz social que se ha quebrado y los riojanos, como todos los argentinos, necesitamos vivir en orden y en paz.

Leandro Vivo para Redacción Nuevos Papeles.